Buscan reformar ley de firma electrónica
Mexicali, B. C. - En respuesta a las demandas de los sectores productivos y de la sociedad en general, el diputado Marco Antonio Novelo Osuna presentó una iniciativa de mejora regulatoria para simplificar los procesos al interior de las dependencias y mejorar los servicios a la población, al propiciar el uso extensivo de servicios en línea.
La propuesta fue llevada ante el tribunal durante la sesión ordinaria del Pleno, donde Novelo Osuna explicó que parte importante en el proceso de la optimización de los procesos relacionados a la mejora regulatoria, es lo relativo a la actualización del instrumento que rige los procesos tecnológicos y de sistematización como lo es la reforma a la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Baja California, cuya denominación se propone modificar a "Ley de Firma Electrónica y Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Baja California”.
Dicha ley tiene como propósito la modernización y tecnificación de la administración pública en su vertiente de actividad jurídica, así como a la adaptación permanente al ritmo o de las innovaciones tecnológicas, explicó.
La Iniciativa en mención contempla también una reforma y adiciones de diversos artículos, así como la denominación del Capitulo Octavo, por la de "Uso de Medios Electrónicos y la Firma Electrónica” y se agregan los artículos del 36 al 49 para lograr la eficiencia en el funcionamiento de las instituciones públicas y mejorar la prestación de los servicios al ciudadano, preservando sobre todo, la seguridad jurídica y eficiencia probatoria, según expuso.
El diputado ensenadense destacó que el uso de medios electrónicos impacta de manera importante en el desarrollo de lo que se denomina como gobierno electrónico o prestación de servicios en línea, lo que permite la innovación continua de los servicios, la participación de los ciudadanos y la forma de gobernar, mediante la transformación de las relaciones externas e internas a través de la tecnología y los medios de comunicación electrónica.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fronterizos, Desarrollo y Fomento Económico e Industrial y Competitividad, para su análisis y posterior dictaminación.
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