Desalojan hotel y ‘spa’ La Fonda

Ensenada, B.C. - Lo que sería un día más de trabajo, comenzó como un desalojo que afectó las actividades de 57 empleados del hotel, restaurante y "spa” La Fonda, quienes ayer vieron tirados en la calle los muebles y herramientas de sus labores cotidianas.

Conforme al testimonial de los trabajadores, el desalojo comenzó alrededor de las 9:00 horas, en el conocido sitio ubicado en el kilómetro 59, mismo que abarca 40 habitaciones (entre dobles y sencillas), un "spa” de tres pisos, salón de eventos y una casa habitación, distribuidos todos en 5 mil metros cuadrados. 

Colchones, ropa, espejos, sillas, cuadros, y muebles para ropa, fueron algunas de las cosas que fueron arrumbadas a un costado de la carretera, mismos que llamaron la atención de los conductores que pasaron por el lugar.

Alejandro Martínez Vázquez, representante legal, explicó que la operación sí es un desalojo en cumplimiento a la orden de un juez, pero también es un "despojo” a la concesión que tiene su cliente en zona federal. 

"Las personas que vienen a cargo de la diligencia nos despojaron de la zona federal: tenemos una concesión que el gobierno nos dio. Nos están despojando de lo que es el hotel pero el restaurante seguirá abierto: dando el mismo servicio”, aseguró.

Refirió que el lugar cuenta con 57 empleados y tratarán de resolver la situación laboral de los mismos, pues más de la mitad saldrán afectados con la diligencia, quienes representan a su vez a veinte familias. 

"El litigo es la Fonda Portfolio los que operan y va en contra del señor Joe Dmytriw Orestovich y su compañía operadora La Fonda. 

"Hay abuso pero no podemos hacer nada: traen un perito que está deslindando la propiedad que es arquitecto, no es ni siquiera ingeniero. Es de Rosarito y se apellida Carrasco. Está delimitando de una forma tan vaga y tan malsana. Esa línea tiene que estar cinco metros para aquel lado, así lo marcan los mapas, la zona federal. Hay irregularidades”, aseguró. 

El abogado recordó que desde el año 2008 comenzó el litigio, pero que de repente el juez a cargo del caso notificó de manera "irregular” desde la ciudad de Tijuana, y "sacó de repente un exhorto”, además de que pidió que fuera ejecutado por el gobierno de Ensenada. 

Por lo anterior, harán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y pedirán la restitución correspondiente.