Se complica caso de La Bufadora

El conflicto en torno a La Bufadora, se complica todavía más. De desalojar el Ayuntamiento de Ensenada a los locatarios de La Bufadora, los terrenos no tendrían que entregarse a los ejidatarios que reclaman esos predios, sino a los verdaderos dueños.

Si se expropiara, el lugar en disputa tampoco se les tendría que pagar a los integrantes del ejido Esteban Cantú sino a los sucesores de Francisco Álvarez Vargas y José Díaz Contreras, auténticos propietarios de los 14 mil 553 metros cuadrados reclamados.

Así lo señaló y documentó Jaime Palafox Granados, abogado defensor de los posesionarios y propietarios de los predios que son la manzana de una larga y pública discordía.

Indicó que sus defendidos cuentan con título de propiedad expedido por la Nación en 1963 y que además está debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California.

Explicó que si bien, el ejido Esteban Cantú logró que el Juez Séptimo de Distrito dictara una orden de desalojo proveniente del juicio de Amparo 666/2010, ello fue porque dolosamente se omitió que había terceros perjudicados, en este caso los propietarios de los predios, quienes al no formar parte de dicho juicio desconocen las razones y fundamentos jurídicos de la decisión judicial en el caso.

 

 

Palafox Granados señaló que otra de las fallas procesales por la que obtuvieron los ejidatarios el fallo a favor fue porque el gobierno del estado, responsable del Fideicomiso de La Bufadora, no desahogó la prueba pericial que la propia administración estatal había ofrecido; prueba que serviría para acreditar que los ejidatarios del Esteban Cantú no tienen ningún derecho sobre dicho inmueble, como se ha resuelto en los litigios que el ejido ha perdido en los últimos 30 años respecto a predios aledaños.

El abogado agregó que dado que el Juez Séptimo de Distrito no conoce formalmente la existencia de los propietarios es que no pueden intervenir en ese juicio, pero en cuanto ocurriera el desalojo, como terceros perjudicados podrán intervenir y demostrar la legalidad de su propiedad y posesión.

Por ello, advirtió Palafox, ante los constantes anuncios de las autoridades municipales y estatales de que podrían llegar a un arreglo con los ejidatarios y pagarles esos terrenos deberá revisarse con mucho cuidado esa acción de gobierno, pues podría pagárseles a quienes no son los dueños.

Antes de hacer algún pago o arreglo habrá que esclarecer quien tiene la legal propiedad de esos terrenos, afirmó el abogado.

Existen pruebas procesales que establecen que los ejidatarios del Esteban Cantú no son los dueños de esos inmuebles, concluyó el entrevistado, quien documentó todas sus declaraciones.