Partidos ricos, país pobre
Las organizaciones políticas recibieron 480.6 millones de pesos en los últimos cuatro años, adicionales a sus prerrogativas de ley.
México, DF - El financiamiento público que por disposición constitucional se da a los partidos políticos es cuantioso, pero -adicionalmente- el órgano electoral (ayer IFE, hoy INE) les suministra otros recursos que se manejan con discrecionalidad y una buena parte en medio de la opacidad.
Los partidos políticos han recibido en los últimos cinco años, por financiamiento público federal, 18 mil 655 millones de pesos, una cifra ligeramente superior al presupuesto que el Instituto Nacional Electoral pide para 2015 (18 mil 572 millones).
Esa cifra no incluye el dinero que entregan los órganos electorales locales a los partidos (se calcula que en 2015 serán unos 3 mil 500 millones de pesos) y tampoco considera otros montos que les provee el INE (y antes el IFE). Estos montos que aporta el órgano electoral nacional y que podría llamarse financiamiento indirecto, se manejan con poca transparencia. Sirvieron para actividades útiles al desarrollo democrático, pero también para pagar, en la Comisión Nacional de Vigilancia (del padrón electoral), paseos turísticos, excesos en telefonía celular, comidas caras e incluso contrataciones con acento de nepotismo.
480 millones en cuatro años
Los más de 18 mil 600 millones de pesos que en números redondos recibieron en cinco años (2009-2013) los partidos políticos incluyen gastos ordinarios, de campaña y actividades específicas (fundamentalmente editoriales) establecidos en la Constitución. Dicho sea de paso, los partidos son los únicos entes que tienen predeterminado su financiamiento en la Carta Magna, pues desde ahí se establece cómo se calcula: "multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”.
El otro financiamiento, poco conocido y que no tiene sustento constitucional expreso, se destina a pagos de personal y gastos de oficina y otros por tres conceptos:
- Las representaciones de los partidos ante el Consejo General.
- Las consejerías del Poder Legislativo (si bien estos consejeros formalmente representan al Congreso, actúan generalmente conforme a las posiciones de sus respectivos partidos).
- Apoyos para la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), encargada de "coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral”, como lo decía la ley comicial anterior y también lo dice la vigente.
El presupuesto por esos tres conceptos ascendió a 480 millones de pesos en cuatro años (2011-2014) en números redondos. En 2012, ese gasto dio un salto de casi 24 por ciento, al pasar de 100.8 millones de pesos a 124.5 millones y, si bien el incremento pudo haber tenido justificación por los comicios presidenciales de ese año, lo cierto es que el monto no regresó a sus niveles anteriores.
Las oficinas de los consejeros legislativos y de los representantes partidarios disponen de 356 mil pesos mensuales cada una para pagar a cuatro asesores y una secretaria, con salarios de hasta 87 mil por asesor y 19 mil por secretaria, pero los titulares de las oficinas pueden asignar los salarios como deseen y tienen flexibilidad para tener más o menos personal respecto de la plantilla tipo.
Debe decirse que el personal de representantes partidarios y consejeros legislativos, en particular el de las tres principales fuerzas políticas, realizan importantes tareas de análisis y apoyo sobre los asuntos que conciernen al Consejo General del INE y sus comisiones, pero no ocurre lo mismo con la CNV.
Excesos en la Comisión Nacional de Vigilancia
En la CNV se han producido excesos, particularmente en los rubros de gastos de alimentación, telefonía celular, pasajes aéreos y viáticos para "supervisiones en campo” que, curiosamente, a veces se realizan en destinos turísticos. Otros sitios de "supervisión” han sido ciudades que son visitadas repetidamente por los supuestos supervisores que, evidentemente, viajan a esos lugares por motivos personales.
De ese modo, en 2012 la CNV consumió 46 millones de pesos; en 2013, 45 millones y para 2014 se le destinó casi 50 millones. En el anteproyecto de presupuesto de 2015, hecho público por el INE, no se precisa el presupuesto para la CNV.
En los documentos circulados sobre el presupuesto de 2015 sólo aparecen dos partidas explícitas relacionadas con las representaciones de partidos:
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). "Cubrir los apoyos subsidiarios de los tres nuevos partidos políticos para las Comisiones Nacionales, Locales y Distritales de Vigilancia: 16, 663, 310”.
Representantes de partidos: 18,429,184.
Ambas cifras aparecen en el apartado "Modificación de estructuras”. Gestiones en el INE para precisar el total presupuestado para las representaciones partidarias y las consejerías legislativas no tuvieron una respuesta oportuna. El presupuesto de la DERFE en 2015 para "programas de depuración, verificación y mejoras de la calidad del padrón electoral” ascendería a 40.5 millones de pesos.
La opinión generalizada de quienes conocen el financiamiento adicional es que entre los representantes partidarios en la CNV hay quienes no sólo utilizan abusivamente los recursos públicos sino que, además, no coadyuvan ni supervisan realmente las actividades del Registro Federal de Electores.
La ley les confiere a los partidos el derecho de emitir observaciones a las listas nominales. Es un derecho cuyo ejercicio justificaría su acceso permanente al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores y, también, a los recursos que reciben de la CNV.
Pero, ¿cómo ejercen los partidos ese derecho?
En 2013, cuatro partidos (PAN, PRI, PRD y Panal) formularon un total de 2.2 millones de observaciones, pero los partidos restantes -PVEM, PT y MC- no presentaron ni una sola, a pesar de los recursos financieros y materiales de que dispusieron. De las observaciones presentadas, sólo resultaron procedentes 19 mil 744, el 0.90 por ciento, que representa el segundo porcentaje más bajo desde 2006 (el más bajo fue el de 2010, con 0.32 por ciento de 2.1 millones de observaciones).
Algunas de las observaciones y solicitudes partidarias son poco útiles y no contribuyen a la calidad de los instrumentos registrales del IFE. Por ejemplo, Nueva Alianza solicitó verificar en campo el sexo de más de 700 mil ciudadanos llamados Guadalupe, Refugio e Isabel. Otro partido, el de la Revolución Democrática, pidió corroborar el domicilio de millares de ciudadanos que actualizaron ese dato en siete entidades federativas porque "le latieron” a los representantes perredistas.
Campo para el nepotismo
El fundamento legal para entregar esos millonarios recursos a las representaciones partidarias en la CNV no es claro. Las disposiciones del antiguo Cofipe y de la nueva Legipe solamente imponen a la Junta General Ejecutiva (JGE) y a la DERFE la obligación de asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales y distritales se integren, sesionen y funcionen. Las reglas sobre la integración y atribuciones de las comisiones de vigilancia no mencionan la entrega de recursos económicos. El único soporte normativo -no de ley- son los Lineamientos que emite la JGE y que considera tales recursos como "apoyos administrativos subsidiarios”.
Si bien podrían entenderse ciertos apoyos materiales a las actividades de la CNV, resulta difícil justificar la entrega de "dietas”, líneas celulares, pasajes aéreos y viáticos. Estos dos últimos rubros parecen innecesarios si se tiene presente que los partidos poseen representantes en las 32 comisiones locales y en las 300 comisiones distritales de vigilancia. ¿Para qué viajar (como no sea para hacer turismo) si hay representantes partidarios locales?
El rubro más elevado de los recursos otorgados a los partidos en la CNV es el de "Apoyos al personal”, identificados también como "dietas”. En 2012, este concepto requirió 22.2 millones de pesos y en 2013 subió a 33.8 millones. Quienes reciben esos pagos no tienen que preocuparse de sus impuestos, porque el órgano electoral se hace cargo de sus obligaciones fiscales, a pesar de que no se trata de personal contratado. Más aún, el personal al servicio de partidos en la CNV ha llegado a solicitar aguinaldos y bonos por proceso electoral.
Había tal tolerancia y laxitud con ese personal, que en una misma oficina llegaron a trabajar familiares directos. El caso más escandaloso fue el del Partido Verde, en cuya sede de la CNV laboraban padre, madre e hijo, si bien posteriormente sólo permanecieron estos dos últimos. Un hecho muy conocido y comentado es que, como ocurre con otros partidos, su representante ante el Consejo General lo es también ante la CNV y, con ese doble carácter, administra todos los recursos económicos que se suministran a su partido.
Otro caso de empleo abusivo de recursos públicos es el de los comisionados para "supervisar” ciertos distritos. El caso más llamativo es el del Partido del Trabajo, que ha comisionado a parientes del representante (madre, hermana, cuñado, sobrino, primos). Ejemplo: entre el 25 de febrero y el 13 de marzo de 2013 fueron comisionado esos parientes para distritos de Guerrero, Veracruz, Puebla y Estado de México. En ese lapso les fueron suministrados casi 150 mil pesos para viáticos.
Otros excesos son: otorgamiento de "comisiones” por períodos prolongados a familiares de los representantes partidarios, con asignación de recursos para gastos de supervisión, viáticos y pasajes; entrega de comprobantes de gastos sin documentación fiscal o con retrasos de entre 6 y 11 meses; solicitudes de boletos de avión de manera periódica a un mismo lugar; ampliación de recursos para gastos de supervisión (adecuación presupuestal).
Hay más excesos, tales como asignación de recursos para operación (alimentos, materiales e insumos), servicio de telefonía y telecomunicaciones, adquisición de equipo, software y mobiliario. Algunos excesos concretos han sido: gastos en alimentación (fuera de las instalaciones) con consumos de hasta 21 mil pesos; telefonía celular, con montos de hasta 13 mil 200 pesos mensuales, operación de hasta cuatro líneas y, adicionalmente, líneas para tablets; tarjetas telefónicas de prepago por hasta 3 mil 500 pesos al mes.
En 2013, freno parcial
Ante las dimensiones que habían alcanzado los gastos de justificación discutible, por decir lo menos, en abril de 2013 la Junta General Ejecutiva aprobó, a propuesta del entonces director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Víctor Guerra, nuevos lineamientos que establecieron ciertos límites para boletos de avión, consumo en restaurantes y teléfonos celulares. Los demás rubros permanecieron prácticamente inalterados.
Lo aquí planteado es sólo una muestra de cómo el disponer de miles de millones de pesos puede conducir al dispendio y al abuso, como ocurre con el INE. Resulta obvio concluir que el órgano electoral debe revisar con seriedad su gasto y eliminar los rubros dispendiosos, innecesarios y/o redundantes. Algunos de ellos -que no los únicos- quedan expuestos en este texto.
De cara a los contribuyentes, es pertinente preguntarse por qué si los partidos disponen de miles de millones de pesos al año procedentes del erario (5 mil 355 millones tendrán en 2015), el presupuesto del INE debe absorber pagos al personal empleado por ellos para realizar funciones de eminente interés partidario.
Algo semejante podría decirse de las consejerías del Poder Legislativo y su personal. No puede negarse que todos ellos merecen ser remunerados de acuerdo con las tareas que realizan, pero ¿por qué debe absorber esas remuneraciones el órgano electoral? ¿No debería pagarles el Congreso de la Unión?
Algunos administradores del sector público suelen subestimar excesos y dispendios como los anotados porque "no pintan” en un presupuesto de miles de millones. Pero ¿cuántos más como aquéllos existen y persisten en el órgano electoral?
Los partidos políticos han recibido en los últimos cinco años, por financiamiento público federal, 18 mil 655 millones de pesos, una cifra ligeramente superior al presupuesto que el Instituto Nacional Electoral pide para 2015 (18 mil 572 millones).
Esa cifra no incluye el dinero que entregan los órganos electorales locales a los partidos (se calcula que en 2015 serán unos 3 mil 500 millones de pesos) y tampoco considera otros montos que les provee el INE (y antes el IFE). Estos montos que aporta el órgano electoral nacional y que podría llamarse financiamiento indirecto, se manejan con poca transparencia. Sirvieron para actividades útiles al desarrollo democrático, pero también para pagar, en la Comisión Nacional de Vigilancia (del padrón electoral), paseos turísticos, excesos en telefonía celular, comidas caras e incluso contrataciones con acento de nepotismo.
480 millones en cuatro años
Los más de 18 mil 600 millones de pesos que en números redondos recibieron en cinco años (2009-2013) los partidos políticos incluyen gastos ordinarios, de campaña y actividades específicas (fundamentalmente editoriales) establecidos en la Constitución. Dicho sea de paso, los partidos son los únicos entes que tienen predeterminado su financiamiento en la Carta Magna, pues desde ahí se establece cómo se calcula: "multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”.
El otro financiamiento, poco conocido y que no tiene sustento constitucional expreso, se destina a pagos de personal y gastos de oficina y otros por tres conceptos:
- Las representaciones de los partidos ante el Consejo General.
- Las consejerías del Poder Legislativo (si bien estos consejeros formalmente representan al Congreso, actúan generalmente conforme a las posiciones de sus respectivos partidos).
- Apoyos para la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), encargada de "coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral”, como lo decía la ley comicial anterior y también lo dice la vigente.
El presupuesto por esos tres conceptos ascendió a 480 millones de pesos en cuatro años (2011-2014) en números redondos. En 2012, ese gasto dio un salto de casi 24 por ciento, al pasar de 100.8 millones de pesos a 124.5 millones y, si bien el incremento pudo haber tenido justificación por los comicios presidenciales de ese año, lo cierto es que el monto no regresó a sus niveles anteriores.
Las oficinas de los consejeros legislativos y de los representantes partidarios disponen de 356 mil pesos mensuales cada una para pagar a cuatro asesores y una secretaria, con salarios de hasta 87 mil por asesor y 19 mil por secretaria, pero los titulares de las oficinas pueden asignar los salarios como deseen y tienen flexibilidad para tener más o menos personal respecto de la plantilla tipo.
Debe decirse que el personal de representantes partidarios y consejeros legislativos, en particular el de las tres principales fuerzas políticas, realizan importantes tareas de análisis y apoyo sobre los asuntos que conciernen al Consejo General del INE y sus comisiones, pero no ocurre lo mismo con la CNV.
Excesos en la Comisión Nacional de Vigilancia
En la CNV se han producido excesos, particularmente en los rubros de gastos de alimentación, telefonía celular, pasajes aéreos y viáticos para "supervisiones en campo” que, curiosamente, a veces se realizan en destinos turísticos. Otros sitios de "supervisión” han sido ciudades que son visitadas repetidamente por los supuestos supervisores que, evidentemente, viajan a esos lugares por motivos personales.
De ese modo, en 2012 la CNV consumió 46 millones de pesos; en 2013, 45 millones y para 2014 se le destinó casi 50 millones. En el anteproyecto de presupuesto de 2015, hecho público por el INE, no se precisa el presupuesto para la CNV.
En los documentos circulados sobre el presupuesto de 2015 sólo aparecen dos partidas explícitas relacionadas con las representaciones de partidos:
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). "Cubrir los apoyos subsidiarios de los tres nuevos partidos políticos para las Comisiones Nacionales, Locales y Distritales de Vigilancia: 16, 663, 310”.
Representantes de partidos: 18,429,184.
Ambas cifras aparecen en el apartado "Modificación de estructuras”. Gestiones en el INE para precisar el total presupuestado para las representaciones partidarias y las consejerías legislativas no tuvieron una respuesta oportuna. El presupuesto de la DERFE en 2015 para "programas de depuración, verificación y mejoras de la calidad del padrón electoral” ascendería a 40.5 millones de pesos.
La opinión generalizada de quienes conocen el financiamiento adicional es que entre los representantes partidarios en la CNV hay quienes no sólo utilizan abusivamente los recursos públicos sino que, además, no coadyuvan ni supervisan realmente las actividades del Registro Federal de Electores.
La ley les confiere a los partidos el derecho de emitir observaciones a las listas nominales. Es un derecho cuyo ejercicio justificaría su acceso permanente al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores y, también, a los recursos que reciben de la CNV.
Pero, ¿cómo ejercen los partidos ese derecho?
En 2013, cuatro partidos (PAN, PRI, PRD y Panal) formularon un total de 2.2 millones de observaciones, pero los partidos restantes -PVEM, PT y MC- no presentaron ni una sola, a pesar de los recursos financieros y materiales de que dispusieron. De las observaciones presentadas, sólo resultaron procedentes 19 mil 744, el 0.90 por ciento, que representa el segundo porcentaje más bajo desde 2006 (el más bajo fue el de 2010, con 0.32 por ciento de 2.1 millones de observaciones).
Algunas de las observaciones y solicitudes partidarias son poco útiles y no contribuyen a la calidad de los instrumentos registrales del IFE. Por ejemplo, Nueva Alianza solicitó verificar en campo el sexo de más de 700 mil ciudadanos llamados Guadalupe, Refugio e Isabel. Otro partido, el de la Revolución Democrática, pidió corroborar el domicilio de millares de ciudadanos que actualizaron ese dato en siete entidades federativas porque "le latieron” a los representantes perredistas.
Campo para el nepotismo
El fundamento legal para entregar esos millonarios recursos a las representaciones partidarias en la CNV no es claro. Las disposiciones del antiguo Cofipe y de la nueva Legipe solamente imponen a la Junta General Ejecutiva (JGE) y a la DERFE la obligación de asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales y distritales se integren, sesionen y funcionen. Las reglas sobre la integración y atribuciones de las comisiones de vigilancia no mencionan la entrega de recursos económicos. El único soporte normativo -no de ley- son los Lineamientos que emite la JGE y que considera tales recursos como "apoyos administrativos subsidiarios”.
Si bien podrían entenderse ciertos apoyos materiales a las actividades de la CNV, resulta difícil justificar la entrega de "dietas”, líneas celulares, pasajes aéreos y viáticos. Estos dos últimos rubros parecen innecesarios si se tiene presente que los partidos poseen representantes en las 32 comisiones locales y en las 300 comisiones distritales de vigilancia. ¿Para qué viajar (como no sea para hacer turismo) si hay representantes partidarios locales?
El rubro más elevado de los recursos otorgados a los partidos en la CNV es el de "Apoyos al personal”, identificados también como "dietas”. En 2012, este concepto requirió 22.2 millones de pesos y en 2013 subió a 33.8 millones. Quienes reciben esos pagos no tienen que preocuparse de sus impuestos, porque el órgano electoral se hace cargo de sus obligaciones fiscales, a pesar de que no se trata de personal contratado. Más aún, el personal al servicio de partidos en la CNV ha llegado a solicitar aguinaldos y bonos por proceso electoral.
Había tal tolerancia y laxitud con ese personal, que en una misma oficina llegaron a trabajar familiares directos. El caso más escandaloso fue el del Partido Verde, en cuya sede de la CNV laboraban padre, madre e hijo, si bien posteriormente sólo permanecieron estos dos últimos. Un hecho muy conocido y comentado es que, como ocurre con otros partidos, su representante ante el Consejo General lo es también ante la CNV y, con ese doble carácter, administra todos los recursos económicos que se suministran a su partido.
Otro caso de empleo abusivo de recursos públicos es el de los comisionados para "supervisar” ciertos distritos. El caso más llamativo es el del Partido del Trabajo, que ha comisionado a parientes del representante (madre, hermana, cuñado, sobrino, primos). Ejemplo: entre el 25 de febrero y el 13 de marzo de 2013 fueron comisionado esos parientes para distritos de Guerrero, Veracruz, Puebla y Estado de México. En ese lapso les fueron suministrados casi 150 mil pesos para viáticos.
Otros excesos son: otorgamiento de "comisiones” por períodos prolongados a familiares de los representantes partidarios, con asignación de recursos para gastos de supervisión, viáticos y pasajes; entrega de comprobantes de gastos sin documentación fiscal o con retrasos de entre 6 y 11 meses; solicitudes de boletos de avión de manera periódica a un mismo lugar; ampliación de recursos para gastos de supervisión (adecuación presupuestal).
Hay más excesos, tales como asignación de recursos para operación (alimentos, materiales e insumos), servicio de telefonía y telecomunicaciones, adquisición de equipo, software y mobiliario. Algunos excesos concretos han sido: gastos en alimentación (fuera de las instalaciones) con consumos de hasta 21 mil pesos; telefonía celular, con montos de hasta 13 mil 200 pesos mensuales, operación de hasta cuatro líneas y, adicionalmente, líneas para tablets; tarjetas telefónicas de prepago por hasta 3 mil 500 pesos al mes.
En 2013, freno parcial
Ante las dimensiones que habían alcanzado los gastos de justificación discutible, por decir lo menos, en abril de 2013 la Junta General Ejecutiva aprobó, a propuesta del entonces director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Víctor Guerra, nuevos lineamientos que establecieron ciertos límites para boletos de avión, consumo en restaurantes y teléfonos celulares. Los demás rubros permanecieron prácticamente inalterados.
Lo aquí planteado es sólo una muestra de cómo el disponer de miles de millones de pesos puede conducir al dispendio y al abuso, como ocurre con el INE. Resulta obvio concluir que el órgano electoral debe revisar con seriedad su gasto y eliminar los rubros dispendiosos, innecesarios y/o redundantes. Algunos de ellos -que no los únicos- quedan expuestos en este texto.
De cara a los contribuyentes, es pertinente preguntarse por qué si los partidos disponen de miles de millones de pesos al año procedentes del erario (5 mil 355 millones tendrán en 2015), el presupuesto del INE debe absorber pagos al personal empleado por ellos para realizar funciones de eminente interés partidario.
Algo semejante podría decirse de las consejerías del Poder Legislativo y su personal. No puede negarse que todos ellos merecen ser remunerados de acuerdo con las tareas que realizan, pero ¿por qué debe absorber esas remuneraciones el órgano electoral? ¿No debería pagarles el Congreso de la Unión?
Algunos administradores del sector público suelen subestimar excesos y dispendios como los anotados porque "no pintan” en un presupuesto de miles de millones. Pero ¿cuántos más como aquéllos existen y persisten en el órgano electoral?
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