Iniciarán juicio político contra Pelayo
Ensenada, B. C. - La próxima semana será sometido al pleno de la Cámara de Diputados rechazar o iniciar el proceso de juicio político contra los ex alcaldes Enrique Pelayo Torres y Francisco Pérez Tejada Padilla.
La Comisión Jurisdiccional, encargada de recibir dichas solicitudes de juicio político, sesionó ayer en Ensenada y en procesos separados se aprobó en ambos casos, con cuatro votos a favor y dos en contra, iniciar el proceso de juicio político contra el ex alcalde ensenadense y el ex presidente municipal de Mexicali.
Armando Reyes Ledesma, presidente de la mencionada comisión, explicó que una vez aprobado en la Jurisdiccional se votará por los 25 diputados bajacalifornianos la decisión y en caso de ser favorable se integrará la Comisión Instructora, que se encargará de realizar el juicio político.
En ese supuesto se revisarán las pruebas existentes en contra de los acusados y ellos tendrán también la oportunidad de presentar sus pruebas en descargo.
De acuerdo a Reyes Ledesma en el supuesto de que se aprobara aplicar el juicio político contra Pelayo y se concluyera que es culpable se le aplicaría una inhabilitación para ocupar un cargo público hasta por 20 años, además de que se tendría que presentar la denuncia penal de detectarse algún ilícito en la actuación del ex alcalde.
Por su parte el diputado Juan Molina García, uno de los dos legisladores que votó en contra de iniciar el juicio político a Pelayo Torres, explicó que su rechazo fue porque desde el punto de vista jurídico las acusaciones no están debidamente fundamentadas.
Puntualizó que se trata de un problema técnico jurídico y enfatizó que ello no significa que él trate de defender al ex presidente municipal de Ensenada.
Jurídicamente, dijo, la petición no tiene los elementos suficientemente sólidos para pensar que en caso de imponerse una sanción no pueda ser recurrida y desechada.
Sería lamentable, apuntó, generar falsas expectativas entre los ciudadanos, particularmente los ensenadenses, de que se podría sancionar la mala actuación de un gobernante y al no procederse con el rigor legal necesario ello no vaya a ocurrir.
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