“Pinta” raya ex edil de caso Puerto Azul
Pablo Alejo López Núñez se deslindó de las irregularidades y echó “la bolita” a Pelayo Torres
Nicté Madrigal/EL VIGÍA
nmadrigal@elvigia.net
El ex acalde Pablo Alejo López Núñez se deslindó de las irregularidades e incumplimientos en los que incurrió la empresa desarrolladora de vivienda Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. de C.V., (Homex), lo cual mantiene a más de 400 familias del fraccionamiento Puerto Azul, con carencias de servicios básicos.
El actual subsecretario de gobierno, puntualizó que, según lo establecido en el acuerdo de autorización del fraccionamiento, fechado en diciembre del 2009, la empresa tenía dos años para cumplir con la construcción de drenaje, hidráulicas, calles, canalización del arroyo, entre otras.
Es decir, correspondía a la administración de Enrique Pelayo Torres, verificar que la empresa cumpliera con las condicionantes.
Informó además que el fraccionamiento fue autorizado por el entonces secretario de Administración Urbana, César Cuevas Ceseña, y por el director de Control Urbano, Gustavo Nuño Vizcarra.
López Núñez refirió que el fraccionamiento debió haberse construido en el 2010, y empezó a ocuparse en el 2011.
En este sentido, evidenció que en la fracción Tercera del acuerdo de autorización se establece "que no se podrá autorizar la ocupación del fraccionamiento, si no se cumplen con las condiciones que se establecen en el mismo documento”.
Sin datos de la fianza
En torno a la fianza millonaria que dicen "no aparece”, Pablo Alejo López Núñez declaró: "yo no tengo en claro la parte de la fianza, si embargo, hablando con el arquitecto César Cuevas y me indicó que, si se publicó la autorización en el Periódico Oficial del Estado, es que se cumplieron con todos los requisitos de ley”.
Además, dijo, el hecho de que no esté la póliza en el expediente, no quiere decir que no haya existido, incluso se puede pedir un informe a la comisión de seguros y fianzas para ver quien la otorgó, o en su caso, reponer la póliza, si se extendió en su momento.
Puntualizó que en noviembre del 2010, se hizo entrega a la administración de Enrique Pelayo Torres, y nunca hubo ninguna solicitud de documentos cuando se entregaron.
"Contaban con hasta con un año para hacer las observaciones sobre falta de trámites o documentos, sin embargo, esto no ocurrió por lo que se supone que todo estaba completo”.
Partiendo de esos supuestos, y a casi cinco años de distancia, agregó, si hace falta algún documento, que sea la Sindicatura la que busque quién es el responsable”.
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