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Quiere "Kiko” ser juez y parte: GIT

El gobernador propuso que se le preguntara a los residentes de Santa Anita a qué municipio quieren pertenecer
viernes, 28 de agosto de 2015 · 00:00
Además de demostrar que desconoce las leyes estatales que rigen las controversias territoriales que se dan entre los municipios del estado, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, "quiere ser juez y parte” en el conflicto de límites territoriales existente entre Playas de Rosarito y Ensenada.

El coordinador del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), declaró lo anterior, luego de que Vega de Lamadrid, ante medios de comunicación, propuso que el Congreso del Estado le pregunte a los residentes del poblado Santa Anita a cuál municipio quieren pertenecer. 

Andrés Armenta González, puntualizó que, en la controversia territorial, que a la fecha se está tramitando ante el congreso del estado, el gobernador del estado es parte demandada, "por lo cual no puede ni debe arrogarse el papel de juez”.  

El también miembro del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten), explicó el por qué, en la controversia territorial esté demandado el gobernador del estado.

Se debe, dijo, a que el Ayuntamiento de Ensenada está reclamando la ilegalidad de la orden que dio en el año 1995 el gobernador (entonces Ernesto Ruffo Appel), de que se publicara en el Periódico Oficial de la Federación el "plano  delegacional”.

Señaló que este plano, fue formulado, en aquel tiempo la entonces Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Estado, (ahora Sidue), mismo plano que por los errores que contenía fue y es el origen y la causa del actual conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito.  

Improcedente e ilegal
Armenta González puntualizó que es improcedente e ilegal que el gobernador Francisco Vega, pretenda que se resuelva esta Controversia Territorial a partir de lo que opinen los residentes de Santa Anita.

Esto " toda vez que las leyes emitidas por el Congreso del  Estado de Baja California  disponen que las controversias territoriales se resuelven conforme a la ley, no según la opinión de los residentes”.



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