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Es inejecutable fallo a favor de Rosarito
Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
Señaló que la resolución aprobada por el Congreso del Estado el pasado 28 de septiembre no se determina cuál es el territorio, ¿cuáles son las medidas o colindancias?, preguntó el abogado y responde: "¡Sólo Dios sabe y los ahora ex-diputados!”.
Tampoco se establece un plazo para la ejecución de la "devolución” del territorio, ni se indica si habrá alguna sanción a las autoridades municipales en caso de no acatar una resolución que no puede acatarse.
En los puntos resolutivos, agregó Hurtado Aviña, se pide a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado que vaya a hacer la medición del terreno que se va a "devolver”, es decir, ni siquiera se conoce cuál es la superficie que se está otorgando a los rosaritenses.
Otro de los puntos señalados por el abogado porteño es que oficialmente no existe un Estatuto Territorial, que es el ordenamiento de los límites entre los cinco municipios bajacalifornianos, y por tanto no puede señalar una delimitación sólo entre dos de los ayuntamientos.
Lo primero que tendría que hacerse es decretar ese Estatuto Territorial y de ahí fijar las colindancias, puntualizó el jurista.
Indicó que todas estas observaciones deberán hacerse al presentar el recurso municipal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reiteró que lo decretado por los ahora ex-diputados es inejecutable, o sea, no puede "devolverse” un terreno si no se sabe cuánto mide o comprende.
gsanchez@elvigia.net Ensenada, B.C.
El Dictamen 137 emitido por la XXI Legislatura es inejecutable, pues no determina cuál es la superficie que se debe entregar a Playas de Rosarito por parte del Ayuntamiento de Ensenada, afirmó el abogado Guillermo Hurtado Aviña.
Señaló que la resolución aprobada por el Congreso del Estado el pasado 28 de septiembre no se determina cuál es el territorio, ¿cuáles son las medidas o colindancias?, preguntó el abogado y responde: "¡Sólo Dios sabe y los ahora ex-diputados!”.
Tampoco se establece un plazo para la ejecución de la "devolución” del territorio, ni se indica si habrá alguna sanción a las autoridades municipales en caso de no acatar una resolución que no puede acatarse.
En los puntos resolutivos, agregó Hurtado Aviña, se pide a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado que vaya a hacer la medición del terreno que se va a "devolver”, es decir, ni siquiera se conoce cuál es la superficie que se está otorgando a los rosaritenses.
Otro de los puntos señalados por el abogado porteño es que oficialmente no existe un Estatuto Territorial, que es el ordenamiento de los límites entre los cinco municipios bajacalifornianos, y por tanto no puede señalar una delimitación sólo entre dos de los ayuntamientos.
Lo primero que tendría que hacerse es decretar ese Estatuto Territorial y de ahí fijar las colindancias, puntualizó el jurista.
Indicó que todas estas observaciones deberán hacerse al presentar el recurso municipal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reiteró que lo decretado por los ahora ex-diputados es inejecutable, o sea, no puede "devolverse” un terreno si no se sabe cuánto mide o comprende.
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