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Están indígenas sin gozar de leyes y derechos
nmadrigal@elvigia.net | Ensenada, B. C.
Consejeros y autoridades tradicionales indígenas señalaron ante diputados federales que, a pesar de la existencia de leyes y derechos de los que debería gozar y que se establecen en la Constitución y tratados internacionales, estos no puede ser ejercidos por falta de políticas públicas y presupuesto.
El Consejo de Ancianos Indígenas con carácter de constituyente de Gobierno Indígena Pluricultural del Estado de Baja California, sostuvo una reunión con el presidente del Congreso estatal, diputado, Raúl Castañeda Pomposo, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Alejandro Arregui, a quienes informaron que Silvia Rivera Rangel fue nombrada gobernadora constituyente por un periodo de dos años.
El fin es elaborar un Estatuto Estatal de los Pueblos y Comunidades Indígenas y para elegir posteriormente a un gobernador indígena con base a nuestros usos y costumbres.
Asimismo enfatizaron en que la Constitución de la república y los convenios internacionales, establecen que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con los territorios que ocupan.
Derechos y obligaciones
Expusieron que, de acuerdo con leyes y tratados, derechos y obligaciones que deben ser incorporados en las políticas públicas y en los presupuestos respectivos.
Estos son: prohibición de la discriminación; reconocimiento de toda comunidad; representación proporcional en los ayuntamientos; acceso a la jurisdicción del Estado; compurgación de penas cerca de su comunidad; coordinación y asociación de comunidades dentro de los municipios; incremento de niveles de escolaridad; derecho al desarrollo regional; acceso a los servicios de salud.
Además de acceso al financiamiento público; incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo; que las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación; apoyo a actividades.
Enfatizaron en que la Cámara de Diputados, las legislaturas de las entidades federativas y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben.
Asimismo, en la formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
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