Sistema anticorrupción: falta mucho

Ciudad de México - Al final de un año en el que la sociedad civil, los empresarios y los ciudadanos se movilizaron en contra de la corrupción, el nuevo andamiaje institucional aprobado por el Congreso para combatir estas prácticas está aún lejos de concluirse.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya implementación se estima que costará más de 9 mil millones de pesos, quedará formalmente establecido a nivel federal durante los primeros meses de 2017; no obstante, será hasta 2018 cuando adquiera carácter nacional, una vez que los estados finalicen la homologación de sus leyes locales.

Mientras estos procesos concluyen, especialistas y legisladores que impulsaron el SNA alertan sobre riesgos que pueden mermar su operación y legitimidad.

Señalan que los nombramientos de los funcionarios que darán vida al SNA -algunos de los cuales son responsabilidad de la Presidencia, el Senado o de los congresos locales-, la falta de garantías de que el sistema será replicado correctamente en los estados y la posibilidad de que las instancias que lo conforman se burocraticen son factores que pueden debilitar el nuevo esquema con el que se pretende combatir y prevenir los actos de corrupción de la clase política.

Otro riesgo, agregan, es la posibilidad de que la agenda anticorrupción que generó un movimiento social sin precedentes durante 2016 se debilite y, con ello, se reduzca la posibilidad de que la presión social acelere la implementación del sistema.

A nivel federal, el nuevo sistema entrará en operación durante el primer trimestre de 2017, una vez que se designe al fiscal anticorrupción, se establezca la sección especializada en sanciones administrativas graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sean nombrados los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

En octubre pasado, el Senado publicó la convocatoria para elegir al fiscal anticorrupción, pero la elección fue aplazada hasta el próximo periodo de sesiones -que inicia en febrero-, luego de que la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, se presentó como candidata a ocupar la primera Fiscalía Anticorrupción.

El registro de Puente se dio luego de que se hizo público un acuerdo previo entre los coordinadores parlamentarios en el Senado para respaldar su candidatura.

Finalmente, el 5 de diciembre se retiró de la contienda, pero su solo registro impidió que la Cámara Alta llegara a un acuerdo en diciembre.

La candidatura de Puente no era la primera controvertida en torno al nuevo sistema anticorrupción. Dos semanas antes, el Senado ratificó los nombramientos de dos personajes cercanos al presidente Enrique Peña Nieto en dos puestos claves para el funcionamiento del SNA: Raúl Cervantes en la PGR (perfilándolo como nuevo Fiscal General de la República, de lo que después desistió ante las críticas), y Arely Gómez en la Secretaría de la Función Pública.

En opinión de Sergio López Ayllón, estos casos son un ejemplo de que el nuevo sistema anticorrupción corre el riesgo de politizarse, y de que los nombramientos en puerta, entre ellos los del fiscal anticorrupción, sean la vía para ello.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la PGR, el primer fiscal anticorrupción será designado por el Senado y, una vez que la Procuraduría se convierta en Fiscalía General de la República, el nombramiento estará a cargo de su titular.

Otros nombramientos que causan preocupación entre la sociedad civil son los magistrados que conformarán la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta área, exclusiva para sancionar faltas administrativas graves de funcionarios públicos, estará conformada por una Sala Superior con tres magistrados y cinco salas regionales con tres magistrados cada una.

Los 18 integrantes de la llamada tercera sección serán designados por el presidente y ratificados por el Senado.

Para Edna Jaime, directora general de México Evalúa, la elección del Comité de Participación Ciudadana está blindada, pues los cinco ciudadanos que lo integrarán serán electos por otros ciudadanos.

No obstante, la especialista reconoce que este organismo rector del SNA corre el riesgo de burocratizarse.

Los cinco ciudadanos que integrarán el CPC -que serán nombrados a más tardar el 30 de enero próximo- serán remunerados y contarán con personal de apoyo y una sede en la Ciudad de México.

Que el SNA no se convierta en una maraña burocrática dependerá en buena medida de su implementación en los estados.

De acuerdo con la ley del sistema, éste deberá ser replicado en cada una de las 32 entidades federativas.

El nuevo marco jurídico en materia anticorrupción establece que los estados podrán replicar el SNA federal o bien instalar modelos "equivalentes”. La ley sólo establece los mínimos con los que debe contar cada modelo estatal.

Según la Ley del SNA, los mínimos son: un Comité local de Participación Ciudadana, un Comité Coordinador conformado por la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Órgano de Fiscalización Superior, el Consejo de la Judicatura y el instituto local de acceso a la información o sus equivalentes estatales, y una Secretaría Ejecutiva.

Sobre el hartazgo ciudadano por recientes casos de corrupción, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, advierte que aunque la sanción es uno de los componentes del SNA, no es el objetivo del sistema por sí mismo.

Bohórquez asegura que llevar a corruptos a la cárcel es indispensable, pero no resuelve las causas de la corrupción incrustada en el sistema político mexicano.

El especialista señala que la apuesta del SNA es fortalecer las instituciones, los mecanismos de colaboración entre ellas y modificar los incentivos que permiten los actos de corrupción.

Esta tarea, sostiene, es de mediano plazo, resulta poco mediática y hasta desalentadora para un sector de la sociedad; no obstante, asegura que es la manera de atacar la corrupción desde sus raíces.