Demandarán a Congreso

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

Una demanda penal contra quien resulte responsable en el Congreso del Estado, por la "pérdida” de ocho cajas de expedientes sobre el conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito, fue planteada por integrantes del Grupo Interdisciplinario para la defensa del territorio de Ensenada, A.C.

 

Fue expuesto el día de ayer ante el grupo Foro de Ensenada, A.C., que preside Jorge Menchaca y que contó con la presencia de Alfonso García Quiñonez y Andrés Armenta González, quienes se dijeron exigentes en que se busque fincar responsabilidad penal a quien corresponda, ya sea al presidente del propio Congreso del Estado, los policías de entrada u otros responsables, por la desaparición de estos documentos.

 

Enfatizaron que este hecho debe tener una responsabilidad legal con nombre y apellido.

 

Por lo anterior, sugirieron que legalmente corresponde interponer una demanda penal y la instancias competentes son el Ayuntamiento de Ensenada o el propio Congreso de Baja California.

EXTRAVIADAS ADREDE

Existe una Oficialía de partes, donde debe haber un control de lo que entra y sale del edificio del poder legislativo "como está que a chuchita la bolsearon y nadie establece una responsabilidad clara”, puntualizó.

 

Es lógico, dijo Andrés Armenta, que alguien tuvo el interés en que se perdieran esas cajas de documentos y que hubo quien permitió la salida de las mismas. Esa responsabilidad se debe establecer, recalcó.

 

Recordó que incluso la legisladora Laura Torres, hija de Hugo Torres, en todo momento tuvo un interés directo en el tema, porque quería ser presidenta municipal y era diputada. Era importante que esos documentos se mantuvieran guardados y ajenos de quienes pudieran tener un fin específico sobre el asunto.

 

Se aclaró que sobre los terrenos en disputa, en todo momento han existido muchos intereses, porque se trata de predios con mucha plusvalía, que catastralmente están tasados muy elevados, y el pago de traslación de dominio y predial es significativo, además que están en una zona donde hay agua, la cual escasea en ambos municipios.

 

Ahora lo que le piden al Ayuntamiento de Ensenada es que de nuevo se mande la información, a sabiendas que es sólo otra medida dilatoria, cuya responsabilidad es del propio Congreso.

 

Andrés Armenta consideró que se ha buscado en el transcurso de los años que se genere cansancio de la ciudadanía para no insistirse en el tema, pero aclaró esto no sucederá.

 Se estará al pendiente para que en la reintegración el expediente vuelva a estar completo y se eviten malos manejos de mala fe, como se ha demostrado hasta el momento con relación al tema.

CONTROVERSIA TERRITORIAL

Se recalcó que esas cajas de documentos que se perdieron pertenecen a lo que jurídicamente llaman los abogados como el expediente, que nació de una demanda, donde el Municipio de Playas de Rosarito emplaza al de Ensenada a través del propio Congreso y se contesta dicho procedimiento con una contrademanda.

 Estos son expedientes jurídicos con un carácter de tipo legal, denominado técnicamente como Controversia territorial y donde el Congreso del Estado es la instancia que debía de proceder como ejecutora, con base en los documentos que, ahora resulta, se perdieron.

ANTECEDENTES LEGALES

Los expositores señalaron todos los factores que generaron este procedimiento legal, del cual siempre se ha contado con todos los antecedentes legales, históricos, geográficos, y documentales a favor de Ensenada.

 

Incluso en 1989, en que el Congreso del Estado estableció los límites de cada municipio, de acuerdo a información datada desde 1953 en que se aprobó el estado, se establece que Ensenada tiene 52 mil kilómetros cuadrados y Tijuana mil 584 kilómetros cuadrados.

 Playas de Rosarito era parte de una delegación de Tijuana y en 1995, cuando se busca crear el quinto municipio del Estado, para establecer los límites territoriales el Congreso del Estado pidió información a la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado (Sahope), y es ahí donde surge la polémica.

"CRECEN” MUNICIPIO

Esta instancia de gobierno anexó un plano delegacional donde establece lo que según debe corresponder al naciente Ayuntamiento de Playas de Rosarito; pero le agrega 168 kilómetros cuadrados de más, a los mil 584 kilómetros que se tenían asignados para el Municipio de Tijuana, haciéndolo crecer a mil 752 kilómetros cuadrados.

 

Lo anterior provocó que la asignación de terreno no fuera sólo de los que antes eran del Ayuntamiento de Tijuana, sino que ocasionó una sobre posición con predios que históricamente siempre habían pertenecido al Ayuntamiento de Ensenada.

 

En este sentido, cuando se integra al naciente Ayuntamiento se realizaron modificaciones legales con ese error de dato, así como tomar en cuenta colindancias no existentes, como considerar a un río San Miguel, el cual no existe; primero, en el estado no hay ríos y, segundo, tampoco existe un arroyo con esa denominación, aspecto que genera confusión.

 

Por lo anterior, lo que ha gestionado el Ayuntamiento de Ensenada es buscar la nulidad de esas modificaciones legales de 1995, que parten de datos equívocos que, de acuerdo a una serie de antecedentes documentales, fotográficos, geográficos entre muchos otros, se han aportado como base de información.

A consideración de los expositores, desde un principio del nacimiento de dicho Ayuntamiento, hubo mala fe del Gobierno del Estado de Baja California, a través de la entonces Sahope, al proporcionar información falsa.

 

 

Y no sólo eso, sino que se publicó en el Periódico del Estado, un croquis oficiosamente distorsionando la verdad y manipulando a la opinión publica

 Puntualizaron que en el transcurso de las legislaturas, se ha mostrado poco interés en resolver la controversia en base a la información proporcionada, sino a intereses particulares, por tratarse de terrenos que son considerados como muy valiosos.

Sobre los terrenos en disputa, en todo momento han existido muchos intereses, porque se trata de predios con mucha plusvalía

El Ayuntamiento de Ensenada busca la nulidad de esas modificaciones legales de 1995 que parten de datos equívocos