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Pobreza: ¿qué informar?

En un país como México, donde la pobreza y la desigualdad son altas y la movilidad social es baja, contar con información confiable y continua para analizar avances y retrocesos en dichas materias resulta clave para el diseño, la operación y la evaluación de la política social
miércoles, 31 de agosto de 2016 · 00:00
RODOLFO DE LA TORRE GARCÍA*/AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

En su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseveraba que "...las políticas públicas para el desarrollo social con acciones concretas, y a pesar de un contexto internacional adverso, han logrado disminuir la pobreza extrema... De este modo, México avanza en la construcción de un Estado social pleno, orientado al bienestar de su población y a la garantía efectiva de sus derechos sociales”.

 

Más allá de la veracidad o no de lo que se afirma, las dos palabras que se resaltan de lo citado conllevan la necesidad de realizar una comparación de cifras entre al menos dos puntos en el tiempo.

 

Para poder hacerlo, el Ejecutivo Federal contó con información comparable para 2012 y 2014. Desafortunadamente, para el Cuarto Informe de Gobierno no habrá información para darle continuidad a este reporte.

DATOS INCOMPARABLES

Hoy sabemos, gracias al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que los datos de ingreso para 2015 han resultado ser incomparables con los de años anteriores. También sabemos, debido al reclamo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que por esta situación no es posible hacer los cálculos requeridos sobre la dinámica de la pobreza. Ante tal circunstancia, la pregunta obligada es: ¿qué tendrá que hacerse para que pueda informarse otra vez sobre la evolución de la misma?

 

La pregunta es crucial. En un país como México, donde la pobreza y la desigualdad son altas y la movilidad social es baja, contar con información confiable y continua para analizar avances y retrocesos en dichas materias resulta clave para el diseño, la operación y la evaluación de la política social.

 Por lo anterior, el diferendo entre Inegi y Coneval no se restringe a una discusión técnica entre dos órganos autónomos del Estado mexicano, sino que incumbe a todos, comenzando por su principal usuario: el Gobierno.

Desde que el viernes 15 de julio el Inegi informó que las cifras de ingreso del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 no eran comparables con levantamientos anteriores, no ha habido una explicación pública y detallada sobre las razones de esta situación.

 Sin embargo, después de un desencuentro inicial, el diálogo entre el Inegi y el Coneval ha estado en curso, y hay muestras de su disposición a atender el problema.
Desafortunadamente, mientras se clarificaba el acercamiento de estas instituciones, hubo un mal uso de la información.

Así, por ejemplo, se empezó a difundir que el estado de Puebla avanzó 23 lugares en desigualdad social, cuando una de las primeras bajas por la falta de comparabilidad en la información de ingresos es precisamente el cálculo de las distancias económicas entre las personas.

 

En este contexto, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hizo un llamado a evitar comparaciones desorientadoras. Pero el reclamo ha sido mayor.

 Junto con Oxfam, el CEEY convocó a más de 150 usuarios especializados para solicitar que se den explicaciones amplias y abiertas de lo ocurrido con los datos 2015, que se cuide la comparabilidad de los correspondientes a 2016, y que todo ello se haga mediante la participación de expertos externos y a la luz pública.

ESCRUTINIO PÚBLICO

Hay signos alentadores de que se puede avanzar en este sentido. El Inegi y el Coneval han acusado recibo de las solicitudes, y la academia, los expertos independientes y la sociedad civil están prestos a seguir el camino del escrutinio público, al punto de que podrían hacerlo sin el concurso de estas instituciones, de ser necesario.

La participación externa hace falta más que nunca por un problema que subyace a la medición pasada y futura de los ingresos. Como lo ha apuntado en otro pronunciamiento Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (grupo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil), es posible que en 2015 el Inegi se haya topado con acciones gubernamentales que movieron los indicadores de pobreza, sin necesariamente atender la misma.

 

Los alcances de lo anterior estarían por determinarse. Pero lo que está claro es que, desde el pasado mes de julio, la Secretaría de Desarrollo Social ha distribuido seis de los nueve millones y medio de "cartillas sociales” que piensa repartir este año a los beneficiarios de programas sociales, dándoles a conocer mediante las mismas el valor monetario de lo que reciben.

 Lo anterior ocurre prácticamente al mismo tiempo en que el Inegi levanta la información que se usará para medir el ingreso de los hogares de 2016, el cual será utilizado para calcular la pobreza.

Claramente, por más que exista consistencia interna en el trabajo del Inegi y un uso impecable de sus cifras por parte del Coneval, habría elementos ajenos a estas instituciones que dificultarían la comparabilidad de los datos de ingreso con los anteriores.

 Con intachable capacidad técnica pueden obtenerse cifras poco creíbles de ingresos y pobreza por una mejora en la información inducida por la política social.
Qué mejor que observadores externos para dar fe del buen proceder del Inegi y el Coneval, si así ocurre, y para señalar posibles elementos externos causantes de problemas de medición.
En este caso, quizás más que en ninguno de la historia estadística de México, sin duda, importa no ser juez y parte.
Mientras tanto, cabe preguntar: ¿sobre qué informará el presidente de la República en materia de combate a la pobreza?

*Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad, Centro de Estudios Espinosa Yglesias




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