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‘No hay cosmético que alcance’

Tlatlaya, Iguala, Tanhuato... los casos de violaciones a los derechos humanos se acumulan sin resolverse, y la administración pierde credibilidad frente a organismos internacionales
viernes, 2 de septiembre de 2016 · 00:00
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

El gobierno de Enrique Peña Nieto registra retrocesos en materia de derechos humanos, porque lejos de hacerse cargo de la crisis que enfrenta, optó por confrontarse con los organismos internacionales encargados de vigilar el cumplimiento de sus compromisos internacionales, advierte el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

 

El ex ombudsman de la Ciudad de México reconoce que, en sus inicios, la actual administración dio algunas señales positivas: promulgó la Ley de Víctimas -vetada por Felipe Calderón- y presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos con más celeridad que el gobierno anterior.

 

No obstante, estas señales se desvanecieron, y Peña Nieto terminó replicando políticas públicas criticadas por la comunidad nacional e internacional, como el despliegue de militares en tareas de seguridad pública.

Ahora, de cara a su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente enfrenta una grave crisis de credibilidad por casos de abuso de policías y Fuerzas Armadas que han dado la vuelta al mundo, como Tlatlaya, Iguala y, el más reciente, Tanhuato.

 

"Estas señales de inicio dieron una esperanza de que esta administración iba a trabajar de una manera más sistemática o que iba a tomar alguna distancia respecto al gobierno anterior; con el tiempo, lo que ha venido sucediendo es que esa distancia no se dio”, sostiene.

 El 15 de agosto, Emilio Álvarez Icaza concluyó su mandato como secretario ejecutivo de la CIDH, tras una serie de enfrentamientos con instancias gubernamentales mexicanas y activistas afines al gobierno.

En septiembre del año pasado, la CIDH salió en su defensa luego de que Isabel Miranda de Wallace lo acusara de conflicto de interés por la investigación del caso Ayotzinapa; seis meses después, la PGR inició una averiguación previa en su contra por el supuesto fraude de dos millones de pesos, dinero que, según el expediente, habría sido utilizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para desvirtuar la indagatoria de la Procuraduría. La denuncia fue desechada un mes después, pero sus detractores la aprovecharon para denostarlo.

 

En febrero de este año, Álvarez Icaza anunció que no solicitaría la renovación de su mandato, el cual podía extenderse cuatro años más.

 

Para el ex secretario ejecutivo de la CIDH, resulta preocupante que, a dos años de que concluya el sexenio, el gobierno federal no haya logrado generar una política pública que permita superar los problemas estructurales que favorecen las violaciones a los derechos humanos, entre los que destaca la impunidad.

 "Tienes un gobierno que dialoga con dificultad sobre el tema, que no acaba de asumir una posición en términos de consistencia democrática; entonces, no sabe si es costo-beneficio, no sabe si es ganancia-pérdida, y que no ha logrado generar una política pública que desatore los problemas estructurales en la materia”, indica.

Lo más lamentable, agrega, es que México cuenta con un sinnúmero de diagnósticos sobre derechos humanos, que las autoridades han optado por ignorar.

 "México se abre al escrutinio internacional y tiene como pocos países una batería de diagnósticos que, en lugar de atender, se hacen a un lado y entonces el problema se hace mayor”, señala.
La administración de Peña Nieto no sólo no cumplió con las expectativas generadas en materia de derechos humanos -un tema que hizo crisis en el sexenio de Calderón-, sino que retrocedió en áreas que costó mucho trabajo consolidar, como la cooperación internacional.
Álvarez Icaza acompañó al poeta Javier Sicilia en la fundación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en 2011. Participó en los diálogos de Chapultepec entre víctimas y el gobierno de Calderón. Y, en 2012, se convirtió en secretario ejecutivo de la CIDH.
Con esa experiencia, hoy reprocha al gobierno federal que haya puesto en práctica una política de confrontación con organismos internacionales críticos, que "regatee” la visita de expertos en temas como tortura y desapariciones forzadas y que, lejos de mostrar disposición a acatar sus observaciones, descalifique sistemáticamente sus informes.
"México es un país que tiene enfermedades severas en materia de impunidad, de justicia, de violaciones a los derechos humanos y, en lugar de atender los diagnósticos, ahora los combate”, lamenta.

En los últimos dos años, el gobierno mexicano se ha confrontado con al menos 15 organismos y organizaciones civiles de derechos humanos internacionales, entre los que se encuentran Open Society Justice Initiative, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.

 

"Sí hay un contexto de retroceso y sí hay países como México que están pensando que estos organismos son creados por los Estados, que tienen que atender a los Estados y que los Estados tienen que controlarlos”, advierte.

 

Esta estrategia de confrontación, agrega, dificulta aún más el acceso de las víctimas a la justicia, pues reduce la posibilidad de que organismos con autoridad moral ejerzan presión sobre las autoridades mexicanas ante casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.

 

"En el caso Ayotzinapa, por ejemplo, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes hubo descalificaciones muy fuertes, hubo un intento sistemático de descalificación para construir un ánimo de opinión pública que llevara a decir que ya no se podía continuar con la asistencia, pero todo lo contrario, el objeto de la asistencia es que aparecieran los muchachos y, a casi dos años, seguimos sin tener resultados, no hay una explicación de la autoridad, que es la que la tiene que dar”, indica.

 A ello se suma la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos, tema en el cual se ha avanzado poco a pesar de que muchos de ellos han sido asesinados, amenazados o encarcelados.

"México es un país que en la región tiene los peores índices de protección o de amenaza a defensores de derechos humanos, a defensoras, en el conjunto amplio de defensores, no sólo los que tienen las siglas de derechos humanos, hablo de defensores de comunidades LGBTI, hablo de mujeres, de líderes sindicales, de ambientalistas”, subraya.

 Álvarez Icaza afirma que las reformas impulsadas en los últimos años, como la de 2011 que elevó a rango constitucional los derechos humanos, ya no sirven para que el gobierno mexicano siga presumiendo avances en la materia.
"Ya no da como gobierno para seguir sobrevendiendo algo que has venido vendiendo todos los años como el gran cambio en derechos humanos, porque entonces ¿por qué pasan estas cosas?, ¿cómo las contrastas con una realidad de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violaciones graves a los derechos humanos?”, insiste.

Quedan dos años
De cara al Cuarto Informe de Gobierno, Álvarez Icaza considera que el gobierno federal tiene la obligación de aprovechar los dos años que le quedan para repensar su relación con organismos internacionales, y hacerse cargo de que garantizar el respeto a los derechos humanos es su responsabilidad ineludible.
"Quedan dos años muy valiosos para empujar transformaciones estructurales en materia de derechos humanos, creo que es una vía en la que hay que meterle muchísimos más recursos, mucha más política de Estado. Es tiempo de dejar de pelearse con los organismos internacionales; si quieren cuidar la imagen de México, así o lo van a hacer”, precisa.
De regreso en México, donde retomará sus actividades académicas y de defensoría, Álvarez Icaza confía en que siempre existan personas dispuestas a buscar justicia, lo que evitará cualquier intento por ocultar la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
"No hay cosmético que alcance en materia de derechos humanos, porque al final las víctimas siempre van a hablar, nunca va a faltar una persona que con el dolor que carga busque los medios para obtener justicia, como una señora que se arrodilla ante un secretario para pedir justicia y protección para su hija”, añade.


"México es un país que en la región tiene los peores índices de protección o de amenaza a defensores de derechos humanos, a defensoras, en el conjunto amplio de defensores, no sólo los que tienen las siglas de derechos humanos, hablo de defensores de comunidades LGBTI, hablo de mujeres, de líderes sindicales, de ambientalistas”.
Emilio Álvarez Icaza
Ex secretario ejecutivo de la CIDH



"No hay cosmético que alcance en materia de derechos humanos, porque al final las víctimas siempre van a hablar, nunca va a faltar una persona que con el dolor que carga busque los medios para obtener justicia, como una señora que se arrodilla ante un secretario para pedir justicia y protección para su hija”.
Emilio Álvarez Icaza
Ex secretario ejecutivo de la CIDH



Diplomacia y polémica
Lejos de atender sus informes, el gobierno mexicano ha optado por descalificar a los organismos internacionales que critican la situación de derechos humanos.
    2015
-Febrero
Tras realizar una visita a México, el relator especial de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, emitió un informe en el que afirma que ésta es una práctica generalizada en el país. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, lo acusó de sustentar sus afirmaciones en "dichos que no puede sostener” y lo calificó de poco profesional y ético. El funcionario aseguró que el gobierno mexicano no volverá a extender invitación alguna al relator.
-Febrero
El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU presentó sus observaciones al informe presentado por México unas semanas antes. En ellas, estableció que los datos aportados por el país "ilustran un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional”. El gobierno respondió que las afirmaciones del Comité "no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.
    2016
-Marzo
El gobierno refutó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando, entre otras cosas, que su metodología tenía "un sesgo inicial”. El informe, dado a conocer una horas antes, advierte sobre la violencia y la impunidad en México, la cual se evidencia en miles de casos de desapariciones forzadas, actos de tortura y muerte. Además, califica como insuficiente la respuesta del Estado ante graves violaciones a los derechos humanos.
-Abril
El gobierno mexicano comunicó a la CIDH que no solicitaría la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigaba la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. La conclusión del mandato se dio tras un año de tensiones entre el GIEI y la PGR, luego de que éste refutara la versión de la dependencia, según la cual, los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.
-Junio
Horas después de que la organización Open Society Justice Iniciative diera a conocer el informe Atrocidades innegables. Confrontando delitos de lesa humanidad, según el cual miles de asesinatos, desapariciones forzadas y actos de tortura ocurridos en el país son crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas federales, el gobierno federal aseguró que "la inmensa mayoría de los crímenes violentos ha sido cometidos por organizaciones criminales”.

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