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De combustibles y explicaciones
El aumento al precio de los energéticos provocará que los servicios y productos se disparen, lo que generará aún más el descontento social. 4 fotos
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Rolando Daniels Pinto/COLABORACIÓN
rdanielspinto@hotmail.com | Ensenada, B. C.
El incremento al precio de los combustibles ha fastidiado a la población porque en sí mismo es considerado absolutamente negativo, sobre todo en el corto plazo, dado el inevitable incremento en el precio de los bienes y servicios de consumo final, incluyendo el transporte público de Ensenada.
Parte del problema es que, tanto el gobierno como el partido en el poder (el PRI), quienes pretenden justificar el incremento mencionado, carecen de credibilidad y la estrategia de comunicación – de ambos – es su gran debilidad por la carencia de transparencia en cuanto al costos de los combustibles.
Los argumentos del gobierno son el incremento en el tipo de cambio y en el precio del barril de petróleo – aunque cuando era superior a los 100 dólares, el precio de los combustibles era menor – asociado con la desaparición del subsidio que le costaba a los contribuyentes 200 mil millones de pesos anuales, los cuales – se argumenta – podrán destinarse a gastos de mayor beneficio para la población.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 70 por ciento de la gasolina es consumida por la población ubicada en los tres niveles de mayor ingreso, considerándose que el subsidio es regresivo al beneficiar a quienes mejores sueldos perciben, en tanto que el 30 por ciento más pobre sólo consume el 9 por ciento de la gasolina.
Argumentos del gobierno
Otro argumento del gobierno viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien estima que el incremento en los precios de los combustibles impactará solamente 0.6 por ciento en el Índice Nacional de los Precios al Productor; es decir, no será un factor determinante en la inflación esperada para 2017; ello, basándose en la evolución tanto del precio de la gasolina como en el del Índice Nacional de los Precios al Consumidor (INPC).
Y es que mientras el INPC varió entre enero de 2010 y noviembre de 2016, 27.64 por ciento (a una tasa promedio anual del 4.61 por ciento), en el mismo periodo la gasolina Magna se incrementó 77.41 por ciento (12.90 por ciento anual), en tanto que la Premium 53.31 por ciento (un 8.89 por ciento anual) y el Diésel varió 77.54 por ciento (al 12.92 anual); en la lógica del gobierno, el incremento de los combustibles no ha disparado la inflación en siete años.
Aunque parecieran contundentes los argumentos del gobierno, faltan muchos datos por conocer, sobre todo en cuanto a estructuras de costos de producción e importación. Lamentablemente, del primer trimestre de 2011 a julio de 2016 el porcentaje de gasolina importada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para consumo en el país, pasó del 49.04 por ciento al 61.51 por ciento, aumentando la dependencia de los costos, a su precio internacional.
Sin embargo, de la producción nacional de combustibles es necesario conocer su estructura de costos y, por elemental transparencia, el impacto que tienen los sueldos, salarios y demás prestaciones que reciben los trabajadores de Pemex y, por otra parte, el dinero que el gobierno le asigna al sindicato.
Si el gobierno quiere convencer al respetable, es imprescindible un esfuerzo real para transparentar los costos de los combustibles nacionales e importados que distribuye, así como las condiciones regionales del mercado; es decir, el por qué del diferencial de precios entre el Este y el Oeste de la frontera norte.
Necesario análisis
Por otra parte, es necesario un análisis más profundo del impacto de un incremento del 20 por ciento en los combustibles en los precios de los bienes y servicios de consumo final, ya que de acuerdo con información de 2014 de la SCT, el 73.16 por ciento de los bienes (agropecuarios, pesqueros, materias primas e insumos, los semiterminados y los de consumo final, etcétera), se movilizan por las carreteras del país.
En efecto, de 703.92 millones de toneladas movilizadas durante 2014 en el país, 515 fueron por carretera, incrementando comparativamente su costo unitario e impactando en los costos de producción y en los gastos de distribución de los bienes de consumo final; sin considerar el costo ambiental.
Así, para el país resulta un problema estructural la transportación de mercancías al no utilizarse medios más económicos como el cabotaje, que en 2014 apenas movió 73.85 millones de toneladas (10.49 por ciento); ni qué decir sobre la debilidad del transporte ferroviario que en 2014 movilizó tan sólo 115.07 millones de toneladas (16.35 por ciento). Sin duda, el incremento de los combustibles impactará en la inflación.
Tarifas a la alza
Para colmo, es de esperarse un aumento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, ya que su último incremento data de septiembre de 2011 cuando se situó en 10 pesos; de entonces a la fecha la gasolina Magna y el Diésel han aumentado en 77.41 y 77.54 por ciento, respectivamente; considerando que el combustible representa el 60 por ciento de los costos de operación, el impacto directo supera el 46 por ciento.
Mas allá de que el transporte público en Ensenada no es el óptimo ni con mucho lo que el usuario merece, las actuales circunstancias obligan a reconocer la necesidad de un incremento en su tarifa, siendo un indeseable problema que se le presenta al cabildo, quien deberá establecer un mecanismo de negociación tomando medidas que comprometan un mejoramiento del servicio en el corto plazo.
Escenario negativo
Todo lo anterior, busca entender – que no justificar – la explicación del gobierno para sustentar el incremento en el precio de los combustibles, así como cuestionar su postura de que no tendrá un impacto negativo en la sociedad vía un impacto inflacionario, lo cual resulta altamente dudoso.
Independientemente de que retirar el subsidio a los combustibles se antoja deseable a la luz de un gasto publico más equitativo y con un costo de oportunidad orientado en beneficio de sectores más amplios de la población, parece inevitable – dado el problema estructural en la movilización de mercancías ya planteado – un impacto negativo en los precios de los bienes y servicios de consumo final.
En virtud de que los gobiernos estatales recibirán más recursos, derivado del incremento en el precio de los combustibles, es pertinente solicitar que el ejercicio de los mismos se transparente y aplique en medidas compensatorias como puede ser la creación de un subsidio para el transporte público de pasajeros; es lo menos que puede pedirse, so pena que el hartazgo social genere conflictos no deseados.
El incremento al precio de los combustibles ha fastidiado a la población porque en sí mismo es considerado absolutamente negativo
rdanielspinto@hotmail.com | Ensenada, B. C.
El incremento al precio de los combustibles ha fastidiado a la población porque en sí mismo es considerado absolutamente negativo, sobre todo en el corto plazo, dado el inevitable incremento en el precio de los bienes y servicios de consumo final, incluyendo el transporte público de Ensenada.
Parte del problema es que, tanto el gobierno como el partido en el poder (el PRI), quienes pretenden justificar el incremento mencionado, carecen de credibilidad y la estrategia de comunicación – de ambos – es su gran debilidad por la carencia de transparencia en cuanto al costos de los combustibles.
Los argumentos del gobierno son el incremento en el tipo de cambio y en el precio del barril de petróleo – aunque cuando era superior a los 100 dólares, el precio de los combustibles era menor – asociado con la desaparición del subsidio que le costaba a los contribuyentes 200 mil millones de pesos anuales, los cuales – se argumenta – podrán destinarse a gastos de mayor beneficio para la población.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 70 por ciento de la gasolina es consumida por la población ubicada en los tres niveles de mayor ingreso, considerándose que el subsidio es regresivo al beneficiar a quienes mejores sueldos perciben, en tanto que el 30 por ciento más pobre sólo consume el 9 por ciento de la gasolina.
Argumentos del gobierno
Otro argumento del gobierno viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien estima que el incremento en los precios de los combustibles impactará solamente 0.6 por ciento en el Índice Nacional de los Precios al Productor; es decir, no será un factor determinante en la inflación esperada para 2017; ello, basándose en la evolución tanto del precio de la gasolina como en el del Índice Nacional de los Precios al Consumidor (INPC).
Y es que mientras el INPC varió entre enero de 2010 y noviembre de 2016, 27.64 por ciento (a una tasa promedio anual del 4.61 por ciento), en el mismo periodo la gasolina Magna se incrementó 77.41 por ciento (12.90 por ciento anual), en tanto que la Premium 53.31 por ciento (un 8.89 por ciento anual) y el Diésel varió 77.54 por ciento (al 12.92 anual); en la lógica del gobierno, el incremento de los combustibles no ha disparado la inflación en siete años.
Aunque parecieran contundentes los argumentos del gobierno, faltan muchos datos por conocer, sobre todo en cuanto a estructuras de costos de producción e importación. Lamentablemente, del primer trimestre de 2011 a julio de 2016 el porcentaje de gasolina importada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para consumo en el país, pasó del 49.04 por ciento al 61.51 por ciento, aumentando la dependencia de los costos, a su precio internacional.
Sin embargo, de la producción nacional de combustibles es necesario conocer su estructura de costos y, por elemental transparencia, el impacto que tienen los sueldos, salarios y demás prestaciones que reciben los trabajadores de Pemex y, por otra parte, el dinero que el gobierno le asigna al sindicato.
Si el gobierno quiere convencer al respetable, es imprescindible un esfuerzo real para transparentar los costos de los combustibles nacionales e importados que distribuye, así como las condiciones regionales del mercado; es decir, el por qué del diferencial de precios entre el Este y el Oeste de la frontera norte.
Necesario análisis
Por otra parte, es necesario un análisis más profundo del impacto de un incremento del 20 por ciento en los combustibles en los precios de los bienes y servicios de consumo final, ya que de acuerdo con información de 2014 de la SCT, el 73.16 por ciento de los bienes (agropecuarios, pesqueros, materias primas e insumos, los semiterminados y los de consumo final, etcétera), se movilizan por las carreteras del país.
En efecto, de 703.92 millones de toneladas movilizadas durante 2014 en el país, 515 fueron por carretera, incrementando comparativamente su costo unitario e impactando en los costos de producción y en los gastos de distribución de los bienes de consumo final; sin considerar el costo ambiental.
Así, para el país resulta un problema estructural la transportación de mercancías al no utilizarse medios más económicos como el cabotaje, que en 2014 apenas movió 73.85 millones de toneladas (10.49 por ciento); ni qué decir sobre la debilidad del transporte ferroviario que en 2014 movilizó tan sólo 115.07 millones de toneladas (16.35 por ciento). Sin duda, el incremento de los combustibles impactará en la inflación.
Tarifas a la alza
Para colmo, es de esperarse un aumento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, ya que su último incremento data de septiembre de 2011 cuando se situó en 10 pesos; de entonces a la fecha la gasolina Magna y el Diésel han aumentado en 77.41 y 77.54 por ciento, respectivamente; considerando que el combustible representa el 60 por ciento de los costos de operación, el impacto directo supera el 46 por ciento.
Mas allá de que el transporte público en Ensenada no es el óptimo ni con mucho lo que el usuario merece, las actuales circunstancias obligan a reconocer la necesidad de un incremento en su tarifa, siendo un indeseable problema que se le presenta al cabildo, quien deberá establecer un mecanismo de negociación tomando medidas que comprometan un mejoramiento del servicio en el corto plazo.
Escenario negativo
Todo lo anterior, busca entender – que no justificar – la explicación del gobierno para sustentar el incremento en el precio de los combustibles, así como cuestionar su postura de que no tendrá un impacto negativo en la sociedad vía un impacto inflacionario, lo cual resulta altamente dudoso.
Independientemente de que retirar el subsidio a los combustibles se antoja deseable a la luz de un gasto publico más equitativo y con un costo de oportunidad orientado en beneficio de sectores más amplios de la población, parece inevitable – dado el problema estructural en la movilización de mercancías ya planteado – un impacto negativo en los precios de los bienes y servicios de consumo final.
En virtud de que los gobiernos estatales recibirán más recursos, derivado del incremento en el precio de los combustibles, es pertinente solicitar que el ejercicio de los mismos se transparente y aplique en medidas compensatorias como puede ser la creación de un subsidio para el transporte público de pasajeros; es lo menos que puede pedirse, so pena que el hartazgo social genere conflictos no deseados.
El incremento al precio de los combustibles ha fastidiado a la población porque en sí mismo es considerado absolutamente negativo
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