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Cuestionan designación en delegación de STyPS

sábado, 7 de octubre de 2017 · 00:00

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Abogados locales cuestionaron el nombramiento de Iván Nolasco Cruz como delegado en Ensenada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por considerar que pudiera existir conflicto de intereses, ya que el nuevo funcionario tiene vínculos familiares con quien preside la Junta de Conciliación y Arbitraje de la localidad.

José Angel Bustamante Arvizu, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, señaló que la circunstancia familiar de Nolasco Cruz pudiera afectar los trabajos de la Junta de Conciliación y las demandas que presentan los procuradores del trabajo dependientes del mencionado delegado.

Por su parte, Daniel Valeriano Aguilar, presidente de los Abogados Humanistas Manuel Gómez Morín, afirmó que dicho nombramiento no afectaría las actividades de ambas partes, ya que no existe ninguna injerencia de Nolasco Cruz en ninguna de las dos áreas.

Destacó que los nombramientos de los funcionarios deben darse a las personas que cuentan con la capacidad para ello, como aseguró es el caso de Nolasco Cruz, y que además existe un conocimiento de la plaza y el respeto a la labor que realiza tanto la Junta de Conciliación como los procuradores del trabajo.

Antonio Pacheco Ortiz, presidente de la Barra de Abogados de Ensenada, afirmó que se requieren buenos funcionarios que cumplan con un perfil y capacidad adecuada, y en el caso particular se requiere que exista objetividad e imparcialidad para el manejo de los asuntos laborales que se traten tanto en la Junta de Conciliación como en la procuración y defensa de los derechos de los trabajadores.

Guillermo Ibarra Armenta, presidente de la Asociación Licenciados en Derecho Litigantes de Ensenada, afirmó que en el nombramiento de un funcionario debe revisarse la preparación profesional, la experiencia laboral y que no se generen conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

Marisol Pérez Prado, representante del Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho, afirmó que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está capacitado y los nombramientos en México se dan principalmente por amiguismo o compromisos políticos expresión a una crisis moral que vive el país.

Planteó al respecto la necesidad de que se tipifique en México el conflicto de intereses para poder sancionar cuando una situación de ese tipo se presente en cualquiera de los cargos públicos municipales, estatales o federales.

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