Dinero y campañas

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

En los grandes escándalos internacionales -como Odebrecht o Panama Papers- y en los asuntos locales -como el Grupo Higa y las casas de Las Lomas y Malinalco, o las empresas hidalguenses beneficiadas por funcionarios cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong-, el común denominador es la complicidad entre políticos y empresarios, ya sea para financiar campañas, obtener contratos de obra pública o generar grandes riquezas que acaban en paraísos fiscales.

De cara a las elecciones de 2018, cuyas precampañas inician el próximo jueves, el Instituto Nacional Electoral convocó a dos días de discusión sobre estos temas, en el seminario “Dinero y Política, Democracia vs. corrupción”, en el que especialistas internacionales, expertos mexicanos y autoridades electorales y del sistema anticorrupción compartieron experiencias sobre cómo frenar el dinero ilícito en las campañas.

Tres de los principales personajes que participaron en el seminario, Iván Velásquez, Marcela Ríos y Jorge Malem, coinciden en que se debe mantener el financiamiento público como prioritario en el sistema electoral mexicano, y fortalecer la fiscalización a entes privados que encuentran los resquicios para financiar la política.

‘El problema son los privilegios’
Para frenar el flujo de recursos ilícitos en las campañas electorales, el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, propone prohibir que las empresas que financian a candidatos, puedan obtener contratos de la administración pública entrante por adjudicación directa.

“Pensaba, por ejemplo, que la contratación directa a la que se recurre con tanta frecuencia, sea prohibida respecto del financista y así, por lo menos, garantizar que sea mediante procesos transparentes de licitación que se le adjudique a un financista, porque aquí sí estaría en equilibrio con los demás”, sugiere.

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) advierte que en las campañas electorales pueden infiltrarse recursos ilícitos del crimen organizado, pero también de otros sectores, como el empresarial.

El abogado colombiano, quien llevó a la cárcel al ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y quien mantiene abierto un proceso por financiamiento ilícito en contra de su sucesor, Jimmy Morales, advierte que las aportaciones privadas a los procesos electorales no son malas por sí mismas, pero cuando estos recursos no están debidamente regulados y fiscalizados, se convierten en mecanismos que utilizan unos cuantos para asegurarse beneficios.

“El financiamiento no es en sí mismo un delito, el financiamiento no es malo. El financiamiento es contribuir también al fortalecimiento democrático... el problema es si por esto se obtienen privilegios respecto de los demás ciudadanos que no financiaron a determinado candidato que resultó elegido”, señala.

Velásquez, quien desde 2013 ha liderado el proceso de combate a la corrupción en Guatemala, afirma que el financiamiento ilícito desequilibra la equidad de los procesos electorales y la competencia de las empresas.

“Un financista no tiene por qué recibir beneficios de aquel que financió porque, además, desequilibra la igualdad de los ciudadanos, de los empresarios, de las empresas que, se supone, compiten con transparencia en los procesos de contratación administrativa”, señala.

Recuerda que, en el caso de Guatemala, las investigaciones de la Cicig y de la Fiscalía General demostraron que detrás de la historia del financiamiento ilícito del Partido Patriota -que llevó al poder a Otto Pérez Molina en 2011, y que fue disuelto en 2013- hay empresas en su mayoría “de papel”.

“¿Cómo hemos logrado muchas investigaciones en tema de financiamiento electoral ilícito? Investigando corrupción. Las investigaciones de corrupción relacionadas con el partido del gobierno anterior, del Partido Patriota, nos suministraron mucha información. En los allanamientos y en la documentación obtenida entonces de reportes, de anotaciones, de cuentas que encontramos en muchas de las personas allanadas, y luego siguiendo la línea de la corrupción, encontramos empresas de cartón, empresas de papel que aparecían con pagos recibidos por actividades que no desempeñaban, con esto logramos reconstruir bastante de la historia de financiamiento”, explica.

También responsable de la indagatoria que en la década de los 90 reveló una red de funcionarios que facilitaban lujos y privilegios al capo Pablo Escobar en la prisión de La Catedral, en Colombia, Velásquez expone que para frenar el flujo de recursos ilícitos en las campañas es necesario fortalecer los sistemas de fiscalización y aplicar sanciones severas en contra de partidos políticos y candidatos que incurran en faltas.

El especialista considera que una de las lecciones que México puede tomar de Guatemala es que la lucha contra la corrupción es posible.

“No se ha eliminado la corrupción, probablemente no se haya rebajado sensiblemente, probablemente no se ha disminuido bastante, ni un poco la impunidad, pero sí se ha demostrado que es posible. ¿Eso qué implicaciones tiene? Cuando se demuestra que es posible uno dice: ‘bueno, ¿y por qué no se hace más extensamente?’”, sostiene.

‘Se vulnera el principio de igualdad’
Marcela Ríos formó parte del grupo que impulsó el paquete de reformas más importante en materia de conflicto de interés, tráfico de influencias y corrupción en Chile. Desde esa experiencia, advierte que el financiamiento ilícito en la política tiene tres consecuencias fundamentales: genera inequidad, corrompe la integridad de los funcionarios públicos y coloca por encima del bien común los intereses de unos cuantos.

Ríos indica que la introducción de dinero ilícito impide que los ciudadanos participen en los procesos de toma de decisiones en condiciones de igualdad, pues quienes aportan recursos a un candidato o a un partido político, en la práctica, pueden tener mayor incidencia.

“Uno de los efectos que tiene el dinero en la democracia cuando no está bien regulado, es que vulnera el principio de igualdad, entonces el poder de algunos vale mucho más que el de otros, la voz, la opinión, la capacidad de incidir en temas, la capacidad de persuadir a través de diversos mecanismos y eso puede terminar socavando la legitimidad del régimen democrático”, afirma.

El Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y Corrupción de Chile -también conocida como Comisión Engel- elaboró el paquete legislativo impulsado por la presidente Michelle Bachelet en su reciente mandato presidencial, que está por concluir.

Como integrante de ese consejo, la politóloga sostiene que el financiamiento ilegal también tiene un efecto nocivo en el funcionamiento del Estado, toda vez que quienes aportan recursos a la política, lo hacen a cambio de ciertos beneficios.

“Puede terminar socavando la integridad de funcionarios públicos, puede terminar desvirtuando y, además, pasando recursos que deben ser para temas relevantes: el desarrollo, la educación, la salud, el medio ambiente; recursos públicos que terminan siendo reorientados para temas privados o para temas no prioritarios debido a la corrupción”, afirma.

El peligro, concluye, es que los intereses de ciertos sectores sean colocados por encima del bien común.

“El sistema democrático y la política se supone que tienen que cumplir el rol de velar por el bien común, por los intereses colectivos y, cuando el dinero entra en la política, se desvirtúa el interés colectivo por los intereses privados, entonces, al final, se termina legislando o tomando decisiones no por el bien común sino por los intereses corporativos, de grupos económicos, de individuos, de familias o de ciertos sectores”, indica.

La especialista considera que transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos y de sus familiares, así como sus redes de contactos, son medidas fundamentales para prevenir la corrupción que genera la introducción de dinero privado en las democracias.

“Que todos sepamos que tú, además de tener este trabajo, tus familiares tienen este patrimonio o un rol en una fundación sin fines de lucro. Es importante”, insiste.

Ríos señala que México ha logrado avanzar en la fiscalización del dinero lícito en los procesos electorales, pues al establecer un sistema de financiamiento predominantemente público, ha construido una “verdadera Muralla China”.

No obstante, advierte que fortalecer los sistemas de fiscalización es un reto constante, pues el financiamiento ilícito siempre está buscando resquicios para infiltrarse.

La Comisión Engel fue creada en 2015 por la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, luego del escándalo por el caso Caval: un millonario préstamo que dio el Banco de Chile a su nuera luego de que la mandataria ganó sus segundas elecciones presidenciales.

El grupo tuvo como objetivo generar propuestas en el plano administrativo, legal y ético para regular la relación entre los sectores público y privado. El trabajo del organismo derivó en diversas reformas en temas como el financiamiento a partidos políticos, tráfico de influencias y conflictos de interés.

Este paquete de reformas es considerado el más importante aprobado hasta ahora en Chile en materia de combate a la corrupción.

‘Las empresas son parte del problema’
En materia de financiamiento ilícito de campañas, las empresas son parte del problema y no de la solución, asegura Jorge Malem, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.

El abogado argentino señala que, para combatir el flujo de dinero sucio en la política, es fundamental establecer un sistema de control férreo que abarque a los partidos políticos, pero también al sector privado.

“Las empresas aquí son parte del problema, no parte de la solución. Mientras pongamos sólo el acento en la investigación de la financiación de los partidos políticos, en el sector público, no hay solución”, advierte.

Autor del libro Pobreza, corrupción, (in) seguridad jurídica, Malem explica que las campañas políticas son del interés del sector privado, de la delincuencia organizada y de los poderes fácticos, porque a través del triunfo de ciertos candidatos, esos actores buscan acceder o perpetuar su poder.

“¿Por qué buscan tener poder político? Para garantizar, primero, impunidad y, segundo, para seguir aumentando su poder económico. Esto no sólo ocurre aquí, ocurre en todas partes del mundo”, asegura.

El académico coincide en que las aportaciones privadas a los partidos políticos influyen las decisiones de estos.

“El financiamiento privado lo que hace es sesgar la toma de decisiones de los partidos y financia a los partidos a cambio de que, una vez llegados al poder, se lo devuelvan o retornen lo invertido con muchas ganancias, sobre todo a través de obra pública, aunque no exclusivamente”, detalla.

En opinión de Malem, extender el sistema de fiscalización a las empresas es un paso que se tiene que darse tarde o temprano.

Considera que abrir demasiado el financiamiento privado es peligroso, porque se corre el riesgo de que el mercado se convierta en el factor determinante de las decisiones políticas.

El especialistas asegura que, en materia de fiscalización, México cuenta con un diseño institucional adelantado; el problema es que éste no se cumple.

“A veces el problema no es la falta de recursos sino la falta de aplicación de los recursos. México tiene un diseño institucional que es compatible con cualquier sistema adelantado en el mundo, el problema es que no se cumple, entonces hay que recomendar que se cumpla con la ley”, sostiene.

Para el catedrático, uno de los grandes pendientes de los sistemas de fiscalización, incluido el mexicano, es la coordinación.

“Es necesario que las instituciones fiscalizadoras, por ejemplo, tengan capacidad de cruzar información con otras instituciones, no siempre ocurre eso; que tengan la capacidad para poder investigar al sector privado, no siempre ocurre eso, y que estén dotados económicamente, tanto desde el punto de vista financiero como humano para la investigación, no siempre ocurre eso”, indica.