Buscan bajar la violencia

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ciudad de México

Francisco Vega de Lamadrid participó ayer en la XLII sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se acordó promover las modificaciones de ley necesarias para que los policías puedan contar con derechos laborales, lo cual ya se está promoviendo en diversos Estados, evento que fue encabezado por Enrique Peña Nieto y gobernadores de las demás entidades del país.

Otro de los temas de relevancia fue el acuerdo de modificar el protocolo nacional para todas las corporaciones policiacas, así como aprobar la ley para el uso de armas de fuego, y establecer un modelo nacional para justicia terapéutica en lo relacionado con las adicciones.

Estrategias de seguridad
Durante el evento, el bajacaliforniano presentó el informe de actividades de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la cual preside, y se refirió al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana como el responsable de dos programas con prioridad nacional, que son la “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” y el “Acceso a la Justicia para las Mujeres”, a los cuales se destinó un total de 283.5 millones de pesos para la implementación de cinco importantes acciones.

Entre dichas acciones, el gobernador destacó la creación de un modelo con lineamientos y procedimientos para llevar a cabo la operación de los Centros de Justicia para Mujeres en 32 entidades federativas, como instancias de atención integral a problemas de género y que forman parte de una estrategia de seguridad ciudadana para apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

Así mismo, la creación de un diagnóstico cuestionario enviado a las 32 Fiscalías y/o procuradurías estatales, con el propósito de identificar las necesidades en recursos humanos y materiales, así como el índice de incidencia delictiva de cada una de la entidades federativas, y respecto al grado de avance para la investigación de la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.

De igual manera se determinó que 300 municipios y demarcaciones que reciben recursos para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal (Fortaseg) desarrollarían un proyecto especial en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia dirigido a prevenir y disminuir el delito de homicidio doloso.