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Se dispara en México crisis de derechos humanos: AI
El informe de la ONG registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como represión en la región a través de violentas estrategias. 3 fotos
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AGENCIAS
Ciudad de México
Según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17, el año que concluyó hubo un aceleramiento de la crisis de los derechos humanos en América Latina. El informe registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como represión en la región a través de violentas estrategias.
"Con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable”, señala el informe.
Países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos.
"La crisis está interconectada con todo lo que pasa en la región”, explicó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. "Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.
El informe destaca el caso de México como uno de los más graves y señala que "la impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta”. La Procuraduría General de la República informó que se estaban revisando 4 mil 715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3 mil peticiones pendientes de tramitación.
Otro elemento que hace más complejo el caso mexicano es la gran afluencia de migrantes que recibe cada año, a causa de su proximidad geográfica con Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400 mil personas indocumentadas cruzan la frontera Sur de México; el documento muestra que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6 mil 898 solicitudes de asilo, pero sólo se les concedió la condición de refugiados a 2 mil 162 personas. El 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
"México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio y se ha convertido en el país que hace el trabajo sucio de los estadounidenses, porque tiene el mayor número de deportaciones en los últimos dos años: sólo en 2016 devolvió a cerca de 150 mil ciudadanos a Guatemala, Honduras y El Salvador”, señala Guevara-Rosas.
En este sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, explicó que además "hay una crisis de solicitantes de refugio y migrantes que transitan por el territorio mexicano que no sólo buscan irse a Estados Unidos, sino que también quieren quedarse en México debido a la violencia de Centroamérica”.
En territorio mexicano, el documento registró los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Tanhuato, Tlatlaya, Atenco y Apatzingán en los que las investigaciones no han servido para aclarar los hechos. Y pone un énfasis especial en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que "confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible”.
Guevara-Rosas hace evidente que el gobierno no tuvo la voluntad política necesaria para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias: "Se trata de un presidente sumido en escándalos de corrupción, se trata del gobernador de un Estado como Veracruz que huye en medio de escándalos y la gente siente que no hay justicia para las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el país”.
El informe señala que, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29 mil 917 personas desaparecidas (22 mil 414 hombres y 7 mil 503 mujeres), y registra además el asesinato de 11 periodistas. Reneaum Panszi explica que al revisar las cifras de desaparecidos y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, así como las violaciones a la libertad de reunión, surge un hilo conductor en todas las situaciones: "Vemos la omisión del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos. Todos los apartados nos muestran una falencia del gobierno por establecer un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de la ciudadanía”.
El "Triángulo Norte” de Centroamérica
Países como El Salvador, Guatemala y Honduras, se han convertido en una de las regiones más violentas del mundo superando las cifras de muertes de zonas en guerra. Según los datos del informe la tasa de homicidios de El Salvador (108 habitantes de cada 100 mil) era una de las más altas registradas. Durante la primera mitad de 2016 se denunciaron 3 mil 438 homicidios, frente a los 3 mil 335 del mismo periodo de 2015. En Honduras más de un centenar de agentes de policía de alto rango fueron destituidos por su vinculación con la delincuencia organizada y Guatemala inició una serie de investigaciones contra más de una decena de ex militares por diversas violaciones a los derechos humanos.
Los expertos de Amnistía Internacional explican que la inacción de los gobiernos de la región provocó un vacío de poder que fue ocupado por poderosas empresas trasnacionales, especialmente las dedicadas a las actividades mineras que necesitan implementar operaciones de apropiación de territorios y recursos naturales. "Esa apropiación afectaba sobre todo a tierras reclamadas por pueblos indígenas, otras minorías étnicas y campesinos, o tierras que les pertenecían, y se llevaba a cabo sin respetar debidamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado”, establece la investigación.
En el caso de Centroamérica esto provocó una oleada de ataques contra defensores de los derechos humanos y luchadores ambientales. Honduras y Guatemala se convirtieron en los países más peligrosos del mundo para quienes se dedican a la defensa de la Tierra y el medio ambiente; los activistas fueron amenazados, les levantaron cargos falsos, campañas de difamación, sufrieron agresiones y homicidios.
La muerte de Berta Cáceres, la dirigente indígena hondureña que fue asesinada a tiros en su casa por hombres armados en marzo de 2016, evidenció el riesgo que corren estos activistas. Otros defensores de los derechos humanos de Honduras como José Ángel Flores, Silmer Dionisio George y José de los Santos Sevilla también fueron asesinados.
En Guatemala se denunció la criminalización, mediante procedimientos penales sin fundamento y el uso indebido del sistema de justicia penal, de quienes se oponen a proyectos de explotación de los recursos naturales, y suelen ser identificados como "el enemigo interno”. Según Udefegua, una ONG local, 14 activistas de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio.
Tortura, aún generalizada: ONU
La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México, concluye el informe de seguimiento del relator especial contra la tortura, Juan Méndez, sobre su misión a México.
"El relator lamenta concluir una vez más que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. La tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones”, indica el texto publicado en la web del relator.
"A dos años de su visita (el relator) lamenta informar que la situación no ha cambiado. Varias organizaciones manifiestan que la tortura sigue siendo perpetrada de forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación”, subraya.
"A esto se le suma un contexto de impunidad grave, donde la falta de investigación de estos hechos es la regla’’, sostiene el informe elaborado por Méndez con el fin de dar seguimiento a su visita realizada al país en abril de 2014.
"A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México.
"El relator desea resaltar con preocupación que según información del IGI, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. El 98 por ciento de los delitos en México permanecen en impunidad. Más preocupante es la carencia de cifras oficiales sobre los cargos y condenas por actos de tortura”, destaca el documento.
A pesar de que el experto no pudo realizar la visita de seguimiento que solicitó al Gobierno mexicano, Méndez envió un cuestionario sobre las recomendaciones más relevantes realizadas en su primer informe y realizó una consulta al Estado, a 54 organizaciones de la sociedad civil, y a las 33 Comisiones de Derechos Humanos.
El informe también será presentado por el suizo Nils Melzer, el nuevo relator de ONU contra la tortura (quien sucede a Méndez) en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que inicia en Ginebra la próxima semana.
"Entendemos que la eliminación de la tortura es un desafío fundamental para México y es por ello que reiteramos nuestra recomendación sobre la importancia de promulgar la Ley General sobre la Tortura, con disposiciones apegadas a los más altos estándares internacionales”, urge el documento.
"La crisis está interconectada con todo lo que pasa en la región. Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.
Erika Guevara-Rosas
Directora de AI para las Américas
Según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29 mil 917 personas desaparecidas y registra además el asesinato de 11 periodistas
Ciudad de México
Según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17, el año que concluyó hubo un aceleramiento de la crisis de los derechos humanos en América Latina. El informe registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como represión en la región a través de violentas estrategias.
"Con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable”, señala el informe.
Países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos.
"La crisis está interconectada con todo lo que pasa en la región”, explicó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. "Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.
El informe destaca el caso de México como uno de los más graves y señala que "la impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta”. La Procuraduría General de la República informó que se estaban revisando 4 mil 715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3 mil peticiones pendientes de tramitación.
Otro elemento que hace más complejo el caso mexicano es la gran afluencia de migrantes que recibe cada año, a causa de su proximidad geográfica con Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400 mil personas indocumentadas cruzan la frontera Sur de México; el documento muestra que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6 mil 898 solicitudes de asilo, pero sólo se les concedió la condición de refugiados a 2 mil 162 personas. El 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
"México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio y se ha convertido en el país que hace el trabajo sucio de los estadounidenses, porque tiene el mayor número de deportaciones en los últimos dos años: sólo en 2016 devolvió a cerca de 150 mil ciudadanos a Guatemala, Honduras y El Salvador”, señala Guevara-Rosas.
En este sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, explicó que además "hay una crisis de solicitantes de refugio y migrantes que transitan por el territorio mexicano que no sólo buscan irse a Estados Unidos, sino que también quieren quedarse en México debido a la violencia de Centroamérica”.
En territorio mexicano, el documento registró los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Tanhuato, Tlatlaya, Atenco y Apatzingán en los que las investigaciones no han servido para aclarar los hechos. Y pone un énfasis especial en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que "confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible”.
Guevara-Rosas hace evidente que el gobierno no tuvo la voluntad política necesaria para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias: "Se trata de un presidente sumido en escándalos de corrupción, se trata del gobernador de un Estado como Veracruz que huye en medio de escándalos y la gente siente que no hay justicia para las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el país”.
El informe señala que, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29 mil 917 personas desaparecidas (22 mil 414 hombres y 7 mil 503 mujeres), y registra además el asesinato de 11 periodistas. Reneaum Panszi explica que al revisar las cifras de desaparecidos y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, así como las violaciones a la libertad de reunión, surge un hilo conductor en todas las situaciones: "Vemos la omisión del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos. Todos los apartados nos muestran una falencia del gobierno por establecer un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de la ciudadanía”.
El "Triángulo Norte” de Centroamérica
Países como El Salvador, Guatemala y Honduras, se han convertido en una de las regiones más violentas del mundo superando las cifras de muertes de zonas en guerra. Según los datos del informe la tasa de homicidios de El Salvador (108 habitantes de cada 100 mil) era una de las más altas registradas. Durante la primera mitad de 2016 se denunciaron 3 mil 438 homicidios, frente a los 3 mil 335 del mismo periodo de 2015. En Honduras más de un centenar de agentes de policía de alto rango fueron destituidos por su vinculación con la delincuencia organizada y Guatemala inició una serie de investigaciones contra más de una decena de ex militares por diversas violaciones a los derechos humanos.
Los expertos de Amnistía Internacional explican que la inacción de los gobiernos de la región provocó un vacío de poder que fue ocupado por poderosas empresas trasnacionales, especialmente las dedicadas a las actividades mineras que necesitan implementar operaciones de apropiación de territorios y recursos naturales. "Esa apropiación afectaba sobre todo a tierras reclamadas por pueblos indígenas, otras minorías étnicas y campesinos, o tierras que les pertenecían, y se llevaba a cabo sin respetar debidamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado”, establece la investigación.
En el caso de Centroamérica esto provocó una oleada de ataques contra defensores de los derechos humanos y luchadores ambientales. Honduras y Guatemala se convirtieron en los países más peligrosos del mundo para quienes se dedican a la defensa de la Tierra y el medio ambiente; los activistas fueron amenazados, les levantaron cargos falsos, campañas de difamación, sufrieron agresiones y homicidios.
La muerte de Berta Cáceres, la dirigente indígena hondureña que fue asesinada a tiros en su casa por hombres armados en marzo de 2016, evidenció el riesgo que corren estos activistas. Otros defensores de los derechos humanos de Honduras como José Ángel Flores, Silmer Dionisio George y José de los Santos Sevilla también fueron asesinados.
En Guatemala se denunció la criminalización, mediante procedimientos penales sin fundamento y el uso indebido del sistema de justicia penal, de quienes se oponen a proyectos de explotación de los recursos naturales, y suelen ser identificados como "el enemigo interno”. Según Udefegua, una ONG local, 14 activistas de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio.
Tortura, aún generalizada: ONU
La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México, concluye el informe de seguimiento del relator especial contra la tortura, Juan Méndez, sobre su misión a México.
"El relator lamenta concluir una vez más que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. La tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones”, indica el texto publicado en la web del relator.
"A dos años de su visita (el relator) lamenta informar que la situación no ha cambiado. Varias organizaciones manifiestan que la tortura sigue siendo perpetrada de forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación”, subraya.
"A esto se le suma un contexto de impunidad grave, donde la falta de investigación de estos hechos es la regla’’, sostiene el informe elaborado por Méndez con el fin de dar seguimiento a su visita realizada al país en abril de 2014.
"A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México.
"El relator desea resaltar con preocupación que según información del IGI, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. El 98 por ciento de los delitos en México permanecen en impunidad. Más preocupante es la carencia de cifras oficiales sobre los cargos y condenas por actos de tortura”, destaca el documento.
A pesar de que el experto no pudo realizar la visita de seguimiento que solicitó al Gobierno mexicano, Méndez envió un cuestionario sobre las recomendaciones más relevantes realizadas en su primer informe y realizó una consulta al Estado, a 54 organizaciones de la sociedad civil, y a las 33 Comisiones de Derechos Humanos.
El informe también será presentado por el suizo Nils Melzer, el nuevo relator de ONU contra la tortura (quien sucede a Méndez) en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que inicia en Ginebra la próxima semana.
"Entendemos que la eliminación de la tortura es un desafío fundamental para México y es por ello que reiteramos nuestra recomendación sobre la importancia de promulgar la Ley General sobre la Tortura, con disposiciones apegadas a los más altos estándares internacionales”, urge el documento.
"La crisis está interconectada con todo lo que pasa en la región. Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.
Erika Guevara-Rosas
Directora de AI para las Américas
Según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29 mil 917 personas desaparecidas y registra además el asesinato de 11 periodistas
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