Desvían 12 mdp en defensa de territorio
Sin contar con autorización de Cabildo, Gilberto Hirata Chico instruyó a ejecutivos de Bansi depositar dinero a un despacho jurídico
Ensenada, B. C.
Sin licitar, ni contar con la autorización del Cabildo, en un periodo de tres semanas, el ex alcalde Gilberto Hirata Chico, habría instruido a ejecutivos de Bansi, a depositar más de 12 millones de pesos al despacho jurídico Menchaca, Pérez y Asociados, como pago por la defensa del territorio de Ensenada.
Los conceptos de las transferencias solicitadas del 8 al 29 de noviembre de 2016, son viáticos, gastos de representación, honorarios y presentación de la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Incluso, uno de los documentos establece "...trámites legales y recursos ante el Congreso del Estado de B.C., dentro del procedimiento de límites territoriales”, sin embargo, en esa fecha ya se había emitido el Dictamen 137.
Los recursos del crédito con Bansi, que se obtuvieron del crédito por más de 665 millones de pesos, estaban etiquetados para el pago de deuda pública.
Además de pruebas documentales sobre las transferencias, existen contratos que el ex presidente municipal y el ex secretario del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, habrían signado (también sin la aprobación del Cabildo), con representantes del citado despacho.
En distintas declaraciones, Hirata Chico aseguró que el ex ministro Genaro Góngora Pimentel, se involucró en lo relacionado con la Controversia Constitucional que Ensenada presentó ante la SCJN.
Pero, según autoridades municipales, no se ha localizado documento alguno que pruebe lo dicho por el ex primer edil, ni hay documentación que involucre a la abogada Makawi Staines Díaz, quien, se dijo, era "recomendada” por el ex magistrado en retiro.
Pagos conceptos y oficios
Según los documentos obtenidos por El Vigía, el 8 de noviembre del 2016 (Oficio PM2457/2016/DPGF/BANSI) se realizó el pago de honorarios de la representación de la Controversia Territorial por 5 millones 220 mil pesos.
El 24 de noviembre de 2016 (Oficio PM0484/2016/DPGF/BANSI) se hizo el pago de honorarios de la representación de la Controversia Territorial por 1 millón 740 mil pesos.
El 24 de noviembre de ese mismo año (Oficio PM0485/2016/DGPF/BANSI) se costeó la asesoría y análisis de la documentación de los trámites legales y recursos ante el Congreso del Estado de B.C., dentro del procedimiento de límites territoriales, por 2 millones 900 mil pesos.
y el 29 de noviembre de 2016 (Oficio PM2460/2016/DPGF/BANSI), por concepto de viáticos, gastos de representación, e investigación documental se pagó 2 millones 552 mil pesos. En total fueron 12 millones 412 mil pesos.
Antecedentes
La controversia constitucional ante la SCJN, fue para demandar la invalidación del Dictamen 137.
Se radicó ante la SCJN, con Arturo Saldívar Lelo de Larrea, como ministro instructor.
La suspensión del dictamen se obtuvo el mes de noviembre de 2016, con lo que ningún acto del Congreso Estado, se ejecutará hasta que la SCJN emita la resolución.
Cabe mencionar que se emplazó al Congreso del Estado como autoridad demandada y, como tercero interesado, al municipio de Playas de Rosarito. Ambas partes, emitieron la contestación a la demanda de Controversia Constitucional.
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