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Tráfico de influencias en demanda a Agatón
La juez, Blanca Sánchez podría estar “trabando” la indemnización de una empleada que despidieron de manera ilegal
Nicté Madrigal/EL VIGÍA
nmadrigal@elvigia.net | Ensenada, B. C.
La diputada, Claudia Agatón Muñiz, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado y quien fue condenada a indemnizar a una ex empleada por despido injustificado, estaría incurriendo en supuesto tráfico de influencias para incumplir el laudo, señaló el abogado Sergio Almazán Olachea.
El litigante, defensor de una ex empleada de Agatón, mencionó que la legisladora, aparentemente, tiene el respaldo de la presidente de la Junta Especial número uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, quien retrasa la ejecutación del embargo de las instalaciones del Partido del Trabajo (PT).
Esto, puntualizó, porque están a nombre de Claudia Agatón Muñiz, quien debe pagar 379 mil 349.99 pesos, a su ex empleada (gestora social), Anna Ofelia Ochoa Espinoza.
Además, dijo, la presidenta de la junta, Blanca Sánchez Loaiza, quien calculó la cantidad referida, posteriormente realizó, a petición de Agatón, un segundo cálculo de las prestaciones, que resultó 71 mil 273 pesos menor a la cantidad que había establecido.
El relato
Sergio Almanzán Olachea, comentó que, a partir de enero del 2011, Anna Ofelia se desempeñaba como gestora social y bajo las órdenes de Claudia Agatón, con un salario de 266.66 pesos por día.
El 21 de octubre de 2013, Armando Reyes Ledesma decidió despedirla porque se había acabado el "hueso” en el Congreso del Estado.
La empleada, solicitó que se le pagara lo que correspondía por el despido, sin embargo, Reyes Ledesma le indicó que "ella era empleada del Congreso del Estado”.
La trabajadora aclaró que fue Claudia Agatón quien la contrató verbalmente, es decir, la relación laboral con el Congreso era nula.
El 8 de noviembre de 2013 se le dio entrada a la demanda, bajo número de expediente 700/2013
Anna Ofelia Ochoa, acreditó su acción en contra de la codemandada física, Claudia Agatón Muñiz quien no opuso excepciones ni defensa y tampoco ofreció pruebas, por lo que el juicio se fue en rebeldía.
Sin embargo, pese a esa circunstancia, la Junta de Conciliación determinó que la trabajadora, no había acreditado la acción y absolvió a Agatón Muñiz.
Esto, con el mismo argumento, de que era empleada del poder legislativo, indicó Almazan Olachea.
"Si la Junta de Conciliación, hubiera sido competente, no podía resolver si era o no trabajadora del Congreso del Estado, es decir, lo había tenido que llevar al Tribunal del Estado”, puntualizó.
Juicio de amparo
En consecuencia, expuso el abogado, se recurrió al juicio de amparo y el Sexto Tribunal Colegiado, se le ordenó revocar su sentencia y pronunciara en términos opuestos es decir, que se le reconocieran a la empleada todos sus derechos y se volviera a dictar sentencia.
Derivado de la sentencia, quitaron a la anterior presidenta (Verónica Martínez Llamas) y la nueva (Blanca Sánchez), empezó a entorpecer el procedimiento (que está en ejecución). "Entonces se solicitó el embargo precautorio de bienes. Este, sobre las instalaciones del Partido del Trabajo (PT), ya que están a nombre de Claudia Agatón”.
Sin embargo, agregó, "la presidenta Blanca Sánchez, sin tener facultades "destraba” el embargo porque en la sentencia, aparece en nombre de ‘Claudia Agatón Muñiz’ y no el nombre de ‘Claudia Josefina Agatón Muñiz’, sin embargo, en el juicio nunca comparecieron, ni ella, ni su abogado”, señaló.
La Condena
Claudia Agatón, fue condenada a cubrir las prestaciones reclamadas, es decir, indemnización constitucional, salarios devengados, tiempo extraordinario, vacaciones y días de descanso obligatorios, y salarios caídos
El monto de prestaciones líquidas, arrojó una suma de 379 mil 349.99 pesos, según resolución del 30 de septiembre de 2016, es decir, posterior al primer laudo a favor de la trabajadora, de marzo de 2015.
El abogado comentó que el 7 de abril de 2017, Claudia Agatón, solicitó la actualización de las prestaciones condenadas mediante laudo en autos, de lo que resultó la cantidad de, 300 mil 701.25, monto definido también por la presidente de la junta especial número uno de la local de conciliación y arbitraje de Ensenada (10 de abril del 2017).
Sergio Almanzán mencionó que, a través de un juicio de amparo, impulsa el procedimiento que mantienen detenidas, ademá de que piden que se aclare cuál de las dos cantidades de prestaciones calculadas, es la válida.
nmadrigal@elvigia.net | Ensenada, B. C.
La diputada, Claudia Agatón Muñiz, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado y quien fue condenada a indemnizar a una ex empleada por despido injustificado, estaría incurriendo en supuesto tráfico de influencias para incumplir el laudo, señaló el abogado Sergio Almazán Olachea.
El litigante, defensor de una ex empleada de Agatón, mencionó que la legisladora, aparentemente, tiene el respaldo de la presidente de la Junta Especial número uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, quien retrasa la ejecutación del embargo de las instalaciones del Partido del Trabajo (PT).
Esto, puntualizó, porque están a nombre de Claudia Agatón Muñiz, quien debe pagar 379 mil 349.99 pesos, a su ex empleada (gestora social), Anna Ofelia Ochoa Espinoza.
Además, dijo, la presidenta de la junta, Blanca Sánchez Loaiza, quien calculó la cantidad referida, posteriormente realizó, a petición de Agatón, un segundo cálculo de las prestaciones, que resultó 71 mil 273 pesos menor a la cantidad que había establecido.
El relato
Sergio Almanzán Olachea, comentó que, a partir de enero del 2011, Anna Ofelia se desempeñaba como gestora social y bajo las órdenes de Claudia Agatón, con un salario de 266.66 pesos por día.
El 21 de octubre de 2013, Armando Reyes Ledesma decidió despedirla porque se había acabado el "hueso” en el Congreso del Estado.
La empleada, solicitó que se le pagara lo que correspondía por el despido, sin embargo, Reyes Ledesma le indicó que "ella era empleada del Congreso del Estado”.
La trabajadora aclaró que fue Claudia Agatón quien la contrató verbalmente, es decir, la relación laboral con el Congreso era nula.
El 8 de noviembre de 2013 se le dio entrada a la demanda, bajo número de expediente 700/2013
Anna Ofelia Ochoa, acreditó su acción en contra de la codemandada física, Claudia Agatón Muñiz quien no opuso excepciones ni defensa y tampoco ofreció pruebas, por lo que el juicio se fue en rebeldía.
Sin embargo, pese a esa circunstancia, la Junta de Conciliación determinó que la trabajadora, no había acreditado la acción y absolvió a Agatón Muñiz.
Esto, con el mismo argumento, de que era empleada del poder legislativo, indicó Almazan Olachea.
"Si la Junta de Conciliación, hubiera sido competente, no podía resolver si era o no trabajadora del Congreso del Estado, es decir, lo había tenido que llevar al Tribunal del Estado”, puntualizó.
Juicio de amparo
En consecuencia, expuso el abogado, se recurrió al juicio de amparo y el Sexto Tribunal Colegiado, se le ordenó revocar su sentencia y pronunciara en términos opuestos es decir, que se le reconocieran a la empleada todos sus derechos y se volviera a dictar sentencia.
Derivado de la sentencia, quitaron a la anterior presidenta (Verónica Martínez Llamas) y la nueva (Blanca Sánchez), empezó a entorpecer el procedimiento (que está en ejecución). "Entonces se solicitó el embargo precautorio de bienes. Este, sobre las instalaciones del Partido del Trabajo (PT), ya que están a nombre de Claudia Agatón”.
Sin embargo, agregó, "la presidenta Blanca Sánchez, sin tener facultades "destraba” el embargo porque en la sentencia, aparece en nombre de ‘Claudia Agatón Muñiz’ y no el nombre de ‘Claudia Josefina Agatón Muñiz’, sin embargo, en el juicio nunca comparecieron, ni ella, ni su abogado”, señaló.
La Condena
Claudia Agatón, fue condenada a cubrir las prestaciones reclamadas, es decir, indemnización constitucional, salarios devengados, tiempo extraordinario, vacaciones y días de descanso obligatorios, y salarios caídos
El monto de prestaciones líquidas, arrojó una suma de 379 mil 349.99 pesos, según resolución del 30 de septiembre de 2016, es decir, posterior al primer laudo a favor de la trabajadora, de marzo de 2015.
El abogado comentó que el 7 de abril de 2017, Claudia Agatón, solicitó la actualización de las prestaciones condenadas mediante laudo en autos, de lo que resultó la cantidad de, 300 mil 701.25, monto definido también por la presidente de la junta especial número uno de la local de conciliación y arbitraje de Ensenada (10 de abril del 2017).
Sergio Almanzán mencionó que, a través de un juicio de amparo, impulsa el procedimiento que mantienen detenidas, ademá de que piden que se aclare cuál de las dos cantidades de prestaciones calculadas, es la válida.
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