Empresas fantasma: vértice de la corrupción SEGUNDA PARTE

LUIS M. PÉREZ DE ACHA*/AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO

EMPRESAS FANTASMA Y CAMPAÑAS POLÍTICAS
En épocas electorales, una vez que el dinero ha quedado monetizado, las empresas fantasma son el vehículo ideal para el financiamiento ilícito de partidos políticos y de sus candidatos. En el mejor de los casos, el efectivo se administra en una contabilidad B, opaca o paralela, que escapa a los controles y mecanismos de fiscalización del INE. Ese dinero ninguna relación tiene con el que se maneja en la contabilidad A, que es la única que ellos reportan.

De hecho, en temporada electoral, los operadores políticos ofrecen servicios “llave en mano”; es decir, ponen a disposición de quienes quieran apoyarlos -incluyendo dependencias públicas- un portafolio de empresas fantasma, con la garantía de que en el futuro los pagos nadie los cuestionará y de que los CFDI que los amparen serán válidos. En ese momento se cierra la complicidad, que en muchos casos a nivel federal y de los Gobiernos estatales es transexenal. Por eso, cuando se descubren este tipo de operaciones, no pasa nada.

Un ejemplo es el reportado por Reforma el pasado jueves 11, en relación con el desvío de recursos públicos en Veracruz para las elecciones de 2012. Sin embargo, el problema es sistémico, no exclusivo del PRI. En ese año, las empresas fantasma proliferaron en todo el país, como consta en las estadísticas internas del SAT. No es información pública, pero debería serlo. Nada impide suponer que en 2018 de nuevo repuntará el número de esas empresas. La colusión de los partidos políticos con las empresas fantasma, propia de la delincuencia organizada, presagia que el establishment permanecerá intocado, a salvo de acciones legales.

En las elecciones del 1 de julio, la fiscalización del INE sobre el efectivo canalizado a través de las empresas fantasma, afronta tres retos: un plazo reducido de 45 días para realizar esa función; la imposibilidad de que durante ese plazo se superen los secretos fiscal y bancario de los partidos y de los sujetos investigados y la titánica tarea de monitorear los flujos de dinero. Ni siquiera el SAT, con el poderío de sus sistemas informáticos y su cuerpo de auditores, ha podido acotar un problema similar con quienes operan en el sector informal.

En mi opinión, el trabajo tiene que ser preventivo. Cerrar el grifo de recursos ilícitos provenientes de contribuyentes y de dependencias públicas sería un gran paso. Por ello, es indispensable que el SAT, de la mano de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y del Comité de Participación Ciudadana del SNA, implemente las reglas generales publicadas el 22 de diciembre de 2017, que restringen la celebración de operaciones con empresas fantasma o fiscalmente sospechosas.

En estas tareas preventivas, el apoyo de los bancos y en general de las instituciones financieras, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resulta fundamental.

¿POR QUÉ LA IMPUNIDAD?
Las autoridades federales cuentan con suficientes herramientas para fiscalizar a las empresas fantasma e identificar las rutas del dinero. Sin embargo, la realidad evidencia varios problemas.

En lo que respecta al SAT, su presencia fiscalizadora fluctúa entre el 3 y 4 por ciento del universo de contribuyentes. Esto significa que la mayor parte de las empresas fantasma escapan de las revisiones fiscales. Además, las auditorías son lentas y, por lo tanto, retrasadas frente a la creación vertiginosa de ese tipo de empresas. Es un especie de “guerra de guerrillas” en contra de la Hacienda pública, en la que, hasta el momento, las autoridades tienen la batalla perdida.

En lo que toca a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es dramático el rezago en las investigaciones en proporción a la dimensión del lavado de dinero. GAFI así lo reportó en su reciente evaluación. Menos del 1 por ciento de los casos se fiscalizan, y de estos apenas unos cuantos concluyen con sanciones penales definitivas. Además, en los hechos la legislación que regula la extinción de dominio para esos delitos es letra muerta.

No obstante, el principal problema es el blindaje que el establishment político brinda a las empresas fantasma. Un verdadero cártel de la corrupción, en el que ninguno de los articuladores y beneficiarios del complot aparecen en documentos legales. Sería ilusorio pensarlo. Quienes participan son prestanombres de bajo perfil, adultos mayores o personas a quienes se les robó la identidad.

No sucede lo mismo con las cuentas bancarias, cuyo control, como es natural, se asegura con las firmas y el manejo de las claves electrónicas por alguno de los cómplices en la confabulación delictiva. El dinero queda así protegido. Ahí radica la vulnerabilidad de todos ellos, en la medida en que es el hilo que posibilita el rastreo del dinero y la identificación de los beneficiarios efectivos. Por eso es importante la colaboración de las instituciones financieras, a través de los mecanismos previstos en la legislación bancaria.

EFECTOS DAÑINOS
Las empresas fantasma depredan las finanzas públicas. No en vano un ex jefe del SAT señaló: “Con lo difícil que resulta recaudar impuestos, para que otros se los roben descaradamente”. A esa frase falta añadir: “Y con lo gravoso que es pagarlos para los contribuyentes”.

El daño a la Hacienda pública se actualiza bajo las dos modalidades apuntadas: defraudación fiscal y desvío de recursos públicos. La afectación es estructural. Además, el fastidio ciudadano en contra de la corrupción y de la impunidad, así como la deficiencia de los servicios públicos -educación, salud, seguridad pública, etcétera-, desfavorece el pago voluntario de los impuestos.

Con independencia de las medidas preventivas que es indispensable implementar, el Gobierno federal tiene que actuar en contra de los cárteles de la corrupción. El agravio de la sociedad tiene que atenderse. Además de defraudación fiscal y desvío de recursos públicos, se actualizan los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto refleja que el tema legal no es menor.

La lucha contra las empresas fantasma tiene que asumirse con visión de Estado, como compromiso específico de los partidos políticos y de los candidatos de cara a las elecciones del 1 de julio. La pregunta es: ¿se atreverán ellos a darse un tiro en el pie?

*El autor es abogado fiscalista e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El problema es sistémico, no exclusivo del PRI. En 2012, las empresas fantasma proliferaron en todo el país. Las estadísticas del SAT sobre los CFDI emitidos por ellas muestran un repunte significativo

En temporada electoral, los operadores políticos ofrecen servicios “llave en mano”; ponen a disposición de quienes quieran apoyarlos un portafolio de empresas fantasma y de contratos para triangular recursos

Los presidenciables frente a la corrupción

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Todos los candidatos prometen combatir la corrupción, pero no todos dicen cómo. Mientras Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador han detallado, en las plataformas de sus partidos, planes para prevenir y castigar los desfalcos a la hacienda pública, el conflicto de interés y otras prácticas, José Antonio Meade sólo ha hecho declaraciones, algunas erráticas, sobre el tema.

RICARDO ANAYA

Coalición Por México al Frente

PAN-PRD-MC
La plataforma del Frente contiene un capítulo específico en materia de combate a la corrupción y transparencia.

Campaña nacional en favor del establecimiento del Estado de Derecho y el combate a la impunidad.

Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía plena e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral.

Reformar el marco legal de la Fiscalía General de la Nación, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de todos los funcionarios públicos.

“Muerte civil” a servidores públicos y empresas privadas -inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales- condenadas por actos de corrupción.

Eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos del país.

Fortalecer la transparencia de la acción pública con una Ley General de Contratos y Obras Públicas alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Observatorios ciudadanos con capacidad de supervisar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Coalición Juntos Haremos Historia

Morena-PT-PES
El 14 de diciembre pasado, López Obrador presentó a la académica Irma Eréndira Sandoval como titular de la Secretaría de la Función Pública en caso de llegar a la Presidencia de la República. Y en la plataforma de Morena se detallan las siguientes propuestas.

Reformar el artículo 108 constitucional a fin de eliminar el fuero al Presidente de la República.

Establecer la obligación de todos los funcionarios de publicar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

Convocar a la sociedad a fortalecer los hábitos de honestidad y velar por el bien común.

Promulgar la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés para ampliar los mecanismos de prevención, endurecer las sanciones e instaurar tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión.

Brindar autonomía total y ciudadanización plena a los órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de justicia.

Promover reformas constitucionales para prohibir que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad se vinculen con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocio privado.

Endurecer los controles del sistema bancario en materia de lavado de dinero.

Promover auditorías inmobiliarias en Estados Unidos a políticos y empresarios mexicanos.

Transparentar todo tipo de publicidad gubernamental en los medios de comunicación.

Establecer la obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en todas las compras publicas.

Prohibir la adjudicaciones directas.

JOSÉ ANTONIO MEADE

Coalición PRI-PVEM-Panal
El PRI no ha hecho pública la plataforma que deberá registrar ante el INE, y su precandidato presidencial ha tratado de defender al PRI frente a los señalamientos de corrupción.