Rechazan versión; seguirán en lucha
Familiares de los normalistas aseguran que la PGR no puede cerrar el caso Ayotzinapa basada sólo en la versión de criminales y sin pruebas científicas de que los estudiantes están muertos.
Méxio, D. F.
La Procuraduría General de la República (PGR) no puede cerrar el caso Ayotzinapa basado sólo en la versión de criminales y sin pruebas científicas de que los normalistas están muertos, reprocharon ayer familiares de los jóvenes.
Al fijar su postura sobre la versión de la PGR, que concluyó que los 43 estudiantes fueron calcinados, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, acusó que se violaron acuerdos con la autoridad.
"Repudiamos la forma en que el procurador (Jesús Murillo Karam) quiere cerrar el caso del 26 de septiembre, violando el acuerdo que se tuvo con el Presidente (Enrique Peña Nieto), de que primero se nos avisara”, sostuvo De la Cruz.
"Vamos a mantener la lucha hasta las últimas consecuencias”, indicó.
Faltan datos
Para el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, existe un interés político por cerrar el caso Iguala.
"Hay una intencionalidad de cerrar a toda prisa una investigación que todavía no es concluyente, que tiene muchos puntos que deben esclarecerse para que alcance el rango de verdad histórica”, señaló.
"Primero, queremos decir que el expediente no se puede cerrar porque no hay certeza científica de que los compañeros hayan sido asesinados en Cocula”.
En segundo lugar, mencionó, la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo”, no puede ser tomada totalmente en cuenta, dado que no estuvo en todo momento en el sitio de los hechos la noche del 26 de septiembre en Iguala.
También acusó que la teoría de la PGR depende en exceso de las declaraciones rendidas por los cuatro detenidos.
"Sobre todo cuando hay evidencia, dentro de las declaraciones, que las mismas se obtuvieron bajo coacción”, dijo.
Otro punto, abundó, es la falta de detenciones claves, como la del responsable de la Policía de Iguala, Felipe Flores, o la de Gildardo Astudillo, "El Cabo Gil”, entre otras 11 personas más.
Además, dijo, la investigación debe continuar porque, hasta la fecha, el Gobierno no ha logrado que se realice un solo juicio penal por desaparición forzada.
Rosales demandó también que, antes de cerrar la indagatoria, se aclare la responsabilidad del Ejército y el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero en los hechos de Iguala.
Apelarán a la ONU
El abogado informó que el 2 y 3 de febrero acudirán ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en el marco de la evaluación a la que será sometido México.
"Vamos a acudir para denunciar y para colocar el caso y una acusación formal contra el gobierno mexicano”, dijo.
Recordó que en los próximos días llegarán al país los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que consideró aún más grave que se intente dar carpetazo al caso.
"Vamos a mantener la lucha hasta las últimas consecuencias.”
Felipe de la Cruz
Vocero de los padres de los normalistas
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