Solicitan para jueces chalecos antibalas

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

La bancada del PRI en el Senado propuso una reforma para otorgar a los jueces chalecos antibalas, autos blindados y escoltas de seguridad cuando se encuentren en riesgo.

La iniciativa fue registrada por la senadora del tricolor, Marcela Guerra, quien planteó adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para crear el "Programa de Protección de Ministros, Magistrados y Jueces".

En el proyecto se establece que aplicarán cuando exista riesgo o agresión por acción u omisión, de la integridad física, psicológica o económica.

La protección será para ministros, magistrados o jueces, su cónyuge, concubina, ascendientes, descendientes y dependientes, así como el personal del pleno, sala, tribunal o juzgado involucrados.

Entre las medidas de protección está la entrega de teléfonos celulares, radio o telefonía satelital, así como la instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones o casa.

La lista incluye chalecos antibalas, detectores de metales, autos blindados y vigilancia.

Las medidas de urgencia contemplan evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles, las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.
De acuerdo con la iniciativa, se considera como riesgo la existencia de una amenaza real e inminente que expone la vida e integridad física de los juzgadores en el ejercicio de sus funciones.

La agresión es considerada como daño a la integridad física, psicológica o económica, amenaza, hostigamiento o intimidación que sufran por el ejercicio de sus funciones.

En caso de aprobarse, será necesaria la creación de una Unidad del Programa de Protección, ante la cual deberán registrarse las solicitudes de los jueces o ministros que se encuentren en riesgo.

Esa área valorará la proporcionalidad y necesidad de las medidas en función de la vulnerabilidad del solicitante, la situación de riesgo, la importancia del caso, la capacidad del agente generador del riesgo de hacer efectivo el riesgo o agresión y otras circunstancias que justifiquen las medidas.

Esta iniciativa fue planteada a partir del homicidio doloso de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales de Toluca, a las afueras de su domicilio en el municipio de Metepec, Estado de México.