Indaga SFP desvíos con criterio mediático

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Por primera vez, las investigaciones por corrupción o faltas administrativas serán asignadas a funcionarios de alto nivel con base en criterios como el escándalo mediático que provocan, el monto de posibles quebrantos, o la jerarquía de los servidores públicos involucrados.

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, instruyó a los titulares de Órganos Internos de Control (OIC) de todo el Gobierno los criterios para clasificar un asunto como “relevante”, y así decidir si las investigaciones deberán ser enviadas al sector central de la SFP.

Los casos serán clasificados como relevantes cuando exista alguno de los siguientes factores:

Si el monto involucrado en la auditoría o los hechos es de más de 10 millones de pesos, si el funcionario investigado tiene nivel de director general o superior, y el impacto político o social.

Además, “la importancia y cobertura otorgada al tema en los medios de comunicación”.

“El coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control hará del conocimiento del subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, los asuntos que sometan a su consideración los titulares de los OIC”, dice el Acuerdo de Gómez, publicado ayer.

El coordinador y el subsecretario decidirán si el caso amerita quedar bajo control de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP, es decir, en el sector central, y no en el OIC, que está adscrito a la dependencia bajo investigación.

El coordinador de Órganos de Vigilancia es Christian Gutiérrez, funcionario cercano a Gómez desde hace años, mientras que la Subsecretaría de Responsabilidades no tiene titular, luego de que en septiembre pasado, Javier Vargas Zempoaltecatl fue designado Contralor del nuevo Gobierno del Estado de México.

El acuerdo de Gómez también aplica a las Unidades de Responsabilidades en las empresas productivas del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos, sus siete filiales y la CFE, que cumplen funciones parecidas a las de los OIC.

Luego de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, la SFP ya solo impondrá sanciones por faltas administrativas leves, mientras que en casos graves o de corrupción sólo le corresponde integrar la investigación, pero el castigo será decidido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.