Ponen denuncia penal por colusión

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Por primera vez, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) demandó penalmente a personas físicas por colusión en el sector salud cometida entre 2009 a 2015.
Carlos Mena, titular de la Autoridad Investigadora del regulador, advirtió que por ello las instituciones públicas pagaron sobreprecios de hasta 52 por ciento de los insumos adquiridos, lo que causó un daño de por lo menos 381 millones de pesos.
No especificó el número de personas acusadas, ni expedientes, pero sí que las autoridades públicas de salud gastaron mil 233 millones de pesos en la adquisición de productos a través de licitaciones públicas.
De encontrarse culpables podrían recibir penas de 5 a 10 años de prisión y de mil a 10 mil días de multa.
"La Autoridad Investigadora no dudará en solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de quienes participen en la manipulación de precios, división de mercados y coordinación de posturas en la compra pública", manifestó Mena.
El sector salud es uno de los temas prioritarios para la Cofece, ya que debido a la colusión de empresas, los consumidores pagan un sobreprecio de 30 por ciento en medicamentos.
Los hogares de más bajos ingresos dedican a la compra de medicamentos 42 por ciento del gasto destinado a cuidados de la salud.
De manera adicional, los precios al consumidor de estos productos fueron 10.4 por ciento mayores al índice nacional de precios al consumidor en general entre 2010 y hasta mayo de 2016.
Una de las sanciones más controvertidas fue la que impuso la entonces Comisión Federal de Competencia en contra de los laboratorios farmacéuticos Eli Lilly, Cryopharma, Probiomed, Pisa, Fresenius y Baxter que se coludieron para ganar las licitaciones de insulinas y sueros entre 2003 y 2006.
El regulador determinó que el daño patrimonial por estas malas prácticas ascendió a 622.7 millones de pesos, lo cual corresponde a un sobre precio de 57.6 por ciento por la adquisición de insulina humana, así como de 3 por ciento en soluciones intra venosas.
La Comisión determinó que si estas empresas no se hubieran coludido, el Seguro Social podría haber adquirido 727 ambulancias, 2 mil 168 incubadoras o construido 5 clínicas con 10 consultorios médicos cada una.
La Autoridad Investigadora de la Comisión anunció, en octubre del 2016, la apertura de un expediente porque se presume colusión en la comercialización de medicamentos a nivel nacional.
Este expediente es una de las indagatorias más grandes que ha emprendido la Comisión, ya que se incluye a laboratorios, fabricantes, distribuidores y comercializadores.