NACIONAL
Cuestionan atraso en corporaciones
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México
La Oficina en México
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamaron el
atraso de una década en la conformación de corporaciones
policiales.
En el marco de las discusiones sobre una Ley de
Seguridad Interior, urgieron a que el Poder Legislativo y los
Gobernadores se centren en profesionalizar a las policías locales, a
fin de sacar a las Fuerzas Armadas de las calles.
"Hay que
preguntarse por qué los presupuestos de las policías están
sufriendo estancamiento o incluso disminuyendo; por qué bajan los
presupuestos invertidos en la prevención.
"Por qué no se
adoptó aún la legislación sobre desaparición y tortura; por qué
ni siquiera empezó el proceso legislativo de una ley sobre el uso
legítimo de la fuerza", sugirió Jan Jarab, representante en
México de ONU-DH.
Al participar en la mesa "Seguridad y
Derechos Humanos", Jarab consideró que permitir que las Fuerzas
Armadas continúen en las calles desincentiva a las entidades para
que formen sus corporaciones.
Acusó que los estados prefieren
delegar sus funciones al Gobierno federal, perpetuando el paradigma
militar que ha permanecido en México durante los últimos 10
años.
Para Jarab, la pregunta no debería ser si las Fuerzas
Armadas merecen respaldo de una ley, sino si deberían continuar
ejerciendo las funciones de seguridad pública.
"La más
grande causa de nuestra preocupación es la manera como fue
presentada: como una ley urgentemente necesaria para dar respaldo a
una institución, lo que significaría la petrificación del status
quo", afirmó.
En tanto, el Ombudsman Luis Raúl González
señaló a los Gobiernos de los estados como los responsables de no
tener policías preparadas.
Ello pese a que, en 10 años, han
fluido los recursos destinados a la capacitación de las
corporaciones policiacas.
"Se tienen que establecer
consecuencias si no sucede ahora este tipo de profesionalización. Se
tiene que establecer una verificación de que los estados cumplan con
su responsabilidad o, si no, que se finquen sanciones",
opinó.
"Yo creo que las auditorías de los estados, la
Auditoría Superior de la Federación, nos tienen que decir qué ha
pasado con esos recursos y cuáles han sido los resultados en esa
profesionalización".
Aunque dejó patente el rechazo a una
Ley de Seguridad Interior, la ONU-DH propuso 16 mecanismos de control
en caso de que la legislación sea aprobada.
Por ejemplo, que las
Fuerzas Armadas no puedan investigar delitos, regular migraciones o
involucrarse en actividades de inteligencia civil; mecanismos de
rendición de cuentas reforzados, y supervisión de las violaciones a
los derechos humanos.
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