NACIONAL
Rezagan Policía Procesal
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México
Los Estados presentan rezago en cuanto al número de Policías Procesales que obliga el nuevo sistema de justicia penal.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las entidades podrían alcanzar el mínimo de elementos hasta dentro de cinco años.
Los Policías Procesales se encargan, entre otras cosas, de trasladar a las personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales, de prestar seguridad y custodia a los imputados en dichos recintos y cumplir los mandamientos judiciales relacionados con sentenciados.
Ante ese panorama, la CNS elaboró el Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, con base en un acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Los objetivos son homologar la estructura y funcionamiento de dichas corporaciones, mejorar su infraestructura, incrementar el número de elementos y evaluar su desempeño, habilidades, destrezas y conocimientos, y así lograr una adecuada articulación del sistema acusatorio, que entró en vigor en junio de 2016.
Ciudad de México
Los Estados presentan rezago en cuanto al número de Policías Procesales que obliga el nuevo sistema de justicia penal.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las entidades podrían alcanzar el mínimo de elementos hasta dentro de cinco años.
Los Policías Procesales se encargan, entre otras cosas, de trasladar a las personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales, de prestar seguridad y custodia a los imputados en dichos recintos y cumplir los mandamientos judiciales relacionados con sentenciados.
Ante ese panorama, la CNS elaboró el Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, con base en un acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Los objetivos son homologar la estructura y funcionamiento de dichas corporaciones, mejorar su infraestructura, incrementar el número de elementos y evaluar su desempeño, habilidades, destrezas y conocimientos, y así lograr una adecuada articulación del sistema acusatorio, que entró en vigor en junio de 2016.
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