NACIONAL
Exigen investigación independiente por espionaje
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México
Defensores
de derechos humanos, periodistas y activistas exigieron a las
autoridades federales una investigación independiente sobre el
espionaje que sufrieron mediante el programa Pegasus.
Luego que se
difundiera un informe en el que se documentan que en total los
celulares de 16 personas fueron infectados con el malware, las
víctimas presentaron una denuncia ante la PGR.
También pidieron
medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
y que en se legislen reformas para generar más controles ante las
herramientas de espionaje.
"Estos nuevos casos no son
aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de
hostigamiento", sentenciaron en un posicionamiento leído por
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.
Cada víctima
recibió mensajes de texto con enlaces maliciosos en momentos en que
abordaban temas como la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, la llamada
Casa Blanca de la Primera Dama, o impulsaban la Ley 3de3 o el
reetiquetado frontal de las bebidas azucaradas.
Ayer, 11 de los
involucrados en la lista de personajes espiados exigieron al Gobierno
una investigación independiente y presentaron una denuncia ante la
PGR.
"Estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a
la existencia de una política de hostigamiento", señaló Ana
Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, al dar lectura a un
posicionamiento conjunto.
Entre las víctimas se encuentran los
periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; el defensor de
los derechos humanos, Mario Patrón; y promotores de leyes
anticorrupción como Juan Pardinas y Alexandra Zapata.
"No
hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean
responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo",
respondió el Gobierno mexicano a NYT, a través de su director de
medios internacionales, Daniel Millán.
"No
queremos guaruras, la mejor medida es la no impunidad y la
investigación y la sanción", señaló Mario Patrón, del
Centro Prodh.
La periodista Carmen Aristegui resaltó que para
esa operación, ilegal por no contar con mandamiento de un juez, el
Gobierno utilizó recursos públicos.
"Y de eso tiene que
dar cuenta el jefe del Estado mexicano, que es el presidente de
México, eso es lo primero", planteó.
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