El Valle

Exponen su desespero ante la falta de justicia

Por Enrique Rojas, El Valle

4.02.2012 - 12:00

Vicente Guerrero, B. C. - Desesperación, impotencia y malestar ciudadanos fueron el denominador común de la reunión entre autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno y representantes de 17 localidades de la zona, celebrada en la tarde del pasado jueves.

El encuentro, que se convirtió en un acto catarsis colectiva, se llevó a cabo en el salón social, convocado por la Coordinadora de Comités del Valle de San Quintín, que dirige Celerino García Sánchez.

Fue encabezado el acto por la subprocuradora de Justicia de la Zona Costa, Lidia Gallegos Aguilar, quien a su vez pidió la presencia del secretario de Seguridad Púbica Muniicpal (SSPM), Florencio Saúl Cuevas, así como de la fiscal de la Federación, Karina Guzmán, y del comandante de la Policía Federal en San Quintín, Adalberto Alatorre Gomar.

Acompañaron a Gallegos Aguilar el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Mario Antonio Chavarría, y el comandante de Zona, Gerardo Sierra.

Estuvieron presentes también la diputada local, Claudia Agatón Muñiz, y el regidor Armando Reyes Ledezma. 

Se hizo saber que fue la legisladora la que gestionó la visita de la subprocuradora; y se le agradeció por ello.

Por espacio de más de dos horas, el grupo de autoridades escuchó los testimonios ciudadanos, que se tradujeron en reclamos, cuestionamientos y recriminaciones a las corporaciones policiacas, principalmente a la PGJE.

El punto central fue “la gran cantidad” de robos que se cometen en la región sin que las autoridades, principalmente el Ministerio Público del Fuero Común, castigue a los delincuentes, lo que llevó a decir a uno de los afectados que estas autoridades “no sirven para nada”.

La totalidad de los particulares participantes señaló que el personal de la PGJE en el valle no está cumpliendo con su responsabilidad, y lamentó que ocurra; algunos transmitieron experiencias con lágrimas en los ojos.

Coincidieron en asegurar que “de nada sirve denunciar los robos porque no sucede nada, y en los casos en los que se detiene a los delincuentes, el Ministerio Público los deja libres de inmediato para que sigan robando”.

Llegaron a exponer que con su apatía e indolencia, el mensaje que dan las autoridades ministeriales “es que nosotros hagamos justicia por propia mano”, y no descartaron que esto pudiera llegar a ocurrir “porque las cosas no pueden seguir así”.

Varios de los participantes mencionaron haber sido agraviados en su patrimonio, y en su persona, hasta en cuatro o cinco ocasiones, y aunque hubo denuncias por estos hechos, ninguna ha prosperado, “y esto nos tiene realmente desesperados”.

El grupo de afectados también tronó contra la corporación dedicada a combatir el narcomenudeo en la zona, que son los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes en vez de detener a los delincuentes “los obligan a pagar una cuota”.

Denunciaron que esto mismo ocurre con las policías Municipal y Ministerial, cuyos agentes, lejos de actuar contra los narcomenudistas “se hacen de la vista gorda a cambio de dinero”.

Respuesta de las autoridades

En respuesta a los reclamos ciudadanos, la subprocuradora Lidia Gallegos Aguilar se limitó a mencionar que la PGJE, con los recursos de que dispone, está haciendo su mayor esfuerzo para hacer frente a los problemas de su competencia.

Dijo que la corporación en el valle ha implementado importantes operativos, y ha dado buenos resultados en casos graves, como los homicidios registrados en meses pasados.

Después remitió a su auditorio a la presentación de las gráficas sobre las acciones de su personal en el valle, algo que poco interesó a los presentes, quienes vieron que rehuía dar respuestas a sus inquietudes y reclamos. 

En su turno, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Florencio Saúl Cuevas, ofreció reforzar las corporaciones locales, para lo cual se comprometió a enviar a la zona rural los 41 policías que están por egresar de la Academia.

Ofreció, además, la dotación de nuevas unidades para que los futuros agentes puedan cumplir su labor de vigilancia. También se comprometió a mantener la coordinación con la PGJE, Zona Ensenada.

Adelantó que para el siguiente mes se reactivarán los cursos de prevención del delito en las escuelas primarias y secundarias de la región a fin de evitar que los menores sean víctimas de las drogas.

El comandante de la PF, Adalberto Alatorre, pidió a los presentes denunciar los delitos que se cometan en su agravio, e indicó que la corporación solamente atiende con base a denuncia.

La agente del Ministerio Público Federal, Karina Guzmán, en actitud de ofendida acusó a los medios de comunicación, “a esos medios que leemos todos los días”, de publicar informaciones a medias.

Esta “desinformación”, asociada “a lo mal que podemos estar haciendo con lo poco que tenemos”, distorsiona más la percepción que tiene la población hacia la corporación, expresó sin precisar a qué medios se refería.

Esta misma funcionaria fue evidenciada de manera pública por familias del poblado Chula Vista, delegación Vicente Guerrero, señalándola como “protectora de las fuerzas castrenses”.

La fiscal pidió, casi como exigencia, que “así como se quejan también nos tienen que ayudar para resolver el problema”, tras de lo que invitó a los presentes a que vayan a sus oficinas “para que vean que no es sencillo tomar decisiones”.

Al término de la reunión se llegó a los siguientes compromisos: 

1) Revisión de todas las Averiguaciones Previas que existan;

2) Operativos conjuntos, cuya implementación determinarán las autoridades, y 

3) Que la PGJE convoque a la siguiente reunión, que será para el 14 de marzo próximo.

 

 

 

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