Algo de historia

A mediados del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), los priistas ya sabían que en el corto plazo perderían la presidencia, razón por la cual promovieron en 1986 una reforma electoral para incrementar de 300 a 500 el número de diputados federales, para permitir que 200 llegaran por la vía de la representación proporcional, con el pretexto de dar espacios a las minorías, cuando en el fondo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo que hacía era dejar todo listo para convertirse en una oposición privilegiada.

Por ende, desde que asumió la presidencia de la república tras las fraudulentas elecciones de 1988, Carlos Salinas de Gortari también advertía que muy pronto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonaría la residencia oficial de Los Pinos, y a partir de entonces comenzó a preparar el terreno, tarea que culminó su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León, no obstante la ruptura que hubo entre ambos tras el llamado error de diciembre de 1994, que derivó en una severa devaluación del peso frente al dólar, y que trató de lavarse con el encarcelamiento del hermano incómodo de Salinas.

En diciembre de 1988, a unos días de haber rendido protesta y con uno de los índices de popularidad más bajo de la historia para un mandatario entrante, Carlos Salinas buscó legitimarse dentro y fuera del país con la captura de los dirigentes del sindicato de Petróleos Mexicanos, y en enero de 1989 destituyó como gobernador de Baja California a Xicoténcatl Leyva Mortera, a quien “designó” subdirector adjunto de Banobras en Washington, Estados Unidos. Este movimiento abrió el camino para que el panista Ernesto Ruffo Appel se convirtiera en el primer gobernador emanado de un partido distinto al PRI.

Lo anterior fue posible debido a la presión internacional sobre el gobierno mexicano, al que exigían dejar de simular una democracia representativa y respetar las libertades políticas.

Cabe señalar que durante su sexenio Salinas removió a 16 gobernadores -la mitad del país-, la mayoría por conflictos electorales. Sin embargo, en los últimos años de la gestión salinista fue asesinado el cardenal de Jalisco, Juan Jesús Posadas Ocampo (mayo de 1993), y en enero de 1994, justo al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se produjo el levantamiento del ejército zapatista, y en marzo de ese año se registró el homicidio del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, eventos que a pesar de su impacto no impidieron que el PRI conservara la presidencia en la figura de Ernesto Zedillo Ponce de León. Por si fuera poco, a Salinas tampoco le hizo mella a su imagen que a finales de septiembre de 1994 acribillaran a su cuñado y en ese entonces secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, padre de la ex secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu.

Lo que demolió la popularidad que Salinas había construido a lo largo de seis años fue la abrupta devaluación del peso y el resentimiento que fomentó al interior del PRI por la forma en que quitó del poder a los gobernadores de su partido. Además, los tricolores doctrinarios no le perdonaron que fulminara el nacionalismo revolucionario por el neoliberalismo económico, implementado por los denominados tecnócratas, quienes ocuparon las principales secretarías de Estado, la mayoría de ellos con posgrados en economía por las mejores universidades de Estados Unidos.

Después la imagen de Salinas fue satanizada y se le bautizó como “el innombrable”, estigmas de las que se salvaron varios de sus principales colaboradores y cómplices, como Manuel Bartlett Díaz, hoy purificado por la izquierda mexicana.

La alternancia planeada
Y correspondió al presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) continuar con la política económica salinista y gestionar la reforma electoral que duplicó el número de escaños en el Senado de la República, para que en esta cámara también entraran plurinominales, además de inaugurar la era del millonario financiamiento público que se les asigna a todos los partidos desde 1997. De esta forma, el PRI garantizaría una fuerte presencia en el Congreso aunque perdiera el Poder Ejecutivo; incluso los legisladores priistas de la era zedillista avalaron una reforma constitucional para permitir que los mexicanos hijos de padres extranjeros pudieran aspirar a la presidencia de la república, situación que le abrió las puertas al panista Vicente Fox Quesada. Por tanto, nada de esto ha sido producto de la casualidad, sino que forma parte de una estrategia para que “el sistema” subsista, aunque las reglas de la competencia política cambien o pomposamente evolucionen, como algunos presumen.

Hoy el PRI recurre por primera ocasión a un candidato presidencial externo al comprender que su marca como partido sufre un gran descrédito, pero no es el resultado de una decisión desesperada, sino que forma parte de cálculos políticos concebidos desde hace años para mantenerse en el poder sin importar el resultado de las votaciones.