No es el sistema

Durante meses la mayoría de los jefes policiacos y encargados de los Ministerios Públicos en Baja California han culpado al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) del grave incremento en los delitos del fuero común y del fuero federal, porque según ellos los delincuentes recuperan casi de inmediato su libertad, pero la realidad es otra.

Resulta que en comparación a años anteriores, en este 2017 el número de personas arrestadas por haber cometido un ilícito, así como el decomiso de armas y drogas, se redujo a menos de la mitad, o sea, que la escalada de hechos al margen de la ley no es porque liberen a los culpables, sino que ni siquiera los logran capturar.

Aquí las preguntas son: ¿por qué antes sí se podía y ahora no?, ¿faltan agentes preventivos?, ¿los ayuntamientos no tienen dinero ni para la gasolina de las patrullas?, ¿será porque los nuevos gobiernos cambiaron a los mandos policiacos?

Trabas en aplicación
Expertos electorales afirman que los derechos de los precandidatos independientes se podrían ver afectados por los errores tecnológicos que presenta la aplicación para teléfonos móviles que el Instituto Nacional Electoral (INE) dispuso para recabar firmas de apoyo.

José Antonio Crespo, experto electoral, afirmó que los requisitos del INE podría entorpecer el trabajo de los independientes.

“El requisito mismo está planeado para entorpecer y obstaculizar a los candidatos independientes y en esa medida pues sí se puede pensar que pudieran estar afectando el derecho a ser votados sin el visto bueno de ir con un partido político”, dijo.

Crespo criticó como absurdo que se pidan 800 mil firmas para ser candidato independiente y para el registro de un partido político aproximadamente 300 mil.

Además expuso que los aspirantes pueden quejarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y pedir que se facilite el trámite.

El experto en temas electorales agregó que el INE tendría que buscar formas flexibles, eficaces y extensivas para que los ciudadanos otorguen sus rúbricas.

El analista político también cuestionó que los ciudadanos tengan que buscar a un promotor para registrar su firma de apoyo a un candidato independiente.

Por su parte, Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), consideró que era conveniente hacer pruebas piloto de la aplicación.

“Recomendaría que para futuras experiencias la app sea una aplicación que puedan usar los ciudadanos, no solamente los posibles candidatos independientes y sus equipos”, dijo.

Sin cultura de debate
La cultura del debate en México, tanto entre políticos como entre ciudadanos, debe ser impulsada rumbo a la contienda presidencial de 2018, plantearon académicos, consejeros y líderes de opinión.

En un foro realizado en la sede del INE, Ivonne Acuña, académica de la Universidad Iberoamericana, indicó que se debe pugnar por un formato de debate que permita a la ciudadanía tener un mayor conocimiento de los candidatos.

El consejero Ciro Murayama señaló que, por más que se modifique el formato, la calidad del ejercicio dependerá de los propios candidatos.

“La calidad de los debates va a depender de los protagonistas del mismo”, dijo.

El especialista Raúl Trejo Delarbre criticó que en México no hay una cultura de deliberación en la política, la academia y los medios de comunicación.

Incumple a sus trabajadores
El Partido del Trabajo (PT) no hace honor a su nombre. Según su declaración de principios lucha para que el trabajo deje de ser una actividad “explotada y enajenante”, abusa de los derechos laborales de sus trabajadores en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

Según la acusación de la PGR, los líderes del Frente Popular Tierra y Libertad operaron bajo la ilegalidad laboral, sin prestaciones y sin garantías para sus empleados.

El proyecto educativo del PT atiende a 5 mil menores y cuenta con una plantilla de 700 trabajadores, de acuerdo con el expediente que abrió la PGR por un presunto desvío de 100 millones de pesos.

“Los trabajadores son funcionarios públicos desde que reciben dinero público de un ente público, en este caso la SEP, pero además de pagos (discrecionales) mensuales sólo tenían acceso a un bono de fin de año”, señaló el Ministerio Público en su acusación.

Aún con el presupuesto de 100 millones de pesos para 2017 para la operación de 13 Cendis, el personal no ha recibido las prestaciones de ley que otorga la Secretaría de Educación estatal.

Estos centros educativos también reciben apoyos económicos y en especie de padres de familia, de los cuales no existe una relación contable.

Cabe aclarar que este escandaloso caso de corrupción ocurrió en el estado de Nuevo León, no vaya usted a creer que fue aquí, donde los dirigentes del PT son casi inmaculados…

Puede usted reírse, no hay problema.