LA BUFADORA

Cede PRI 61 candidaturas

Por El Mosquito
sábado, 16 de diciembre de 2017 · 00:00

El consejo político nacional del PRI aprobó a ciegas su convenio de coalición con Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A mano alzada, los 540 consejeros votaron a favor del convenio para los comicios del próximo año, sin que todavía existiera un documento en el que se detallara el reparto de candidaturas.

Dado que las negociaciones fueron privadas, los priistas no conocieron cómo se distribuirían los 300 distritos entre las tres fuerzas políticas.

Sin embargo, para concretar la coalición con los partidos Verde y Nueva Alianza, el PRI tuvo que ceder 11 candidaturas al Senado y 50 a diputados federales.

De acuerdo con el convenio de coalición que circula en las oficinas del tricolor, registrado anoche ante el Instituto Nacional Electoral (INE), los priistas entregaron siete senadurías al PVEM y cuatro al PANAL.

Las siete fórmulas que serán encabezadas por el PVEM están en Campeche, Colima, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas y Chiapas.

En este último caso las dos fórmulas serán encabezadas por candidatos del partido del tucán, dejando al PRI sin posibilidad de postular candidatos al Senado.

Nueva Alianza colocará candidatos al Senado en Campeche, Hidalgo, Morelos y Quintana Roo.

Por lo tanto, de las 32 fórmulas incluidas en la alianza, 21 candidaturas al Senado serán peleadas por priistas.

En el caso de las 50 diputaciones cedidas a las otras fuerzas políticas, 31 serán peleadas con candidato del PVEM y 19 con abanderado del PANAL. Al respecto, todo indica que en Baja California todos los candidatos serán postulados por el PRI.

Condenan desistimiento de PGR
Partidos de oposición condenaron la forma en que la PGR se desistió del procedimiento que impedía que Elba Esther Gordillo continuara su juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada en arresto domiciliario.

El presidente del PRD, Manuel Granados, acusó que se violó la ley por un acuerdo político con el PANAL.

“La violación al Estado de Derecho se hace evidente una vez más por un acuerdo político, al no impugnarse una resolución judicial que dejó libre a Elba Esther Gordillo a cambio de la alianza electoral del PANAL”, escribió Granados en su cuenta de Twitter.

El periódico Reforma publicó ayer que al tiempo en que el PRI y el Panal firmaban la coalición electoral paras las elecciones presidenciales de 2018, la PGR otorgó la posibilidad de que la ex líder del SNTE pudiera gozar la prisión domiciliaria.

En tanto, el portavoz del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval, dijo que la medida huele mal, por lo que corroborarán que ese recurso sea justo y legal.

“Si hay elementos para que esta señora, verdaderamente ya pueda gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, adelante, pero lo que no nos parecería es que esto haya sido una decisión electoral”, dijo Rodríguez Doval.

Sancionarán violencia política
La Cámara de Diputados aprobó reformas para reconocer y sancionar la violencia política de género, pero ello se podrá aplicar hasta pasadas las elecciones del próximo año.

Aunque fue una minuta del Senado que se presentó desde antes del comienzo del año electoral, fue hasta el último día de sesiones que el PRI le dio aval y accedió discutirlo con la oposición.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 263 votos, al reconocer el fenómeno de la violencia contra las mujeres candidatas o servidoras públicas.

“Violencia política de género es la acción en el ámbito político-público que tenga por resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder público”, se definió en el dictamen.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se estipulan las conductas consideradas como violencia política en razón de género.

Se integran y se dan facultades al INE para formar parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Se modifica también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos para obligar a los partidos políticos a garantizar a las mujeres militantes sus derechos político-electorales.

En lo que se refiere a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se especifica que cualquier acto de violencia política contra las mujeres habrá de ser considerado como un agravante de delito electoral.

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