BUFADORA

Las autoridades siempre han presumido que Ensenada es el municipio más seguro del noroeste del país; sin embargo, desde hace dos décadas hubo años en los que se registraron delitos de alto impacto, como la desaparición de personas en 1997, la masacre del rancho El Rodeo en 1998, el comando negro de 2005 y la racha de asesinatos en 2009; pero este 2017 concluirá siendo el año más violento de la historia de este puerto y la zona rural sur.

El problema es que ya no se puede minimizar esta escalada de muertes violentas, ni argumentar que se trata de hechos aislados y esporádicos, porque además de los ilícitos vinculados a la delincuencia organizada, también se incrementaron de manera notable los delitos del fuero común, desde el robo a casa-habitación, los asaltos a comercios, el robo de vehículos, los daños y lesiones.

Es comprensible que cuando una ciudad crece en su número de habitantes también aumentan sus problemas, pero si durante un largo tiempo prevalece una negativa percepción sobre la seguridad pública, entonces se convierte en un estigma que afecta a todas las actividades económicas.

Así que no podemos caer en la fatalidad de que el próximo año seguirá igual en materia de seguridad. Si funcionó el operativo de vigilancia en las zonas comerciales y los filtros de seguridad en Nochebuena, también pueden funcionar otras estrategias.

Padrés a Sidue
Como ya lo habíamos anticipado en este espacio, Alfonso Padrés Pesqueira dejó la delegación en Baja California de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado (Sidue), en sustitución de Manuel Guevara Morales.

Y sobre esta designación, la diputada federal priista, Nancy Sánchez Arredondo, a través de un comunicado aplaudió la llegada de Padrés Pesqueria a la Sidue; incluso aseveró que “(…) vendrá a reconstruir la deteriorada relación del Gobierno del Estado con los industriales de la construcción, un sector de suma importancia para la economía regional”.

También agregó que dicho nombramiento “deberá servir para generar una mayor confianza en que finalmente el Estado comience a atender, con transparencia, las obras que la sociedad necesita y exige”.

Además, la legisladores federal afirmó que “sin duda que el nuevo titular de Sidue será de gran ayuda para el Gobierno del Estado, no sólo por su indudable capacidad, sino por la extraordinaria relación que mantiene con los miembros de las diversas cámaras de la industria de la construcción”.

Ahora este mosco espera que ya estando de lado de la administración estatal, el señor Padrés se acuerde de hacer las gestiones necesarias para que al fin termine la primera etapa del libramiento carretero El Sauzal-Maneadero, y de paso consiga recursos para erradicar el denominado “tramo de la muerte” que va de Chapultepec a Maneadero.

Las broncas del ‘Bronco’
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, es investigado por presuntamente financiar con recursos públicos su campaña de recolección de firmas de apoyo ciudadano.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene actualmente dos expedientes abiertos en contra de “El Bronco”, uno de los cuales data de 2015, por irregularidades en su gastos y un posible financiamiento ilícito en sus actividades de proselitismo.

En el expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017, que se encuentra en la fase de diligencias previas, la autoridad electoral indaga anomalías en distintos gastos que podrían haberse realizado con dinero del erario y que han beneficiado al mandatario neoleonés en su proceso de acopio de firmas, requisito que tiene que cumplir para obtener la candidatura independiente a la presidencia de la república.

Dicha investigación surge a raíz de una denuncia presentada el 16 de noviembre ante el INE por los activistas Jorge Alberto Espinoza Moreno y Rocío Maybe Montalvo Adame, ante sospechas sobre las erogaciones que ha realizado.

Según el expediente del INE, los quejosos exigen sanción en contra del mandatario estatal, que tendrá licencia a partir del 1 de enero, por usar recursos gubernamentales y, además, ser opaco en sus reportes de ingresos y gastos proselitistas.

Paralelo a esas investigaciones, según el Sistema Integral de Fiscalización del INE, en las últimas semanas, para su campaña de recolección de firmas, “El Bronco” ha recibido 2.1 millones de pesos de donaciones, de los cuales al menos 818 mil pesos provienen de los bolsillos de altos funcionarios de su gobierno.