Las fuerzas armadas, víctimas propiciatorias de ineptitud civil

Las críticas a las fuerzas armadas por la Ley de Seguridad Interior se han dado como si hubiera en curso un golpe de Estado, cuando en realidad ejército y marina sólo quieren regularizar legalmente su participación temporal en acciones que tienen que ver con la seguridad interior, no con la seguridad pública.

Y el dato más revelador tiene que ver con el hecho de que funcionarios, responsables policiacos, observadores críticos y organizaciones civiles nada dicen del fracaso del gobierno federal en la reconstrucción de la estructura de seguridad --copada por el crimen organizado--. Hasta ahora las fuerzas armadas no han exigido la más mínima concesión que los convierta en árbitros o administradores del poder.

Inteligencia, derechos humanos, uso de la fuerza, investigación, persecución penal fueron fracasos de los organismos civiles; parece olvidarse que el ejército, la marina y la fuerza aérea intervinieron en acciones de inseguridad cuando los grupos criminales amenazaron la soberanía del Estado al haber rebasado a gobernantes, policías, jueces y carceleros.

Por eso hay que ubicar la Ley de Seguridad Interior en el contexto de los descuidos de legisladores, partidos políticos y organizaciones civiles. La nueva ley debió haber sido contextualizada en reformas urgentes en los temas integrales de seguridad: inteligencia, seguridad nacional, seguridad pública, espionaje y derechos humanos.

Los legisladores del PRI y de la oposición olvidaron reformar leyes y reglamentos en asuntos asociados a la acción de las fuerzas armadas en seguridad interior, entendiendo ésta como la defensa del Estado y sus instituciones ante el embate de grupos criminales por encima de policías, jueces y gobernantes. La seguridad pública por delincuentes comunes pasa a ser interior cuando debilita al Estado y su función de defensa de los intereses nacionales. Y cuando los grupos criminales están articulados a otros similares en otros países, entonces el riesgo sube a seguridad nacional.

Por estas razones los organismos de seguridad nacional de los EE.UU. se refieren a los cárteles mexicanos del crimen organizado como “organizaciones criminales transnacionales”, como lo ejemplifica el caso de Joaquín El Chapo Guzmán y sus aliados mexicanos, entre ellos su publirrelacionista la actriz Kate del Castillo: un asunto de seguridad interior y de seguridad nacional.

En lugar de quejarse por una ley que en los hechos delinea el ámbito de acción de las fuerzas armadas en situaciones de ofensivas criminales que atentan contra el Estado y sus instituciones, legisladores, críticos y organizaciones civiles deberían exigir rendición de cuentas de jueces, políticos, funcionarios y policías que han fracasado en la lucha contra la delincuencia y que por su culpa las fuerzas armadas debieron de salir de sus cuarteles para convertirse en la última línea de defensa del Estado, su soberanía y sus instituciones.

En el tiempo de debate de la ley de seguridad nacional en el congreso, políticos, partidos de oposición y organizaciones civiles han olvidado que la crisis de seguridad no radica en la acción de las fuerzas armadas sino en el avance del crimen organizado en la política, el Congreso, los gobiernos y las policías.

Y las críticas demoledoras civiles contra las fuerzas armadas y las acusaciones de golpe de Estado se multiplicaron después de aprobada la ley y no antes. Al final, las fuerzas armadas son víctimas propiciatorias de los civiles que quieren a militares y marinos en sus cuarteles para que gobierne el crimen organizado con la complicidad de los civiles.

Política para dummies: La política fácil es el prorrateo de fracasos y la asunción de victorias.

Sólo para sus ojos:

• El debate sobre la ley de seguridad interior tuvo su escenario en la oferta de López Obrador y Morena de amnistiar a delincuentes del narco para pactar la paz con ellos. Pero resulta que esos delincuentes han asesinado más civiles por decisión directa, que los muertos a manos de fuerzas federales de seguridad en enfrentamientos por agresiones.
• La decisión de Ricardo Anaya de no soltar su candidatura por el Frente y el destape de Miguel Ángel Mancera como candidato presidencial perredista del Frente fue el indicio de que el Frente está muerto en su objetivo central: una coalición para la reforma de régimen.
• En este sentido, hay que anotar ya cuando menos cuatro candidaturas competitivas localizadas en un 20% cada una y dos como independientes con 8% cada una. Así que hagan sus cuentas. El próximo presidente de la república va a gobernar con una votación de 25%-23%, es decir, con menos del 10% de la población nacional.

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