Cuestión de derechos

¿Qué hubiese pasado si la joven de 23 años que decidió tomar misoprostol luego de cuatro meses de embarazo hubiese recibido desde temprana edad educación sexual, información sobre prevención de embarazos, uso correcto de anticonceptivos, apoyo del padre del bebé, orientación psicológica, la opción de dar al niño en adopción, e incluso la libertad de recurrir al hospital o a una clínica bien establecida para interrumpir el embarazo? De entrada, no estaría pasando un proceso legal en este momento y estaría ejerciendo el derecho que le corresponde de ser madre o no.

Sin embargo, el hubiera no existe y las mujeres continuamos viviendo en una sociedad que pretende reducir el embarazo no deseado a una cuestión anticonceptiva y que, además, los sectores más conservadores de la sociedad siguen viendo como un crimen su interrupción.

En México el aborto (aunque a muchos la simple palabra les causa horror) es un tema polémico e incluso “intocable” entre muchos sectores, mientras que en 54 naciones (40.5 por ciento de la población mundial) está permitido con la sola petición de la mujer, según datos del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).

Lo peor del caso es que, al no existir el apoyo social, los abortos caseros sin orientación especializada y las clínicas clandestinas con falta de material e higiene van a la alza, poniendo en riesgo la vida de las mujeres, sin olvidar que se estigmatiza a la persona en cuestión.

Aunque la despenalización del aborto avanza en otros Estados, y en Ciudad de México desde hace diez años existe la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de la concepción, en otros lugares, como Baja California, el aborto inducido está penalizado con cárcel (de 1 a 10 años, dependiendo el caso), a menos que se trate de una situación en que la vida de la madre se encuentra en riesgo de muerte y por lo cual sí deba de llevarse a cabo el procedimiento.

Sin embargo, en más de 22 entidades federativas, incluso reformaron los Códigos locales para criminalizar la práctica y, en algunos lugares, castigar a los “culpables” con hasta 30 años de cárcel.

Está claro que no se trata de poner un cartel afuera de los hospitales con la leyenda “abortos para todos”, sino de crear las políticas públicas para orientar y apoyar a las mujeres que no deseen ser madres, por la razón que sea, y evitar casos como el de la joven ensenadense.

Además, debe impartirse la materia de educación sexual en las escuelas con la información adecuada, sin simulaciones ni tapujos, y no como se ha venido dando desde hace 30 años, que los tiempos cambian.

A pesar de que muchos piensan que al momento de despenalizar el aborto, las mujeres llegarán a los hospitales y clínicas en estampida para poder someterse a un legrado, no es así. La prueba está en la capital del país donde se busca inculcar que la maternidad es voluntaria y se ha logrado reducir a tasa cero la muerte en mujeres que recurren a este derecho.

Nos encontramos en pleno siglo XXI y aún no somos capaces de ver el lado positivo de la Interrupción Legal del Embarazo. Es increíble que un óvulo fecundado, en el que ni siquiera ha madurado el sistema nervioso, tenga más personalidad jurídica que la mujer que trabaja, piensa, viste, calza y paga impuestos. Es increíble que, aún en nuestros días, la mujer no tenga derecho a decidir si quiere ser madre o no, sino el Gobierno y resto de la sociedad.

Quien quiera ser madre que lo sea y quien no, pues que no lo sea. Así de fácil.