Rechazan periodo de 5 años

La Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado rechazó la propuesta hecha por integrantes del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa A.C.” de Tijuana, en el sentido de que el periodo de la próxima gubernatura de Baja California no fuera de dos años, sino de cinco, lo cual implicaría derogar el artículo octavo transitorio de la Constitución local, que establece que el gobernador electo en 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.

El Poder Legislativo de la entidad sustenta su postura con base en lo estipulado en el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Además, agregan que “(…) de acuerdo a la norma, el proceso electoral dará inicio el segundo domingo del mes de septiembre del año anterior a la elección, situación que en Baja California ya ocurrió desde el pasado 8 de septiembre de 2018, por lo que dicha reforma no podría tener aplicación en este proceso electoral; por lo tanto se considera que ya no hay momento legal oportuno para cambiar la duración del período del próximo gobernador. Asimismo, al derogar el artículo transitorio, no se estaría cumpliendo con la obligación que estipula la Constitución Federal, en el sentido de empatar por lo menos una elección federal para con una elección local”.

Designarán secretario ejecutivo
Entre los dos aspirantes que buscan convertirse en el próximo secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, destaca -y por mucho- la trayectoria del licenciado Luis Irineo Romero, quien en las últimas tres décadas ha desempeñado funciones preponderantes como asesor jurídico de gobiernos municipales y estatales, así como de organismos electorales a nivel local y federal.

El otro contendiente es Jorge Sauceda, quien por cierto ha sido colaborador del propio Luis Irineo.

Esperemos que a la reunión del próximo lunes donde se llevará a cabo la votación, ahora sí no falte la síndico procuradora municipal de Ensenada Karina Castrejón.

Que Estado comercie drogas
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso explorar mecanismos para que el Estado controle la producción y el comercio de las drogas.

En el libro “Desafíos”, distribuido entre los legisladores de esa bancada, el político zacatecano considera que es necesario quitarle al narcotráfico el monopolio del comercio de las sustancias ilícitas.

“El Estado tiene que explorar esquemas alternativos a la prohibición, para que la producción y el comercio estén a cargo de organismos estatales, o que éstos controlen y reglamenten el uso entre particulares, como sucede con cualquier otra sustancia”, indica.

El presidente de la Junta de Coordinación Política considera necesario que México se sitúe en el contexto internacional, pues varios estados de la Unión Americana han despenalizado el uso lúdico de la mariguana.

“Y han logrado sustituir la criminalización de la pobreza por un negocio boyante que dejó ganancias por 9 mil millones de dólares tan sólo en 2017.

“Mientras, de este lado de la frontera, las fuerzas conservadoras y la desinformación han sido aliadas perfectas de la política prohibicionista, lo cual ha dado como resultado cifras aterradoras”, agrega.

La discusión sobre la despenalización de las drogas no es nueva, señala Monreal, pues se ha dado en otras legislaturas federales y locales, sin que se haya contado con los votos suficientes para avanzar por miedo a los costos políticos.

En ese marco, el legislador propone expedir una Ley de Despenalización de las drogas para beneficiar a quienes hoy las cultivan y están en riesgo de parar en la cárcel.

Proponen duplicar aportación
Con dinero del gobierno, patrones y trabajadores, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) propuso aumentar las aportaciones a pensiones del 6.5 al 13.5 por ciento del sueldo de los empleados.

Este esquema plantea que el trabajador agregue 2 puntos porcentuales, el patrón 4 y el gobierno 1, lo que se sumaría al 6.5 por ciento actual, para llegar al 13.5 por ciento del sueldo del empleado.

Actualmente, el sistema de pensiones prevé una vida de entre 65 y 72 años de edad, mientras que la esperanza de vida según el Inegi es de 72.6 años para los hombres y 77.8 para las mujeres.

La propuesta ya fue presentada a la mesa de transición del próximo gobierno federal.