Desarme a cambio de amnistía

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública federal, afirmó ayer que el Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla el posible desarme de grupos de la delincuencia organizada a cambio de brindarles amnistía.

El futuro funcionario expuso que para realizar el proyecto se requiere de la aprobación de leyes que busquen terminar con las confrontaciones armadas que han dejado miles de víctimas.

“Resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas.

“Esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando así mismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de pena e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que fueron afectadas y proponiéndoles un cambio de vida”, dijo al presentar el plan del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Durazo criticó que el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los carteles de la drogas y no hay perspectiva que logre vencerlos.

“La estrategia policial y belicista aplicada no sólo aumentó la espiral de violencia desde el mismo poder público, sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de violencia”, expresó.

Sostuvo que la violencia en México continúa pese a que en los anteriores sexenios se registraron cientos de miles de vidas perdidas, miles de millones de dólares invertidos, recursos militares consumidos y los sistemas de inteligencia operados contra de las drogas.

Durazo explicó que la estrategia de desarme y amnistía ya se aplicó en otros países con contextos más politizados, donde se logró negociar con organizaciones políticas y criminales.

Eliminan sanciones
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados eliminó las sanciones a los maestros que no pasen los exámenes de evaluación, como la separación del aula.

Con 18 votos a favor y seis en contra, los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley del Servicio Profesional Docente, propuesta que impulsó la presidenta de la Comisión, Adela Piña.

Las modificaciones fueron aprobadas por el bloque mayoritario de Morena, a pesar de la exigencia de la oposición de que hubiera mayor discusión con la sociedad y expertos en educación sobre los efectos de eliminar las sanciones por no aprobar las evaluaciones.

En el dictamen se eliminaron los artículos octavo y noveno transitorios de la ley que establecían motivos para separar de su cargo a personal educativo.

“El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”, dice el artículo octavo transitorio eliminado de la ley.

Del noveno se eliminó toda la redacción que precisaba que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados será sujeto de las evaluaciones.

“Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53”.

En el artículo 22 también se retira la sanción para los nuevos maestros que no se sometan a las evaluaciones.

En el dictamen no sólo se eliminan las sanciones, sino que también se dan facilidades para seguir recibiendo capacitación, aunque los resultados de los profesores sean insuficientes.

Durante la aprobación del dictamen, la diputada del PRI Cynthia López, reclamó a la presidenta de la Comisión de Educación la premura para discutir la reforma y eliminar la evaluación.

Reclamó que en los hechos se estaba eliminando la evaluación obligatoria.

Dijo que los de Morena usarán su mayoría, pero bajo su conciencia quedará el daño que le hagan a la educación en México por decir eliminar la evaluación obligatoria.

“Los diputados son juez y parte, sólo obedecen a los intereses de caciques y líderes para proteger a su gremio”, afirmó.