Baja 1000

La carreras fuera de camino son una tradición en el municipio de Ensenada y tienen una enorme afición, pues se cumplen 51 años de celebrarse; sin embargo, es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la empresa promotora de estas competencias y los prestadores de servicios turísticos, definan una ruta que no impacte reservas naturales protegidas, que garantice la seguridad de los espectadores y se vigile el estricto cumplimiento de las leyes por parte de todos los involucrados.

Urge que haya legalidad y transparencia antes, durante y después de las carreras; no se trata de cancelarlas, sino de que exista orden.

Las competencias “off road” son de los pocos eventos que no tienen costo para la gente, y durante más de cinco décadas se ha generado a su alrededor toda una industria y cultura.

Si las carreras Baja no se reglamentan, persistirán los vicios y sospechas, así que lo mejor es buscar una solución, por consenso, porque en las redes sociales se observa una discusión de muy bajo perfil entre fanáticos y detractores, el cual no conduce a nada, salvo los alegóricos mensajes en donde se agitan sus respectivos árboles genealógicos.

Riesgo de incidentes
La Secretaría de Gobernación ve con preocupación que pudiera darse un incidente en la frontera con Estados Unidos, ante la posible intención de migrantes de ingresar a ese país de forma intempestiva y no ordenada, señaló ayer el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida.

“¿Qué es lo que no queremos?, que la violencia sea la dinámica que se desarrolle de aquí en adelante ante la posible intención de ingresar a los Estados Unidos de forma también intempestiva y no ordenada”, dijo en conferencia de prensa.

Señaló que el riesgo no es sólo porque en la frontera sur ya hubo dos incidentes de ese tipo, sino porque el discurso y las acciones hacia la migración ilegal “del otro lado de la frontera” son hostiles.

Expuso que para evitar incidentes en la frontera, el gobierno federal está dialogando tanto con interlocutores de las distintas caravanas migrantes, como con autoridades de Estados Unidos.

“En este contexto es que vemos difícil, riesgoso y además con posible daño a personas vulnerables lo que pudiera ocurrir un incidente en la línea fronteriza y estamos tomando acciones al respecto”.

En el mismo evento, la Iniciativa Privada anunció que ofertará a migrantes regularizados -y mexicanos- entre 7 mil y 10 vacantes laborales de la industria maquiladora y manufacturera, en ferias de empleo y centros de atención.

“Hemos hecho un primer censo entre las organizaciones industriales de la industria maquiladora y otras industrias (.) no sólo en la frontera norte, sino en el occidente, de momento en este primer censo podemos disponer de 7 a 10 mil empleos para mexicanos y los migrantes centroamericanos, señaló Juan Palo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Justicia tributaria
La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa de reforma para poner fin a la justicia selectiva en materia fiscal.

A través de una iniciativa, la ministra en retiro de la Corte propuso que se permita la emisión de la declaratoria general de inconstitucionalidad en materia tributaria, actualmente impedida en el artículo 107 constitucional.

Según Sánchez Cordero, esto implica que la autoridad hacendaria puede seguir aplicando normas fiscales que han sido declaradas inconstitucionales, lo que representa una violación al orden jurídico.

“La limitante prevista en el artículo 107 permite que los contribuyentes que no tienen acceso a un abogado o que simplemente no tienen los recursos para cuestionar ante la justicia federal que paguen impuestos que no se ajustan a sus derechos fundamentales”, señala en el proyecto.

“Con esta limitante se transgrede el derecho más básico que debe tener todo contribuyente: que las normas fiscales sean constitucionales”.

Para la futura secretaría de Gobernación, es una restricción desproporcionada, sin que exista una razón que justifique esta exclusión.

Subraya que, permitir la recaudación de contribuciones con base en ordenamientos declarados inconstitucionales por el Poder Judicial transgrede derechos fundamentales de los contribuyentes.

Por otro lado, también propondrá a hacer obligatoria la jurisprudencia para las autoridades administrativas de carácter hacendario.

“Hoy, la eficacia de la jurisprudencia que declare inconstitucional una norma tributaria es demasiado acotada cuando solamente alcanza a proteger a los gobernados que acuden a los tribunales”, refiere.

Sánchez Cordero asegura que la obligatoriedad de la jurisprudencia inhibirá la emisión de actos administrativos fundados en normas inconstitucionales y también reducirá el número de casos promovidos ante los tribunales.