Y lo asesoran televisoras

Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves pasado la integración de un “Consejo Asesor del Presidente” conformado por empresarios de las tres principales televisoras del país.

El grupo será coordinado por Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia.

El Consejo estará integrado por Ricardo Salinas, de Grupo Salinas y TV Azteca; Bernardo Gómez, de Televisa; Olegario Vázquez Aldir de Grupo Ángeles y Grupo Imagen TV.

Además, participarán Carlos Hank González, de Banorte; Daniel Chávez, de Grupo Vidanta; Miguel Rincón, de Bio Pappel; Sergio Gutiérrez, de DeAcero, y Miguel Alemán, de Interjet.

La familia de Olegario Vázquez, en la empresa Prodemex, y Hank, en La Peninsular, han sido contratistas del aeropuerto de Texcoco.

“Ellos se ofrecieron a formar parte de este Consejo Asesor empresarial, me voy a reunir con ellos cada dos o tres meses, ellos y yo”, dijo.

Defienden esquema
Alfonso Durazo defendió la decisión del gobierno entrante sobre que la nueva Guardia Nacional quede bajo el mando del Secretario de la Defensa Nacional.

El futuro titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que, tras un diagnóstico, se concluyó que no existe ningún mando policiaco civil confiable para conducir la Guardia.

Ante los señalamientos de que la estrategia de seguridad del futuro gobierno implicaría continuar con la militarización del país, Durazo acotó que los elementos que conformarán la Guardia, a diferencia de la actual tropa, tendrán una formación de respeto a los derechos humanos y regulación del uso de la fuerza.

“El asunto no es la militarización; no depende de que estén ubicados en Sedena, depende de la formación de los integrantes de los cuerpos de seguridad; en este caso, los integrantes de la Guardia Nacional tendrán una formación específica para prestar servicios a la seguridad”, dijo en entrevista.

“Estamos planteando que la base de la Guardia Nacional sean policías militares y policías navales, que tienen una formación distinta a la del personal militar que actualmente está en las calles, tienen una formación de 6 a 8 meses adicionales a los de un soldado raso, y esta formación adicional los califica para los temas de seguridad pública”.

Durazo también rechazó que hubiera ocurrido un cambio de postura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña había prometido acuartelar paulatinamente a los militares.

“No van a ser los propios militares, son policías militares que tienen una formación distinta; no hay un cambio de postura”, zanjó.

En un video, López Obrador apremió a los legisladores a que aprueben la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.

Sostuvo que las Fuerzas Armadas -que serán parte fundamental de la nueva corporación- no pueden seguir realizando labores de seguridad pública sin un marco legal que respalde su labor.

Plantean prohibir asesorías
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso una reforma para prohibir al gobierno federal la contratación de asesorías privadas.

De acuerdo con la iniciativa, durante los primeros cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto se han desembolsado más de 280 mil millones de pesos en la contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos.

Estas asesorías han representado un gasto anual promedio de más de 56 mil millones de pesos en pago a despachos, asesores o consultorías en materia de derecho, contaduría, auditoría, arquitectura, ingeniería, diseño, administración, ciencia, publicidad, mercadotecnia y comunicación entre otros.

El gasto se ha realizado, a pesar de que en el país existen más de 350 institutos y centros de investigación dependientes de entidades u organismos de la Administración Pública Federal y de instituciones de Educación Superior, todos ellos financiados con recursos públicos.

En la exposición de motivos, Monreal indica que el plan de austeridad propuesto por López Obrador establece que no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que pueden hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.

La intención de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dijo, es aprovechar capacidades técnicas y profesionales de cada dependencia, pero también de las universidades e instituciones académicas públicas que estén capacitadas para brindar asesorías.

En el proyecto se señala que las dependencias y entidades se abstendrán de contratar servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones cuando los productos de esos servicios puedan ser realizados por los funcionarios de esas instituciones.

También se propone que la contratación de esos servicios se pueda realizar con instituciones públicas de educación superior, centros o institutos públicos de investigación, siempre cuando acrediten que cuentan con las capacidades para prestarlos.