Premian ostricultura de BC

Luego de mucho picar piedra en un sector harto complicado, el empresario acuicultor de familia ensenadense, Sergio Guevara Escamilla, está en su mejor momento, y prueba de ello es que el próximo 27 de noviembre será reconocido como el segundo mejor productor del país en la categoría de “acuicultura rural”, por el proyecto “Intermareal, S.A. de C.V.”, ubicado en el sur profundo de la entidad, concretamente en Guerrero Negro, donde desde hace varios años le ha puesto empeño a un cultivo de ostión del pacífico, utilizando una combinación del sistema francés de estantes y costales, y el australiano de canastas en zona de entremareas, técnicas que combinadas le dan al ostión una gran calidad que ha sido reconocida en el mercado de Estados Unidos, donde se comercializa la mayor parte de la producción bajo la marca “Kumiai Oysters”.

El premio le será otorgado nada menos que por el Gobierno de la República, las comisiones respectivas de las dos cámaras del Congreso de la Unión, y la organización no gubernamental Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI).

Pero además de este galardón, cabe señalar que a Sergio Guevara lo comienzan a mencionar en ciertos círculos políticos como otro de los prospectos de Morena para la presidencia municipal de Ensenada en el 2019, lo que, de ser así, estaría dando una nueva señal de la forma en que se están analizando las cosas en el partido que tiene todas las tendencias a su favor, ya que lejos de confiar en únicamente la popularidad, al parecer también consideran a personas externas. Ya veremos.

Proponen eliminar salas anticorrupción
La senadora Olga Sánchez Cordero propuso una reforma para eliminar las cinco salas especializadas en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La futura secretaria de Gobernación consideró que el Congreso de la Unión incurrió en un exceso al aprobar la creación de esas instancias -con 15 nuevos magistrados- sin que estuvieran contempladas o mandatadas por la Constitución.

Según la ministra en retiro de la Corte, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sólo contemplaba la creación de una “Tercera Sección” del Tribunal para sancionar las faltas administrativas graves en materia de corrupción, cometidas por servidores públicos o particulares.

“Se debe corregir el exceso en el que se incurrió en otro momento político con respecto al número de magistrados a designar”, señala en la exposición de motivos, donde también aduce motivos de austeridad presupuestal.

La legisladora sostuvo que el SNA no puede integrarse bajo un falso paradigma, ya que las salas especializadas simplemente carecen de sustento constitucional.

Recordó que desde el 25 de abril del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado la lista de aspirantes para ocupar tres magistraturas de la Sala Superior y 15 de las salas especializadas, sin que se haya logrado avanzar en el análisis de las mismas por diversos cuestionamientos.

Y aunque ahora la Cámara alta está obligada por los tribunales a realizar la designación de esos magistrados, la senadora pidió frenar el proceso y realizar una reforma de fondo.

De avalarse la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal -que sólo requiere de mayoría simple-, el Senado sólo quedaría obligado a nombrar tres magistrados para la “Tercera Sección”.

Desviaron 650 mdp
Autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal para campañas electorales del PRI en 2016.

De esta cifra, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y los otros 400 a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.

En diciembre de 2017 fue revelado el mecanismo, operado con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray.

En aquella revelación, se mencionó el uso de 4 empresas fantasma.

Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la “Operación Safiro”.

De acuerdo con testimonios ministeriales de ex funcionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.

Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.