Transparencia y protección

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), llamó a los nueve partidos con registro a nivel nacional a que cumplan con sus obligaciones de transparencia al cien por ciento.

Al firmar un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el comisionado presidente Francisco Javier Acuña informó que el INAI comenzó a implementar una nueva modalidad de recursos de revisión, la cual consiste en atender denuncias ciudadanas sobre el incumplimiento de los sujetos obligados, entre ellos partidos y sindicatos.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, señaló que la transparencia es uno de los pilares de la justicia y la democracia.

“Una ruta segura para fortalecer a las instituciones es, precisamente, su apertura permanente a la ciudadanía. Se trata de generar confianza a través de una mayor transparencia y, a partir de esta transparencia, establecer canales de participación y colaboración entre instituciones y ciudadanos”, apuntó.

Además, el proceso electoral ya empezó, y con él el riesgo de hacer mal uso de los datos personales de los ciudadanos.

Por eso, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especial en Delitos Electorales, también firmaron un acuerdo para proteger los datos de los electores.

“Hacemos el llamado a funcionarios electorales, representantes de partidos políticos y candidatos independientes para promover, respetar y garantizar la protección y tratamiento adecuado de los datos personales, como pueden ser, nombres domicilios, claves de elector, fotografías, huellas, CURP, entre otros”, comentó Cinthya Cantero Pacheco, comisionada presidenta del Itei.

La firma del documento se llevó a cabo por la recomendación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para que exista una coordinación entre los órganos garantes y electorales de todas las entidades del país.

Cantero Pacheco recordó que existen sanciones para aquellos que incurran en la violación de la protección de los datos personales que van desde los 11 mil a los 113 mil pesos, así como la inhabilitación.