Malapaga

Extrañamente los concesionarios del transporte público urbano de Ensenada adeudan al XXII Ayuntamiento de Ensenada 2 millones 418 mil 594 pesos con 70 centavitos, correspondientes al no pago de los tarjetones de sus unidades y de los tarjetones de los operadores de esos vehículos.

Dichos adeudos corresponden a los años 2014, 2015 y 2016, recalcamos y enfatizamos lo muy extraño -casi difícil de creer-, porque de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales dicho pago debió hacerse anualmente y -puntualiza dice dicha ley- es: “requisito indispensable para prestar servicio público de transporte público (sic) de pasajeros”.

Si se supone que es “indispensable” y además es requisito: ¿dónde estaba(n) la Unidad Municipal del Transporte y/o la Recaudación de Rentas Municipales para revi$ar el cumplimiento de e$a obligación fi$cal y nece$aria para circular y dar el $ervicio? ¿No lo$ vieron?, ¿no $e dieron cuenta de ese incumplimiento durante tre$ año$?

Habrá que estar muy pendientes de que los transportistas cumplan con ese pago, a$í como que los funcionario$ que deberían de cuidar e$e cobro no $e den cuenta ha$ta tre$ año$ despué$.

FACTIBILIDAD
Ayer en Cabildo se dio un ilógico, absurdo e ilegal acuerdo, que pisotea no sólo la ley, sino varios pronunciamientos hechos tanto por el alcalde Marco Antonio Novelo Osuna como por distintos regidores.

Se trata de encomendar al Instituto Municipal de Investigación y Planeación un estudio técnico para determinar la factibilidad de otorgar nuevos permisos de taxis en la ciudad.

Ilógico porque en forma reiterada funcionarios y especialistas han señalado que lo que se requiere es un Plan Maestro de Movilidad Urbana, dentro del cual se incluye por supuesto la revisión del tema del transporte público.

Enfocarse sólo al transporte público atiende exclusivamente las urgencias, intereses y necesidades de los transportistas -o de quienes aspiran a serlo-, pero no del resto de la comunidad.

Dicho acuerdo parece obedecer más a las presiones de quienes buscan obtener las nuevas autorizaciones que realmente a atender la problemática de la movilidad urbana. Por ello es absurdo.

En cuanto a lo ilegal, el mencionado acuerdo establece -cita textual del boletín y léala con muchísimo cuidado-: “Además la Tesorera Municipal deberá dotar al Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, de los recursos necesarios para la realización del estudio técnico”.

¿Por qué ese punto pudiera ser irrisoriamente ilegal?, porque la Ley de Ingresos Municipales 2018, que supuestamente revisaron y aprobaron nuestros ediles dice en su artículo 26, fracción D4: “Expedición de opinión de factibilidad, de ampliación de ruta de servicio público (autobús de pasajeros o taxi): 1).- Por unidad... 9.00 UMA”.

Es decir, si alguien quiere una opinión de factibilidad tiene que pagarla, si no es así: ¿a quién se le cobraría?, ¿a los ediles, a la Tesorera?

Es decir, en el caso de que haya unos solicitantes que quieren saber si es factible que les den permisos, ¡pues que paguen como dice la ley!

Se trata de la misma ley de ingresos que votaron los que ahora quieren que ese trámite lo pague no la Tesorería Municipal -que es la dependencia-, sino -de acuerdo al boletín- ¡la Tesorera Municipal! Son conceptos muy distintos la Tesorería Municipal y la Tesorera.

Salvo que le apliquen un sobresueldo o un pago adicional, difícilmente Guadalupe Méndez Maldonado podría pagar dicho estudio, salvo que resulte tan mal hecho como el que hizo el director de la Unidad Municipal del Transporte, Felipe Romero Guzmán.

SOLUCIÓN AL EMBROLLO
Desde este modesto -y chingativo espacio-, propongo a los brillantes y sesudos integrantes del Cabildo una sencilla solución.

Si los transportistas ya concesionados deben 2.4 millones de pesos -sin considerar alguna multita o recargo por su morosidad-, y el Plan Maestro de Movilidad Urbana les cuesta 2.8 millones de pesos: ¡páguenlo con lo que le deben esos caones!

Si en ese estudio resulta factible dar 400 o mil nuevos permisos de taxis o cancelar 100, 200 o ninguno será una decisión verdaderamente técnica y no política.

Con ese acuerdo el Cabildo se ha puesto al borde un gran conflicto político y social al alentar las esperanzas de quienes de buena y de mala fe pugnan por los nuevos permisos.

Lo acordado ayer, no sólo es ilógico, absurdo e ilegal, es también muy peligroso para la estabilidad política de esta administración.

FRASE
No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto confuso.
Ansel Adams

* El autor es periodista y atlantista