LA BUFADORA

Ver para creer

Por El Mosquito
martes, 27 de febrero de 2018 · 00:00

Los concesionarios del servicio de transporte urbano de pasajero lograron que la mayoría de los integrantes del Cabildo de Ensenada aprobaran la ampliación de sus permisos, a pesar de que no han cumplido en años con su promesa de mejorar el estado de las unidades, la capacitación de los choferes y la planeación de las rutas.

Ahora se informa que los casi tres millones de pesos que deben pagar por los derechos municipales que no cubrieron en las administraciones anteriores para conservar su concesión, se destinará para financiar un estudio de movilidad urbana, el cual debió tenerse antes de que los ediles emitieran su voto al respecto. ¿Por qué aprueban algo si aún no tienen el diagnóstico?

Posponen consulta
En materia electoral hay propuestas que suenan muy bonitas, pero que al implementarse representan un elevado costo económico y una distracción para los órganos responsables de organizar los comicios constitucionales.

Por tal motivo, el consejero Ciro Murayama informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pospondrá la realización de consulta infantil y juvenil hasta después de los comicios del 1 de julio.

Dijo que la complejidad del proceso electoral en curso -habrá elecciones federales en todo el país y concurrentes en nueve estados- los obliga a posponer el ejercicio.

Recordó que el INE ha realizado la consulta desde hace 20 años.

“Las niñas, niños y adolescentes que respondieron esta consulta (de 2015) habían nacido después de que México ganó espacios democráticos con la alternancia en la presidencia de la república. Son los hijos de la democracia”, comentó.

Murayama pidió a María Fernanda Somuano Ventura, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, y Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ayudar al Instituto a hacer un ejercicio novedoso y que permita dar continuidad a la investigación y recepción de hallazgos sobre la niñez mexicana.

Sin embargo, lo ideal sería que en la jornada electoral los ciudadanos no sólo votarán por candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional, sino que se implementaran instrumentos de democracia directa como la consulta y plebiscito para aprobar o rechazar iniciativas de ley, cambios de uso de suelo, obras de infraestructura de alto impacto, permisos para la venta de alcohol, incluso elegir al jefe de la policía.

Se ponen el huarache
¿Tendrán los candidatos de partido e independientes la estructura y capacidad de organización para tener representantes en todas casillas el próximo 1 de junio?

No se requiere ser un experto para anticipar que la mayoría de las fuerzas políticas y los aspirantes sin partido tendrán serios problemas al momento de acreditar a dos representantes en cada casilla, y cuando mucho podrán registrar representantes generales.

Y lo anterior será el pretexto perfecto para que afirmen que se cometió un fraude en caso de que los resultados de las votaciones no les favorezcan, pero como en México los políticos no saben perder, afirmarán que se manipularon los sufragios en cada mesa de votación y de que se alteraron las actas de escrutinio y cómputo, aunque no presenten ninguna prueba ante los tribunales, y de forma deliberada también omitan decir que durante la jornada electoral sus representantes tampoco reportaron irregularidades en la hoja de incidentes que por derecho pueden anexar al paquete que los funcionarios de casilla entregarán al final del día en las sedes distritales del INE.

El resto de la historia ya la conocemos, pues al no poder probar que hubo fraude el día de las elecciones, los perdedores inventarán que se modificó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y al caerse este argumento luego dirán que hubo compra de votos, para finalizar con la denuncia de que el ganador rebasó el tope de gastos de campaña.

Basta con revisar todo lo que ocurrió antes, durante y después de las elecciones para gobernador en el estado de Coahuila el año pasado, cuando los candidatos perdedores aseguraban en todas las ruedas de prensa que se había perpetrado el fraude más escandaloso y descarado de la historia política del país, y que sería la antesala del cochinero que sucederá este 2018 con la votación presidencial, pero tales acusaciones no pudieron probarlas en los tribunales.

Así que todo apunta a que la actual contienda se dirima en los tribunales, a menos que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar sea lo suficientemente amplia para no dar lugar a dudas.

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