La administración pública global

La lucha anticorrupción desde la lógica del mercado

La globalización y el neoliberalismo son factores que se encuentran como común denominador en las administraciones públicas de los Estados que están insertos en la comunidad internacional y que se consideran democráticos. Conceptos como el Open Goverment, la Transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de mercado, las asociaciones público-privadas, son elementos característicos de esta evolución. El principal elemento es sin duda que la dinámica jurídica de la Unión Europea, así como de estados desarrollados en América Latina, así como en otros continentes, y que trata de transmitir a los demás estados son 3 elementos básicamente: la libertad de capital, la libertad de mercancías y la libertad de tránsito. Bajo esa perspectiva, organismos tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han servido como policía e investigadores con el fin de detectar que el neoliberalismo tenga funcionalidad, por lo menos en países que sean importantes para esta dinámica global neoliberal. México no es la excepción: Nuestro país ha adoptado las mismas reglas, las cuales se han materializado en la reforma constitucional del año 2015, precisamente en 27 de Mayo; es decir, la implementación constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la publicación de sus leyes secundarias en el Diario Oficial de la Federación. El combate a la corrupción en el neoliberalismo es de suma importancia, y no precisamente porque sean relevantes los sujetos sociales, así como la prestación de servicios sociales para ellos, sino que una buena administración pública como derecho implica el excelente funcionamiento del mercado y la entrada de capital privado-extranjero inminente en lo que antes era exclusivo del Sector Público: en el mundo y en México se les conoce como Asociaciones Público-privadas, cuya ley ha funcionado en nuestro país desde hace ya algunos años. Este derecho global e internacional de Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción lo deben contener los países democráticos en sus leyes fundamentales, es decir, en sus constituciones generales materializadas en forma de derechos fundamentales, pues a nivel global se le considera derechos humanos; en México los tenemos en los siguientes artículos constitucionales: artículo 6 (Derecho fundamental de transparencia y acceso a la información pública, así como la creación de una institución que gestione dicho elemento: el INAI, cuyo ordenamiento jurídico en México lo encontramos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública); la rendición de cuentas (artículo 108 Constitucional en su último párrafo, la cual es una restricción a los derechos humanos de los Servidores Públicos, pues tienen que rendir cuentas en materia de evolución patrimonial y conflicto de intereses, y cuya reglas se encuentran de forma específica en la Ley General de Responsabilidades Administrativas) y combate a la Corrupción, cuyas normas jurídicas las encontramos desde los artículos 73, 74, II y VI, 79, 90, 102, VI, 108, 109, 110, 111, 112 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se encuentra materializadas las normas de combate a la corrupción en calidad de derechos fundamentales, tal como el sistema nacional de fiscalización (Auditoría Superior de la Federación, Órganos Internos de Control, etc., así como la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos cometidos por hechos de corrupción, las funciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las facultades fiscales de las autoridades investigadoras y el complejo de autoridades que conforman el Comité Coordinador. Parece increíble que esta gama de Instituciones y normas jurídicas sean sistémicas y permitan la dinámica neoliberal en lugar de proteger a los sujetos sociales; sin embargo, si hacemos un análisis minucioso del tema y su problemática puede ser que nos percatemos que el mercado y su dinámica neoliberal-global son más importantes que los sujetos sociales y su derecho a bienes y servicios públicos.

* Doctora en Derecho por la UNAM.

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