POR SI LAS MOSCAS

Habitantes del gobierno

Por Laura Monzón
viernes, 30 de marzo de 2018 · 00:00

Todos los días nos enteramos de injusticias hacia un sector social o un ciudadano. Injusticias perpetradas por parte de los habitantes del Gobierno.

Digo “habitantes” porque hay figuras que se han perpetuado en el sector gubernamental, aunque en diferentes áreas, y no puede llamarse de otra forma. Cuando no son secretarios de algo, son diputados, senadores, regidores, síndicos, gobernadores, alcaldes, directores… para dar la vuelta a la lista y regresar a alguno de los cargos señalados.

Son personajes que se enquistan en el Gobierno creyendo que es su derecho y privilegio vivir del erario público, por siempre.

Para ellos, encabezar el sector educativo es igual que dirigir la seguridad; la cultura puede llevarse como el departamento de limpia. Como sea, se trata de gestionar y administrar recursos. El conocimiento y la planeación no importan; dios proveerá.

Esta costumbre de manejar al sector público como si fuera un centro comercial, ha ocasionado que ciertas lumbreras públicas desconozcan la función de la paraestatal que están dirigiendo y les importe un comino el sector social que de alguna forma depende de su labor.

El año pasado sucedió el caso en que dos obras de gran formato, de un reconocido pintor de Ensenada, fueron rajadas y partidas a la mitad cuando eran trasladadas a su estudio, luego de permanecer en una exposición en el Centro Cultural de las Artes de Ensenada (Cearte). Por su puesto que el artista se quejó ante los directivos de la paraestatal, por la falta de respeto hacia su trabajo.

Después de varias peticiones para que las obras le fueran resarcidas de forma económica, los habitantes del Gobierno decidieron hacerla cansada con cartas y cartas de “ahorita lo atendemos”.

Ocho meses después llegó la respuesta, con la que de forma hábil y despreocupada los personajes se lavaron las manos, cual estacionamiento público de tienda de autoservicio.

El artista había firmado un Formato Interno de Recepción de Obra, en el que con “letras chiquitas” se establece que los expositores son los responsables de trasladar sus obras, por lo que el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) y Cearte no se hacen responsables de los daños. Anexo a la explicación, agregaron la tramitología burocrática que debe llevarse a cabo para que el estropicio sea resarcido, en caso de que se desee continuar en la postura de recibir el pago planteado.

Analizando todas las cartas entre el artista y Cearte-ICBC, (las cuales tengo en mi poder) podría decirse de una manera fría y calculadora, que en cuestiones legales la paraestatal tiene la razón; el artista podrá perderse en trámites y quejas sin llegar a nada, porque existe un marco legal de por medio que protege a dicha institución.

Pero no se trata de las leyes en que se escudan los políticos para hacer de las suyas, sino del respeto al arte y a la cultura; al autor, a su trabajo y al tiempo que le costó crear las obras que manipularon como si de huacales con carbón se tratara.

¿Pero qué saben los habitantes del Gobierno de esas cosas, si a ellos les da lo mismo estar a la cabeza del Instituto de Cultura que de la Secretaría de Finanzas?

Ya veremos qué “hueso” le dan a Manuel Felipe Bejarano Giacomán cuando Vega de Lamadrid termine su mandato. Ahora que María Olivia Picazo Olmos renunció a Cearte para fungir como diputada federal, deseo que la persona que está coordinando el centro sí sepa algo de arte y tenga respeto por el trabajo de nuestros artistas.

También deseo que las cosas se le resuelvan con bien al maestro José Carrillo Cedillo.

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