Lidera PRI sanciones

El PRI se perfila a ser la institución política más sancionada de las pasadas campañas electorales federales, con multas por 156.7 millones de pesos.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que el tricolor tuvo diversas irregularidades en los reportes de gastos e ingresos de sus candidatos, incluido el de su abanderado presidencial, José Antonio Meade.

Entre las irregularidades que encontró el árbitro electoral estuvieron gastos ocultos o que no fueron reportados, así como erogaciones y eventos proselitistas que fueron registrados de manera extemporánea.

Destaca que, por ejemplo, el tricolor opacó más de 20 millones de pesos en pagos a representantes que vigilaron y cuidaron el voto en las casi 157 mil casillas que se instalaron en todo el País.

En total, el consejo general del INE contempla imponer, el próximo 6 de agosto, 417.6 millones de pesos a los nueve partidos políticos nacionales y a los candidatos independientes que contendieron por un cargo de elección popular a nivel federal.

Después del PRI, el PVEM es la fuerza política que recibirá mayores sanciones: 58 millones de pesos por ocultar y reportar de manera tardía sus gastos de campaña.

Los candidatos independientes a la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados recibirán, en conjunto, 2 millones 429 mil 114 pesos en multas.

Destacan los casos de los ex candidatos independientes al Senado, Manuel Clouthier por Sinaloa y Pedro Kumamoto por Jalisco, quienes serán multados con 403 mil pesos y 46 mil 183 pesos.

Todas estas multas serán aprobadas por el consejo general del INE el próximo lunes 6 de agosto.

Coordinaciones para indígenas
Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de coordinaciones para atender a la población indígena del país.

Precisó que se crearán 128 “regiones” que se asentarán comunidades de los 68 grupos étnicos que hay en México.

Planteó que los coordinadores atenderán específicamente a los pueblos indígenas, y se crearán otras divisiones para atender a la población en general de zonas rurales y urbanas.

Indicó que esas instancias administrativas estarán integradas a la estructura de delegados federales que nombrará en cada estado.

“Vamos a dividir las regiones en dos tipos, van a tener dos características: unas regiones van a atender municipios urbanos y rurales, y van a haber otras regiones para atender de manera especial a la población indígena del país, van a haber 128 regiones en las 68 etnias o culturas de México”, detalló.

López Obrador defendió sus facultades legales que tiene como virtual presidente electo para designar delegados del pobierno federal en los estados.

Ante las críticas por el poder e influencia que podrían tener estos funcionarios frente a los gobernadores, el tabasqueño aseguró que respetará la soberanía de los estados.

“Es una facultad que tiene el presidente y la voy a ejercer, no es que voy a crear delegados, nada más voy a reducir el número”, planteó en rueda de prensa.

Actualmente, dijo, los mandatarios se tienen que relacionar con delegados de cada uno de las dependencias federales.

“Yo no sé por qué les preocupa, si ya no se van a entender con tantos, solo va a ser un delegado del gobierno federal en cada estado”, abundó.

Plantean despenalizar posesión
La Suprema Corte de Justicia discutirá el 8 de agosto un proyecto que, por primera vez, declara inconstitucional el delito de posesión simple de drogas sin fines de distribución.

La primera sala analizará el artículo 477 de la Ley General de Salud (LGS), que prevé de diez meses a tres años de cárcel a quien posea hasta cierta cantidad de narcóticos, no destinados a venta ni suministro gratuito a terceros.

Las cantidades incluyen hasta cinco kilos de mariguana, medio kilo de cocaína, 50 gramos de heroína y 40 gramos de metanfetamina.

El proyecto, de la ministra Norma Piña, propone declarar que el artículo 477 “restringe injustificadamente la libertad personal y no satisface las exigencias del principio de lesividad”, porque la posesión para consumo propio no pone en riesgo la salud de terceros.

“Si lo que se pretende es evitar que personas cuya voluntad está debilitada dañen su salud por consumir drogas, como los farmacodependientes, la pena es una medida no sólo cruel e inhumana, sino manifiestamente innecesaria y desproporcionada, pues lo indicado es la provisión de medidas sociales, terapéuticas y sanitarias adecuadas”, indica.

No existe hasta ahora precedente de la Corte sobre la tipificación penal de la posesión de drogas.

La primera sala concedió desde 2016 tres amparos para consumo recreativo de mariguana, pero esos litigios se refirieron solo a esta droga y fueron “manufacturados” por abogados para obtener un permiso administrativo de la Secretaría de Salud.

En esos amparos, la Corte falló contra el artículo 245 y otros de la LGS que prohíben la mariguana, pero que no contienen sanciones penales.

El amparo directo en revisión 5809/2016, de ser aprobado por al menos tres ministros, sería otorgado a Jesús Ortiz Cutz, detenido en Yucatán en 2013 en posesión de 34.4 gramos de mariguana y condenado a diez meses de prisión.

Ortiz sería el único beneficiario inmediato del amparo, al ser cancelada la causa penal en su contra, pero el criterio de la Corte desalentaría a la Procuraduría General de la República (PGR) para llevar a tribunales casos similares, que eventualmente se vendrían abajo.