La restricción de los derechos humanos en la delincuencia organizada.

De acuerdo al artículo 4º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los delitos con mayor criminalización en el país son los siguientes:

1. Trata de personas.
2. Secuestro.
3. Delitos contra la salud.
4. Robo de Hidrocarburo.
5. Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior en virtud de la metodología utilizada para la restricción de los derechos humanos, así como para la investigación y la persecución de los mismos, es decir, la aplicación de las técnicas especiales de investigación que permiten el artículo 20 Constitucional, apartado B, fracción V, párrafo segundo, relacionado con el párrafo primero constitucional.

Es decir, existen conductas delictivas en México que socialmente afectan a la ciudadanía mexicana, de tal forma que los derechos humanos de los investigados, perseguidos y procesados se deben relativizar, pues en caso de no hacerlo existe el riesgo de impunidad, por lo que el garantismo aplicado a otro tipo de delitos de menor impacto no puede ser permitido en estos rubros.

Al respecto podemos indicar lo siguiente de acuerdo al Dr. Edgardo Buscaglia:

Según Global Financial Integrity, México ocupa el tercer lugar entre los países en desarrollo que más producen recursos ilegales, sólo detrás de China y Rusia. Entre 2003 y 2012, las mafias que operan en el país generaron ganancias por 514 259 millones de dólares por sus actividades ilícitas; además, la delincuencia organizada mexicana ha ampliado su abanico de delitos en las últimas décadas, y estos crímenes han multiplicado recursos que necesitan ser colocados en la economía formal.

El secuestro, en todas las escalas, es entre estos nuevos delitos el que más azota a la población de altos, medianos y hasta bajos recursos en México. Según cifras oficiales, la privación ilegal de la libertad se incrementó 245% entre 2003 y 2013. Para mediados de 2014, organizaciones de la sociedad civil aseguraron que México es el país en donde más secuestros se cometen en el mundo.

Es decir, la delincuencia organizada junto con los delitos que son accesorios a su tipo penal son los que mayor impacto causan en la sociedad mexicana, pues se traduce en ejercicio de poder económico ilícito y corrupción en todos los niveles de gobierno, así como en pobreza extrema, lo que implica que cada vez existan menos oportunidades de desarrollo social.

En ese sentido, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocido como lavado de dinero, se ha convertido en México en una gran empresa en perjuicio de la ciudadanía mexicana, pues desestabiliza la economía el país a nivel interno e internacional, en virtud de que es un delito accesorio que requiere de otro determinante, es decir, cuando de la comisión de un delito existen ganancias ilícitas invariablemente se actualiza la hipótesis jurídica contenida en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Por ello, la importancia de neutralizar las ganancias ilícitas de las conductas delictivas de alto impacto es vital para el desarrollo de México, pues la competencia económica ilícita con respecto a la lícita lleva gran ventaja, lo que trae como consecuencia que el Estado Mexicano se debilite en cuanto a la prestación de servicios, la persecución de los delitos y la lucha anticorrupción, creciendo así la violencia, la dependencia económica externa y el nulo desarrollo social.

Es así como la corrupción, la falta de capacitación de los operadores jurídicos del sistema penal a nivel federal y, por ende, el lavado de dinero no han permitido la correcta investigación y persecución de los delitos, pues los argumentos jurídicos que utilizan en la facticidad procesal los fiscales federales no son los acertados para lograr la judicialización de las investigaciones y mucho menos la obtención de sentencias condenatorias, tal y como ha sucedido en diversos casos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada en México.

Ante tales aseveraciones, podemos indicar que los fenómenos delictivos que más afectan el desarrollo del país y cuyas investigaciones deficientes no permiten la legitimación de una fiscalía eficiente en México, causando corrupción e impunidad, son la delincuencia organizada y el lavado de dinero, tipos penales estos que deben ser tratados como prioridad de toda la investigación generada por la Fiscalía General de la República. No obstante, lo anterior no implica que determinados delitos federales y locales, de acuerdo a su facultad de atracción, no deban ser atendidos con la misma profesionalización, buscando siempre la reparación del daño para las víctimas.

*Doctora en Derecho por la UNAM
padilla_liz_2@hotmail.com