BUFADORA

Las mujeres dentro y fuera de la política en México ya aluden al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que al momento de las designaciones en los organigramas de los tres órdenes de gobierno se acaten los principios de paridad de género, esto es, que el 50 por ciento de los nombramientos, incluidos los del primer nivel, correspondan a mujeres.

Y enarbolando la bandera “¡nunca más sin nosotras!”, aquí en Baja California la diputada local por Morena y representante de la zona sur de Ensenada, Miriam Cano Núñez, en sesión de pleno del Congreso del Estado, planteó que la entrante administración que encabeza Jaime Bonilla Valdez, “(…) tome en consideración la reciente reforma al artículo 41 Constitucional, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, al igual que en la integración de los organismos autónomos”.

A través de un comunicado, la legisladora señaló que “(…) El proceso de lucha por el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las mujeres en México se remonta a principios del siglo XX, siendo un proceso largo, lleno de resistencia masculina”.

Recordó que los grupos militares y políticos que resultaron victoriosos en la revolución mexicana, y que impulsaron la redacción de la Constitución de 1917, durante décadas lucharon para que este derecho fuera desechado y obstaculizado con declaraciones falaces, machistas y discriminatorias, sin embargo, se consiguió legalmente en 1953, gracias a las luchas de mujeres feministas y subversivas, hasta que, en 1955, las mexicanas votaron por primera vez en una elección federal”.

Cano Núñez apuntó también que “(…) Al hacer un análisis histórico sobre la participación política de las mujeres en Baja California, pareciera que se ha logrado formalmente en el Estado. Sin embargo, el resultado de un proceso derivado de las luchas feministas con las primeras cuotas de género hasta la paridad, dista todavía de una igualdad sustantiva, y lo vivimos en el proceso electoral local pasado, en donde las resistencias que implican el mandato de masculinidad colectivo y personal, a reconocer acciones afirmativas que aseguraran la participación de las mujeres en las candidaturas, se dejó ver, resistiéndose para que en este Congreso hoy contemos con una paridad sustantiva, por lo que es por más notorio la resistencia que sigue presente, no solo en la sociedad, sino en las propias instituciones, donde la lucha por el poder atropella los derechos ganados por las mujeres para las mujeres”.

La otra postura
Descalificar los criterios jurídicos de paridad de género o de inclusión no sólo se califican ahora como expresiones políticamente incorrectas, sino misóginas, homofóbicas y racistas y quien se atreve a manifestarlas paga muy duro las consecuencias, y más si forma parte de la clase política; pero sería conveniente que nuestros representantes populares -mujeres y hombres- le preguntaran al ciudadano (a) que no forma parte del privilegiado círculo rojo, su opinión sobre si el sexo determina la capacidad y honestidad de un servidor público, porque así como existen los Romero Deschamps, Duarte y los involucrados en la llamada “estafa maestra”, también hay las Elba Esther, Robles y Sahagún, lo que confirma que el género tampoco es garantía de que vayamos a tener gobiernos menos corruptos e ineficientes.

Lo ideal es que la persona que ocupe un cargo público, sea hombre o mujer, cumpla con el perfil y la descripción que establece ese puesto, porque ya entrados en el tema de la inclusión, dentro de poco los integrantes de la comunidad LGBT también reclamarán posiciones en el gobierno, así como los grupos indígenas, de jóvenes y las personas de la tercera edad, porque forman parte de la sociedad y justificarían sus exigencias con el postulado de la pluralidad y diversidad.

“Trágame tierra”
El que ya no sabe si reír, llorar o dónde meter la cabeza, es el comprador de dos de las casas ligadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fueron subastadas ayer por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), porque desconocía que pertenecían al capo.

Según lo que señaló el nuevo dueño de ambas viviendas que están ubicadas en Culiacán, Sinaloa, se identificó como Ernesto Olvera, un hombre jubilado originario de Querétaro.

A este mosco le surge una pequeña duda, ¿qué persona jubilada puede adquirir dos viviendas por poco más de 2 millones de pesos? Para empezar ya suena sospechoso y más cuando le preguntaron qué haría con ellas, dijo que no sabía si quedarse con una y la otra dársela a su hermano o primero pagarlas y después venderlas. Algo no suena bien aquí.