BUFADORA

El secretario general de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, anunció que presentará ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra funcionarios de la pasada administración estatal en el área de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La solicitud será por incumplir con un ordenamiento constitucional relacionado con la protección y atención a víctimas de Baja California.

A través de un comunicado, se informó que Rodríguez Lozano está “sorprendido” de la inexistencia formal del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Baja California.

“Que por instrucción del Gobierno Federal, desde junio de 2018, debería atender a personas en situación de víctima en el Estado y la realidad es que no existe y lo peor es que están incumpliendo con las víctimas”, afirma el documento.

Rodríguez Lozano dijo haber girado instrucciones para que, de manera oficial, se notifique y pregunte tanto en la Oficialía Mayor como en la Secretaría de Finanzas todo lo relacionado a la atención de víctimas.

“Debió haberse pasado a la Secretaría General de Gobierno para crear la Comisión Ejecutiva con todos los recursos materiales y financieros para trabajar en este tema tan sensible para la sociedad bajacaliforniana”, apuntó el funcionario estatal.

En una reunión de trabajo sobre este tema participaron Fernando Ocegueda, Director Operativo de esta Comisión, que nunca terminó de integrarse, y personal del programa de atención a víctimas.

Además se estableció que al frente del Centro de Atención Integral de la CEAV está la hija de la ex procuradora, Perla del Socorro Ibarra Leyva, sin que se le haya identificado por su nombre.

“Siempre se supo de su poder (de Ibarra Leyva) y su cercanía con el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, lo cual constituye un abuso legal, constitucional y político”.

Deudas de municipios
El gobierno federal y Morena propondrán un programa de reducción y regularización de adeudos de los municipios con dependencias como la CFE, el SAT, el ISSSTE e IMSS.

El objetivo del plan, que la Secretaría de Hacienda llevaría a cabo a partir del 2020, busca atender la exigencia de más recursos por parte de los alcaldes.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados alista la propuesta de saneamiento de deudas, pero también demandará a los municipios racionalizar sus gastos y recaudar más.

“El principal problema estructural que se identifica en la mayoría de los municipios del país es la presión financiera que representan los adeudos con dependencias e instituciones federales por 16 mil 593 millones de esos”, señala la propuesta.

Sobre el apoyo para cubrir adeudos con la CFE, se busca implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas incobrables por consumo de energía eléctrica de estados y municipios.

Las reglas de operación prevén un condonación del 50 por ciento de la deuda y que el resto sea cubierto en parcialidades.

En el caso del ISSSTE se plantea suscribir convenios con los gobiernos locales para la regularización de los adeudos por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos será de 15 años.

En cuanto al IMSS su perfila la posibilidad de suscribir convenios de pago en parcialidades con un plazo máximo de 6 años.

El dictamen plantea que los beneficios sean concursables.

Energía limpia
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a entregar la información sobre los Certificados de Energía Limpia (CEL) emitidos de 2018 a 2019.

Un particular solicitó la información desglosada por titular, año, entidad federativa y monto de producción; sin embargo, la CRE la entregó incompleta argumentando que la relación de titulares de los CEL es secreto comercial y es información confidencial.

Argumentó que la asociación del nombre del titular con la cantidad de certificados otorgados podría generar una desventaja en las actividades económicas que realizan frente a sus competidores, propiciando un desequilibrio del mercado ante una posible alza de los títulos.

No obstante, el INAI consideró que la entrega del nombre del titular del certificado por sí solo no da cuenta del número de certificados concedidos a cada titular, toda vez que la lista entregada en respuesta contiene datos globales sin vincular con la persona a quien se le otorgó.

En el análisis del caso, la comisionada Josefina Román explicó que, además de lo anterior, se verificó que la CRE ya publicó información como la solicitada de las centrales eléctricas, por lo que no constituye un secreto comercial que afecte su desempeño operativo.

“Consideramos relevante el tema, pues destaca el derecho a la información como un mecanismo de control institucional y la transparencia en el actuar de la administración, necesaria para la rendición de cuentas”, indicó la comisionada.