BUFADORA

Este lunes 4 de noviembre será un día muy complicado para los militantes y simpatizantes del PAN que laboran en las distintas dependencias del gobierno estatal, porque si bien un número importante de ellos ya están sindicalizados, hay otro tanto que forman parte del personal de confianza o que son de contrato, casi todos con muchos años dentro de la nómina. Así que no les será fácil decir adiós a catorcenas seguras, atractivas compensaciones y jugosos aguinaldos, pero lo más complicado es retornar y sobrevivir en el mundo real, donde habitan el resto de los bajacalifornianos.

La intención de la administración entrante es reducir en un 30 por ciento el gasto corriente, y por tal motivo el Congreso del Estado abrogará la añeja Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, para sustituirla por un nuevo ordenamiento que además compacta dependencias y elimina privilegios a los funcionarios públicos.

La nueva Ley que se propone consta de 57 artículos y se basa en los principios de “austeridad, eficiencia, legalidad, transparencia, honorabilidad, simplificación, cercanía, e inclusión ciudadana”.

De entrada se pretende reducir el tamaño del gobierno y sólo se mantendrán las áreas con responsabilidades sustantivas, por lo que se eliminarán puestos de secretarios particulares, privados y de directores adjuntos.

También “(…) se eliminarán las áreas de comunicación de las secretarías y dependencias descentralizadas y desconcentradas, se centralizarán las funciones de comunicación social, así como la contratación y pago de los servicios asociados, se rescindirán de inmediato los contratos del personal ingresado de forma irregular; de aquellos que no cuenten con el perfil profesional y la experiencia necesaria para desempeñar las funciones requeridas por el cargo que ocupan y de aquellos que cobran un salario sin acudir a su sede de trabajo, sin cumplir con el horario mínimo establecido y sin atender las responsabilidades asociadas a su puesto”.

Lo anterior implica pasar de 16 secretarías dentro del gabinete legal para quedar en 13 secretarías estatales. Por tal motivo se fusionarán las secretarías de Economía y Turismo, así como las funciones de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Protección del Ambiente, para crear la nueva Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, para disminuir la cantidad de secretarías y subsecretarias existentes.

Se crea la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, con el propósito de dar atención a los grupos en estado de vulnerabilidad y propiciar la equidad de la mujer y la inclusión de grupos, hasta hoy abandonados por el estado.

Las atribuciones para construir infraestructura pública, antes dispersas, se reúnen en una sola Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.

Sólo las secretarías que lo ameriten tendrán delegaciones en los municipios del estado, como son el caso de la Secretaría de Educación; la Secretaría de Integración y Bienestar Social; y la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.

La Secretaría de Planeación y Finanzas se transforma en la nueva Secretaría de Hacienda, dependencia que pondrá en orden las finanzas públicas; tendrá además las facultades de planeación y programación del gasto y tendrá la atribución de establecer y conducir la política general de contrataciones públicas, entre otras novedades administrativas.

Contadores preocupados
La reforma fiscal 2020 fue aprobada por los diputados y senadores con mínimas modificaciones, lo cual implicará una mayor carga administrativa para los asesores y contribuyentes.

Así lo señaló Francisco Gárate Estrada, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), luego de que la Cámara de Diputados y El Senado aprobara en día pasados la propuesta de reforma fiscal, propuesta por la Secretaría de Hacienda, para el año 2020.

“Tuvimos una participación muy activa en la Cámara de Diputados, nuestro colegio fue uno de los tres que estuvo participando en los diálogos con Diputados junto con el de México y Guadalajara. Lamentablemente la iniciativa pasó casi al 100%, solo con algunos ajustes”, indicó.

El dirigente comentó que la preocupación principal de los contadores y asesores, es la parte de los esquemas reportables, cuya revisión de la información queda a criterio y discreción de la autoridad.

Destacó el presidente del CCPBC que aunque hay un periodo de adecuación e implementación de la disposición, pues quedó aprobado que en 2021 es cuando entrarán en vigor lo de entregar reportes de todas las estrategias de los contribuyentes, se insistirá con los diputados federales de Baja California para que haya modificaciones a dicha disposición antes de su entrada en vigor.